Presentan un proyecto para que la ciudad de Buenos Aires les cobre por la educación y la salud a las provincias
Los legisladores porteños Roberto García Moritán y Marina Kienast, del bloque Republicanos Unidos, firmaron el proyecto; las otras jurisdicciones deberían abonar por los servicios prestados a sus ciudadanos en la Capital
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LA NACION
Los legisladores de Republicanos Unidos Roberto García Moritán y Marina Kienast firmaron un proyecto para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cobre por los servicios de salud y de educación que les presta a personas que no tienen domicilio en la Capital. Este universo es extenso, si se tiene en cuenta el elevado flujo de personas que recibe el territorio porteño cada día. De acuerdo a lo que plantea la iniciativa -que dijeron haber creado para “limitar a los gobernadores incompetentes”- serían las administraciones de la provincias las que afrontarían esos costos.
Bajo el nombre de “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”, el proyecto ya ingresado en la Legislatura plantea en su primer artículo la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional, para que actúe entre la Ciudad y las provincias, y que abarque a los sistemas de salud y de educación públicos.
En la Legislatura porteña, fuentes del Pro tomaron distancia de la propuesta. “Esta es una iniciativa del espacio Republicanos Unidos que Juntos por el Cambio no discutió internamente. No hay intención de impulsarla”, dijeron.
Voceros de García Moritán precisaron a LA NACION que el proyecto era de la legisladora Kienast (de Republicanos Unidos, como él) y que García Moritán lo había acompañado con su firma.
La iniciativa prevé que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.
La iniciativa también determina la forma en que se notificarían esas deudas a cada jurisdicción. “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”, aclara el texto propulsado por los legisladores que integran Juntos por el Cambio.
En el tercer apartado, el proyecto especifica cómo deberá ser esa compensación para el caso de la educación. Allí consigna que los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web, con la que la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.
“Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”, indica la iniciativa.
Por último, el proyecto faculta al jefe de Gobierno, en este caso a Horacio Rodríguez Larreta, o a quien él designe, a suscribir los acuerdos de reciprocidad con las distintas ciudades o provincias argentinas, para así acordar las condiciones para la atención sanitaria y educativa de los no residentes.
La palabra de García Moritán
“Cada provincia tiene un presupuesto destinado a la educación y la salud de sus habitantes. La Ciudad no puede seguir costeando la incapacidad de gobernadores como Axel Kicillof”, justificó García Moritán en su cuenta de Twitter.
“El proyecto que presentamos con Marina Kienast de ninguna manera limita el acceso de los argentinos a la salud o educación de la Ciudad. Lo que proponemos es limitar a los gobernadores incompetentes que se financian con los recursos de los porteños”, aseguró.
El proyecto
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