"Nodio": preocupación en la oposición por una iniciativa del Gobierno para monitorear la información

El lanzamiento de un observatorio estatal para monitorear y "desarticular" presuntas noticias falsas puso en alerta a la oposición, que advirtió por el impacto sobre la libertad de prensa y de opinión de la ciudadanía en medios y redes.

Bajo la órbita de la Defensoría del Público, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) tendrá la tarea de "proteger" a las personas mediante la "detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión".

La defensora del Público, Miriam Lewin, afirmó que el observatorio surge como respuesta a los reclamos de las audiencias por la proliferación de "mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios".

Y sostuvo: "En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física".

En un contexto en el que la rápida viralización de noticias falsas forma parte del debate político en todo el mundo, la Defensoría del Público –que alertó en varias ocasiones sobre desinformación durante la pandemia de coronavirus– dijo que asume "el compromiso democrático de generar insumos y entornos de intercambio que permitan reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad".

Participaron de la presentación del observatorio algunas figuras que hace 11 años apoyaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la Defensoría estas personas no forman parte del observatorio, sino que solo integraron una mesa de debate. Se trata de la exdecana de la facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y actual diputada, Florencia Saintout (Frente de Todos - Buenos Aires); la escritora María Seoane; la analista de medios Adriana Amado; el profesor de derecho a la información de la UBA Damián Loreti; y el psicoanalista Jorge Alemán.

El anuncio encendió las alarmas en dirigentes de la oposición, que expresaron su rechazo y sostuvieron que se trata de una iniciativa "inconstitucional". La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también sumó su rechazo.

Esa es la postura de la expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici. "Es peligroso para la libertad de prensa y expresión que el Estado asuma el rol de verificador de las noticias", dijo este domingo a LA NACION. Y definió al organismo como un "primer paso" hacia la creación de un "Ministerio de la Verdad".

Según Giudici no es clara la justificación por la cual se creó Nodio. "Si el observatorio tiene que ver con el ataque a las minorías o con los discursos de odio, para eso el Estado tiene una ley antidiscriminación y un organismo, el Inadi, que comprende la tutela de todos esos derechos", señaló. Y agregó: "Si lo ponen en el ámbito de la Defensoría del Público genera una paradoja: la Defensoría es la que tiene que garantizar la pluralidad de voces y la libertad de todas las opiniones que lleguen a las audiencias. Intentar restringir o calificar las opiniones para decidir cuál es verdadera o falsa está por encima de sus atribuciones y es contradictorio".

El diputado nacional Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio-CABA), fue uno de los más duros, al publicar una foto de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda en la Alemania Nazi.

El diputado nacional Cristian Ritondo (Juntos por el Cambio-Buenos Aires), por su parte, comparó a Nodio con el cepo aplicado sobre el dólar. "Este Gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla", dijo.

Para ADEPA, en tanto, "monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión". "Como ha señalado ADEPA respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover", señaló el organismo Y agregó: "La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello".

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