Preocupa a la oposición la posible intervención al Grupo Clarín

Entre la sorpresa y la indignación, la oposición al Gobierno salió ayer a rechazar en duros términos la eventual intervención al Grupo Clarín que la Casa Rosada estaría analizando llevar adelante en las próximas horas a través de la Comisión Nacional de Valores.

Dirigentes de las más diversas agrupaciones políticas calificaron de "disparate" la eventual iniciativa oficial contra el multimedios, y propusieron diversas acciones conjuntas "en defensa de la libertad de prensa que intenta pisotear el kirchnerismo".

"Esto muestra la falta de límites del Gobierno en pos de conseguir sus objetivos: privar a la ciudadanía del derecho a ser informado. Es un eslabón más en las cadenas que el kirchnerismo nos quiere poner a todos: dejarnos sin justicia ni libertad", afirmó el titular del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta. El presidente de la UCR indicó a LA NACION que "deberemos actuar todos juntos, la oposición, la gente, las organizaciones intermedias, para no dejarnos avasallar".

"La Comisión Nacional de Valores no puede actuar como un organismo represivo que intervenga empresas que a la Presidenta no le gusten", afirmó la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos-Capital), que también advirtió a la CNV que "les corresponde el artículo 248 del Código Penal en caso de dictar intervención a Clarín. Llamaremos también a una movilización popular en defensa de la libertad de expresión", agregó.

"La discrecionalidad y el abuso de poder están penados en el Código Penal y aquellos funcionarios que lo hagan los denunciaremos de manera inmediata. Votamos contra esta ley porque sabíamos que iba a ser utilizada para reprimir a las empresas que no se amoldaran al modelo K", afirmó Bullrich.

Con idéntico tono, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) le envió ayer una carta documento al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, en la que le advirtió que se "abstenga" de resolver la intervención de algún grupo empresario de prensa, porque ello sería "violatorio" de la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.

"Frente a información certera de que ese directorio estaría evaluando proceder a la intervención de grupos empresarios como parte de una estrategia nacional de aniquilar la libertad de expresión, es nuestro deber advertirle que está vedado a cualquier órgano estatal restringir la libertad de imprenta o establecer sobre ella jurisdicción federal", afirmó Carrió en su carta a Vanoli. "Todos los actos que tiendan a interrumpir el orden institucional y el sistema democrático son insanablemente nulos y que sus autores son pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 de la Constitución y considerados como «infames traidores a la patria», podrán ser inhabilitados a perpetuidad a ejercer cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas", escribió.

Desde el Frente Amplio Progresista, que encabeza el socialista Hermes Binner, el diputado Gerardo Milman (GEN-Buenos Aires) expresó: "Ante cualquier medida que se tome contra la libertad de expresión, la política debe reaccionar mancomunada para que este Gobierno retroceda".

También desde la centroderecha surgieron duras críticas. "En el caso de concretarse la intervención al Grupo Clarín, se configuraría un nuevo avasallamiento a la libertad de prensa", afirmó a este diario Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional de Pro.

"Frente a denuncias de corrupción, y funcionarios en tela de juicio, el relato cae precipitadamente y es en ese contexto donde no sorprende que la Presidenta se ocupe en los próximos días de intervenir a su archienemigo, el Grupo Clarín, sin importarle las consecuencias", agregó la diputada macrista Paula Bertol. "La Presidenta dobla apuestas y refuerza el relato, anulando con voracidad al vocero de las noticias sobre enriquecimiento alevosamente ilícito de su entorno."

Para Eduardo Amadeo (Frente Peronista), "se trata de una terrible muestra de debilidad del Gobierno, que está rascando la olla del autoritarismo porque está cada vez más debilitado". Según agregó, "sería la amoralidad absoluta de cerrar un medio independiente porque acusa a la Presidenta de cometer delitos. Si interviniera Clarín por las denuncias de [Jorge] Lanata, el Gobierno estaría aceptando que tiene una caja fuerte llena de euros robados".

"Estamos ante otro grave intento de atropello a la libertad de expresión", afirmó el ex gobernador de Corrientes José Antonio Romero Feris. El ex senador relacionó la eventual iniciativa con el proyecto de ley para expropiar un porcentaje de la empresa Papel Prensa, y dijo que ambas "pretenden acallar las voces de los que piensan distinto y cercenar el derecho de informarse".

La reacción opositora tuvo su correlato en las redes sociales. Durante toda la jornada, #NOalcierredelGrupoClarín fue uno de los temas principales de debate en Twitter, donde centenares de usuarios manifestaron su rechazo a una intervención.

Rechazo y estado de alerta de los trabajadores

Más de 400 empleados del Grupo Clarín se declararon "en estado de alerta" anoche, al cabo de una asamblea general convocada a raíz de las versiones de una posible intervención oficial del grupo. El siguiente es el texto del comunicado emitido por la asamblea:

"Frente a las versiones de intervención al Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores, como una estrategia impulsada por el Gobierno Nacional, los trabajadores de Clarín/AGEA reunidos en una asamblea general de más de 400 personas resolvimos declararnos en estado de alerta y rechazar cualquier posible avance en ese sentido. De manera unánime, nos manifestamos en defensa de todos los puestos y condiciones laborales ante cualquier amenaza interna o externa. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste de una pelea que nos es ajena."

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