Presiona el kirchnerismo a la jueza que investiga a los dirigentes camioneros presos de San Nicolás
El diputado Leopoldo Moreau, en nombre de la comisión de fiscalización de organismos de inteligencia, pidió copia del expediente y los legajos reservados del caso por los bloqueos de Moyano
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El diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, le reclamó a la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui, que ordenó la prisión preventiva de dos dirigentes camioneros del gremio de Hugo Moyano por extorsionar empresarios, que le envíe copia de la causa judicial y los anexos reservados. El legislador dijo que iniciaron una “investigación parlamentaria” para determinar si se violó la ley de inteligencia, como denunció el sindicato el lunes pasado al exhibir chats y escuchas telefónicas.
En el oficio que firma Moreau y que envió a la jueza, le pide “se sirva remitir” copia certificada de la causa “especialmente del legajo fiscal (actuaciones complementarias) que tendrá caracter reservado”.
”Tal solicitud se enmarca en un sumario de investigación parlamentaria, que se instruye en el ámbito de esta comisión y que busca determinar si existieron responsabilidades político institucionales en presuntas violaciones a la ley nacional de inteligencia”, dice la nota del diputado, con una dirección de e-mail para que le envíen los documentos.
El oficio, que circuló entre jueces y fiscales bonaerenses indignados y llegó a manos de LA NACION, provocó asombro entre los magistrados dado que la comisión parlamentaria no tiene facultades de fiscalización del contenido de las causas en trámite, sino de los organismos de inteligencia. Por eso lo interpretaron como un “apriete” a la jueza, luego de que decidió avanzar sobre los dos dirigentes camioneros, respaldados por Hugo Moyano, que denunció que son víctimas del lawfare.
Dos aliados de Moyano
El oficio fue enviado ayer cuando hace dos días se agravó la situación de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los dos sindicalistas camioneros detenidos por haber bloqueado una distribuidora de alimentos en San Pedro, es que la fiscal María del Valle Viviani presentó al juzgado un pedido de prisión preventiva sobre ambos acusados, que debe decidir la jueza María Eugenia Maiztegui, a la que Moreau le pidó los informes,
La fiscal del Valle Viviani, a quien pertenece el legajo reservado que pide Moreau, considera que los detenidos podrían entorpecer la investigación y que los allanamientos que se realizaron la semana pasada en la sede central del Sindicato de Camioneros, en el barrio de Constitución, agravaron la situación de los dos gremialistas nicoleños (uno de ellos, Cabaleyro, es también concejal del Frente de Todos).
La acusación se amplió de “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción” a “extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico”. Cabaleyro y Espíndola están detenidos en la DDI de San Nicolás desde el 8 de abril.
En paralelo, Hugo y Pablo Moyano denunciaron desde la sede gremial de San José 1781 que existieron operaciones de lawfare en contra de los dirigentes detenidos. Expuso la estrategia legal Javier Moral, uno de los abogados del sindicato. El abogado presentó como argumento de operaciones en contra del sindicato una serie de escuchas telefónicas y chats que involucran a Javier Rey, uno de los dueños de la empresa.
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