“Preocupación” de las entidades por los ataques de Milei al periodismo y rechazo a los límites al acceso a la información pública

Asociaciones periodísticas expresaron su “preocupación” por los ataques a la prensa protagonizados por el presidente Javier Milei y otros dirigentes del oficialismo. Fue en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde se debaten proyectos de la oposición para repudiar “los actos de restricción a la libertad de expresión”. Las organizaciones invitadas también repudiaron la reciente limitación al acceso a la información pública, cuyo decreto de modificación pretenden derogar, a excepción de los libertarios, todos los bloques políticos.

“El monitoreo de libertad de expresión tiene 108 casos de ataques a periodistas con diferentes perfiles. El 29% de estas agresiones fueron protagonizadas por el Presidente y el 11% por fuerzas de seguridad, en general en coberturas. Ese discurso estigmatizante, que habla de ‘ensobrados’ y ‘mentirosos’, tiene que ver con quién lo dice, que es el Presidente de la Nación, que es la representación institucional del país. La insistencia y recurrencia en su discurso y modos, activando situaciones con hostigamiento hacia colegas, nos preocupa especialmente”, señaló Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Moreno se refirió a las agresiones en redes sociales y consideró que el discurso “cada vez más violento” así como el “hostigamiento” logra un clima de “exaltación absoluta” que deriva en que los periodistas “no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y caigan en la autocensura”. Y advirtió: “Vemos que el discurso estigmatizante escala y se valida. Es muy difícil predecir cuando eso se mantiene en las redes y cuando escala a la calle”.

Tras afirmar que “sería interesante tratar de dialogar más que gritar”, la presidenta de Fopea puso el foco en la última medida del Poder Ejecutivo en relación con el acceso a la información pública, a la que consideró “preocupante”.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la organización, Claudio Jacquelin, prosecretario y columnista de LA NACION. “El ejercicio periodístico no puede estar sometido a la acusación y estigmatización sin fundamentar. Que desde lo más alto del poder político reproduzcan cuentas anónimas o fakes con acusaciones y descalificaciones a periodistas encuentra problemas que atentan contra la ciudadanía y contra la calidad democrática”, estimó.

A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), Fernando Ramírez, catalogó a la libertad de expresión como el “pilar de la democracia” y destacó su “preocupación” ante “los ataques y agravios a los periodistas”. “No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanentemente blanco a los periodistas. Una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra es la agresión injustificada, que se sucede a una lluvia de ataques de fanáticos en las redes sociales que poco tiene que ver con el valor de la democracia”, apuntó.

Ramírez también puso el foco en la falta de conferencias de prensa por parte de Milei así como de otros de sus funcionarios. “Han pasado casi nueve meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Es muy limitado el acceso del periodismo al presidente”, precisó, a la vez que consideró: “Las conferencias de prensa no deben ser una potestad de un funcionario, sino un deber y una obligación y un derecho para los periodistas de la Casa Rosada. A algunos ministros que no se les conoce la voz”.

Respecto de la definición del Gobierno de eliminar la pauta oficial, Ramírez indicó que “los más perjudicados son los pequeños medios del país”. Y aclaró: “Hay que decir que hay pauta oficial, no está suspendida, hay que ver quiénes la reciben”.

La voz libertaria que se alzó para defender la postura del Presidente fue la del diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Sobre las personas que operan en redes sociales, consideró “fascista” determinar “quién es periodista o quién no es periodista”.

Sobre las críticas a Milei por atacar a periodistas, indicó que “el Presidente también tiene derecho a defenderse, igual un periodista”. Y sumó: “La diferencia con Milei es que él no le echa el aparato de la fuerza”. Se preguntó, además, “cuál es el límite de la crítica”, y estimó que, de trascender ciertos límites, se debe ir a la Justicia, pero “no hay que cercenar la libertad de expresión”. “La libertad de expresión no es para hablar del clima, es para hablar de cosas controversiales, pero si se pasan de la raya, como muchos periodistas con Milei, vas a tribunales”, indicó.

Además, cuestionó a los invitados por tener “el foco puesto en lo nacional”. Explicó: “Hay feudos fenomenales de persecución a periodistas en el interior. En el kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milei se está sacando de encima, y se está sacando de encima al Estado. Tenías a la AFIP, los servicios de inteligencia y la pauta, que fija la línea editorial. Ni hablar de Nodio, que sería bueno que algunos periodistas vengan acá a contar cómo el Nodio les decía como tenían que cotar las cosas a un medio de comunicación, como Inadi y otras policías del pensamiento”.

Moreno argumentó que el problema “no es la crítica, el problema es el insulto”. “El agravio y el insulto, y más del Presidente de la Nación, afecta institucionalmente”, dictaminó. Señaló que Fopea ha tenido llamados de organizaciones internacionales y embajadas frente a estos ataques. “No somos cuatro locos dentro del país que estamos preocupados por el tema. Nos imputan delitos al hablar de ‘ensobrados’, ¿Con qué pruebas?”, destacó.

Límites al acceso a la información

Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Tras las lluvia de críticas de la oposición y las asociaciones de prensa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que el Gobierno podría retroceder en los últimos cambios realizados. De hecho, la diputada radical, Karina Banfi, tiene previsto reunirse esta tarde con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, una alfil de Santiago Caputo, el asesor presidencial, para revisar las modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Banfi fue una de las primeras en cuestionar los límites impuestos y hasta presentó un proyecto para derogar el decreto 780/2024 a través del que se materializan las reformas en el reglamento de dicha ley.

A este pedido se sumaron otros espacios políticos. Incluso el Pro, que funcionó en estos nueve meses de gobierno como un aliado circunstancial de los libertarios en el Congreso. A través de un duro comunicado, los diputados macristas anunciaron su rechazo “categórico” al decreto 780. Es que la ley 27.275, sobre Acceso a la Información Pública, fue impulsada y sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”, sentenció el bloque Pro. Y concluyó: “Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”.

La izquierda, la Coalición Cívica, el kirchnerismo también presentaron proyectos para derogar el decreto 780. La oposición también se manifestó en contra de la idea de Javier Milei de incluir a los periodistas entre las consideradas “personas expuestas políticamente” (PEP). El Poder Ejecutivo no envió la iniciativa al Congreso y ayer, durante su informe en el recinto, Francos aclaró que no está previsto impulsar este proyecto.

El Presidente esbozó la propuesta durante una entrevista en LN+. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad”, desafió. A continuación, argumentó: “Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata”.

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