Potenciar Trabajo: la provincia de Buenos Aires concentra la mitad de los planes de todo el país

CÓRDOBA.- La provincia de Buenos Aires concentra el 49 por ciento de los planes denominados Potenciar Trabajo, que cobran más de 1.360.000 personas en todo el país y están bajo la lupa tanto del gobierno nacional como de la justicia, que investiga irregularidades en el otorgamiento y en la devolución de prestaciones por parte de los beneficiarios, la mayoría vinculados a organizaciones piqueteras.

Según se desprende del presupuesto 2023 sancionado por el Congreso, el Potenciar Trabajo y programa Prestación Alimentar (antes llamado Tarjeta Alimentar) explican el 87,1 por ciento del gasto del ministerio de Desarrollo Social. En la distribución geográfica, la mayor beneficiaria es la provincia de Axel Kicillof, en segundo lugar queda la ciudad de Buenos Aires con 8,5 por ciento y tercera Tucumán con 5 por ciento.

El dominio de la jurisdicción gobernada por Kicillof se repite en otros programas sociales, como la Tarjeta Alimentar (aunque en menor medida) y en Potenciar Inclusión Joven. Las diez primeras se completan con Salta (3,6%); Chaco (3,6%); Jujuy (3,5%); Misiones (3,4%); Santa Fe (3,4%); Córdoba (3,3%) y Santiago del Estero (2,5%). Cierran la tabla, Santa Cruz (0,5%); La Pampa (0,3%) y Tierra del Fuego (0,2%).

El próximo viernes 25, según ratificó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los beneficiarios de Potenciar Trabajo deberán validar su identidad para seguir cobrando. La decisión se tomó después de las irregularidades de magnitud detectadas en la entrega del plan. Ese trámite se extenderá hasta el 6 de enero. La ministra anunció que sólo se dará de baja el 0,3% de los beneficiarios.

De acuerdo al presupuesto para el 2023, es el Ministerio de Desarrollo Social el que agrupa la mayor cantidad de programas de asistencia destinados de manera directa los sectores más vulnerables; administrará $1.067.776 millones, alrededor del cuatro por ciento del total del gasto previsto para el próximo año.

Con 43,4% de esas partidas, Buenos Aires es la jurisdicción más favorecida; el podio se completa con la Ciudad de Buenos Aires con 10,2% y Tucumán con 4,8%. Después están Córdoba y Santa Fe con 4,3% y 4,1%, respectivamente y Chaco, Salta (3,6% en ambos casos) y Misiones (3,1%). Todo el resto recibe menos del tres por ciento. Los últimos lugares son para Santa Cruz (0,5%), La Pampa (0,4%) y Tierra del Fuego (0,2%).

El reparto cuenta solo las transferencias sin considerar los gastos de funcionamiento como personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso (9,6% del total asignado al Ministerio y que en un 96,6% se ejecutan en CABA). Los datos se desprenden de un trabajo de los economistas Nicolás Quaglia y Diego Rodríguez De Marco al que accedió LA NACION.

Los autores del informe subrayan que para la “asignación del gasto” por provincia “no se aplican criterios de distribución geográfica objetivos”, como podría ser porcentaje poblacional, las necesidades básicas insatisfechas de los hogares, línea de pobreza, “sino que la asignación de beneficios se realiza de manera discrecional”.

Los economistas estimaron, con las cifras del presupuesto, la cantidad de beneficiarios por distrito. Así, con 650.845, la provincia de Buenos Aires encabeza el listado; Caba (113.079); Tucumán (66.060). En Tierra del Fuego, última del ranking, hay solo 2039 beneficiarios de Potenciar Trabajo.

“Este esquema discrecional de asignación de beneficiarios es un mecanismo que ya lleva varios años, y ha transformado una política de asistencia que debería ser transitoria, para épocas de crisis, en una práctica permanente que perpetúa la precariedad como forma de obtener ingresos”, analizan Quaglia y Rodríguez de Marco.

Otros programas

En el caso de la Tarjeta Alimentar, hay presupuestados 2.432.061 beneficiarios. En estas transferencias hay variaciones en el listado. Si bien el liderazgo lo mantiene Buenos Aires con 36% de los $355.282 millones totales, detrás vienen Córdoba (7,1%); Santa Fe (6,4%); Tucumán (4,7%); Mendoza (4,4%); Salta (4,2%); Chaco (4,1%) y Misiones (4%). Con 3,8% sigue el monto que queda asignado a Nación (no es posible clasificarlos por un destino particular).

Las jurisdicciones que menos participación tienen son Neuquén (1%); Chubut (0,9%); La Rioja (0,9%); La pampa (0,6%); Santa Cruz (0,5%) y Tierra del Fuego (0,2%). El reporte incluye también al programa Potenciar Inclusión Joven ($6.943 millones) destinado a quienes tienen entre 18 y 29 años para “la creación y el fortalecimiento de estrategias para la promoción y la inclusión social”; el año próximo alcanzará a 68.072 personas y 57,6% son de Buenos Aires.

En este programa, del total de recursos queda en jurisdicción nacional el 20,7%; si no se considerara esa categoría, Buenos Aires tendría un peso del 73%, seguido por Chaco, con 10%, y Tierra del Fuego, con 6%. Después se ubican Corrientes (2,5%), Tucumán (2,4%), Caba (1,5%), Santiago del Estero (0,8%); La Pampa (0,7%) y Catamarca (0,5%). Todo el resto queda en 0,8%.

Los economistas advierten que la centralidad administrativa del sector público se grafica en el alto gasto operativo que se ejecuta en Caba y Buenos Aires: “Descentralizar parte de la burocracia nacional podría iniciar un proceso de federalización en la toma de decisiones por parte de la Nación. Las nuevas tecnologías permiten trabajar a distancia sin inconvenientes, y explorar la relocalización de áreas”.

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