Preocupación en el Gobierno por la magnitud de la protesta
En la Casa Rosada admitieron que no esperaban una manifestación tan masiva con un reclamo unánime por la Justicia; ayer hubo silencio oficial, pero continuaron las acciones para minimizarla
LA NACIONMariano Obarrio
En la Casa Rosada se respiró ayer un clima de preocupación por la masiva manifestación en contra del Gobierno que se hizo en todo el país. Habían estimado una participación menor y no preveían que el reclamo por justicia y en contra de la corrupción estuviera tan instalado.
Los funcionarios no tenían ayer "bajada de línea" sobre cómo articular la respuesta pública sobre la protesta porque Cristina Kirchner no los había instruido desde Venezuela sobre cómo reaccionar tras el masivo cacerolazo del día anterior. Algunos admitían que el 18-A resultó más multitudinario de lo que esperaban . Sin embargo, descontaban que la Presidenta "redoblará la apuesta y radicalizará" el rumbo económico e institucional del modelo.
Según pudo saber LA NACION, el carácter pacífico de la marcha le quitó argumentos al Gobierno para construir un discurso de ataque frontal a los manifestantes, como ocurrió en las anteriores del 13-S y el 8-N de 2012, cuando hubo un clima de mayor tensión.
Los funcionarios consultados se mostraron preocupados, confundidos y aturdidos. Temen que la protesta revele un proceso de "fin de ciclo", que se quiere evitar, aunque no saben cómo. El dato que preservó algo del optimismo en Balcarce 50 era que "la marcha no tuvo un liderazgo claro: hay tres o cuatro líneas de políticos opositores que asistieron". Una oposición dividida, estiman, le facilitaría al Gobierno ganar las elecciones del 27 de octubre próximo.
Si bien Cristina Kirchner no se pronunció sobre la protesta, se supo que sintió el impacto: desde Caracas ordenó que la agencia Télam difundiera que la Policía Federal estimó que antenoche se movilizaron 178.000 personas en todo el país y "un 50% menos" que en las anteriores marchas. Otras estimaciones daban cuenta de más de un millón de personas.
"La «democratización» de la Justicia se acelerará. Y la economía no se modificará. Pero dentro del Gobierno hay quejas por haber encarado esta reforma judicial que a futuro traerá represalias de jueces e irritó a la gente", confió una fuente oficial.
Los funcionarios de primera línea se abstuvieron de opinar. En contraste, el 13 de septiembre y 8 de noviembre últimos, la Presidenta, el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el senador Aníbal Fernández habían descalificado a quienes batieron las cacerolas.
"Están todos sorprendidos. Todos pensaron que iría menos gente de la que marchó. Nadie sabe qué hacer ni qué decir. Cristina está en Venezuela y no bajó línea", confió a LA NACION un funcionario de Balcarce 50. "Creo que había la misma cantidad de gente del último cacerolazo. Igualmente, no puedo evaluarlo, necesito tiempo para separar la paja del trigo", señaló en tanto un secretario de Estado.
La única orden que llegó de Caracas fue para la agencia oficial de noticias Télam: difundió un comunicado de la Policía Federal que indicaba que en la ciudad de Buenos Aires se manifestaron 71 mil personas; en la provincia 45 mil y en el resto del país 62 mil. Total: 178 mil. Y señaló que ello implicaba un descenso del 50% desde la marcha del 8 de noviembre.
Ni el funcionario más optimista creyó esa información. Por lo bajo admitían el impacto del cacerolazo en distritos históricamente controlados por el kirchnerismo como el conurbano bonaerense, Mendoza, Salta, Tucumán y Neuquén. "Hace una semana esta marcha no estaba en el análisis", señaló otra fuente oficial.
Hay pases de factura internos. La "democratización" de la Justicia fue identificada como un factor decisivo para la magnitud de la protesta. Legisladores y funcionarios discrepan de esa reforma y la consideran un error estratégico: posiblemente nunca se llegue a aplicar por inconstitucional y podría generar a futuro represalias de jueces a funcionarios que dejen el poder.
Por otra parte, los forcejeos en el Congreso encendieron las alertas de que los manifestantes pudieran violentar el Palacio Legislativo. "Pudo ser más grave", señalaron funcionarios oficiales.
El alivio de que no hubiera pasado a mayores hizo valorar en Balcarce 50 el carácter pacífico del 18-A.
Y tal vez para no irritar más a los sectores disconformes con el Gobierno, las pocas opiniones kirchneristas buscaron evitar la confrontación directa con los indignados.
La diputada Diana Conti reiteró que "el 18-A es la constatación palmaria de que existe democracia plena en la Argentina".
El legislador bonaerense Fernando "Chino" Navarro señaló que "tuvo menos gente" que el año pasado, pero admitió "que eso no la desvaloriza", y aceptó "la bronca" contra la administración.
El dirigente piquetero Luis D’Elía consideró "más madura" la protesta que las anteriores, pero descartó cualquier cambio de "proyecto".
Y el intelectual Ricardo Forster añadió que "el Gobierno tendrá que aceptar que un sector de la sociedad no lo apoya, pero no transformar políticas". Para la Casa Rosada, la sociedad está dividida en un 50 y 50%.
"La marcha fue muy grande. Muestra una realidad y hay que saber interpretarla. Muchos jóvenes", señaló un operador histórico del cristinismo. Pero aclaró que no habrá cambios de rumbos político y económico. El modelo no se toca.
Como prueba de ello, en el Congreso ayer aseguraban que el plan para transformar en ley todo el paquete de la reforma judicial sigue adelante, pese a que el Palacio Legislativo fue el jueves un inesperado centro de la protesta.
El miércoles será un día clave, ya que en la Cámara de Diputados se aprobarían las tres leyes más controvertidas: la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas cámaras de casación y la restricción a las medidas cautelares. En el Senado, en tanto, sancionarían los otros tres proyectos de "democratización" de la Justicia.
Por Mariano Obarrio
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