Presentaron una denuncia por posible cohecho contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tras las sospechas por los acarreos que lanzó Jorge Macri
Un abogado se presentó en Comodoro Py y solicitó investigar los dichos del actual jefe de gobierno porteño sobre presuntos procesos licitatorios irregulares; el caso le tocó a la jueza María Eugenia Capuchetti fiscalía 12 mangano maria
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![Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, en La Biela](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/jorge-macri-y-horacio-rodriguez-larreta-en-la-AFOPQZQBBJDAFLAWK3UMMIU5LE.jpeg?auth=805ad50011aafa75ca53cc44a61ea75c7b23a62cf92cd614b90bbda35e046d59&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
Luego de las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, respecto a presuntas irregularidades durante la gestión anterior con el acarreo de autos, un abogado se presentó en la Justicia y realizó una denuncia penal para que se investigue si se cometieron los delitos de “cohecho” -activo o pasivo- y/o “defraudación al Estado” bajo el mandato de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, que fue nombrada en mayo de 2019 por Mauricio Macri. Interviene la fiscal Alejandra Mángano, de la fiscalía 12.
Jorge Monastersky, el letrado que hizo la presentación en los tribunales de Comodoro Py, sostuvo que formulaba una “denuncia penal por averiguación de ilícito”, en relación con la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, después de que “el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios”.
“Todo hace presumir –afirma Monastersky en su denuncia– que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al Estado.”
En una entrevista con LN+, Jorge Macri apuntó contra la anterior gestión en relación con un proceso licitatorio para las empresas que realizan los acarreos de autos en la ciudad.
“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, señaló Macri. “No sé si hubo mano negra -continuó-. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Tras ello, el periodista Paulino Rodríguez le preguntó si la administración porteña anterior había hecho “algo impropio”, a lo que Macri respondió afirmativamente: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia”.
Los dichos de Jorge Macri en LN+ reavivaron la interna que protagonizan los suyos contra el sector de Rodríguez Larreta. En las filas del exjefe de gobierno señalan que tanto Jorge Macri como sus equipos formaron parte del empalme administrativo ideado para llevar adelante una transición ordenada entre gestiones, de tal modo que el actual jefe de Gobierno no podía desconocer la firma que esta semana puso bajo sospecha.
La licitación que quedó bajo la lupa de propio Gobierno porteño se firmó el 6 de abril y fue en favor de las empresas Ashira-Ecoba, SAEM-Tránsito Rosario y Transporte 9 de Julio. El pliego, sin embargo, fue oficializado cinco días después, cuando la gestión de Rodríguez Larreta había concluido.
![Alejandra Mángano, fiscal de la causa](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/alejandra-FDUKIU6ZARH7DD6HR37LWR25I4.jpg?auth=1493dfaab818180d67d624aae325bc41ec87487a89ccdd8cc18db48c68763349&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
Monastersky, el denunciante, es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales egresado de la Universidad del Museo Social Argentino, según figura en su página web. En las últimas horas, el abogado realizó un posteo en su cuenta de X con el que advertía ciertas irregularidades en un operativo policial en la provincia de Córdoba y, luego de incluir tanto al gobernador Martín Llaryora como a distintos medios nacionales en su comunicado, puso su estudio jurídico a disposición para “elaborar políticas de prevención”.
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