Potenciar Trabajo: cómo funciona el plan de asistencia social estrella

El informe elaborado por la AFIP sobre una porción del universo de titulares del Plan Potenciar Trabajo causó un gran revuelo político pero no tuvo consecuencias sobre la ejecución del programa. A pesar de que ya hay dos denuncias judiciales orientadas a investigar si 250.000 personas reciben el salario social complementario de manera irregular, es decir, siendo incompatibles con lo que el régimen establece, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y los dirigentes sociales que manejan la distribución de ese ingreso sostienen que la información difundida es falsa y que tiene como objetivo estigmatizar a las clases bajas. De hecho el viernes la ministra ofreció una conferencia de prensa en la que situó las irregularidades en solo el 1% de lo que se había denunciado.

Aunque las precisiones sobre la ejecución del programa no abundan, se pasó de 700.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo en 2020 a casi 1.350.000 en 2022, dijeron a LA NACION fuentes oficiales. Su monto equivale a la mitad del salario mínimo ($29.850).

Un beneficiario no puede pedir por su cuenta directamente al Ministerio de Desarrollo Social la adhesión al Plan Potenciar Trabajo. El ministerio requiere que la persona que busca adherir al plan esté bajo la órbita de una Unidad Ejecutora.

Esa condición la estableció la resolución 121/2020, que creó el programa, y que sostiene: “Los/as titulares de derecho que perciban tal prestación, deberán encontrarse agrupados dentro de una Unidad de Gestión y/o Certificación las cuales estarán conformadas por gobiernos provinciales y/o municipales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades, y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil formalmente constituida, cualquiera sea su denominación social”.

Por esta razón es imposible que un beneficiario acceda directamente, es decir, sin intermediarios, a un programa social. Esto no significa que se pague a través de las unidades de ejecución. El ministerio le paga directamente al beneficiario, pero son las Unidades de Gestión las que deben inscribirlo y certificar las cuatro horas de trabajo diarias que el programa demanda para entregar a cambio el salario social complementario.

“No cualquier individuo puede ir a la puerta del ministerio a pedir un programa social. El Estado te asigna una unidad ejecutora. No podés ir solo porque no te dan bola en el ministerio. Por eso las organizaciones sociales reúnen gente para luego ir a pedirlos”, dijo Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, a LA NACION. Las organizaciones niegan que solicitar los planes sea sencillo y refutan las críticas de un sector duro del kirchnerismo que señala que se les aprueban casi de manera automática las planillas con los CUIL de los beneficiarios.

Hay más de 200 unidades de ejecución en todo el país. Del total de los Potenciar Trabajo que se otorgaron en los últimos tres años, más de la mitad fueron adjudicados a través de organizaciones sociales, según supo LA NACION. La otra parte es ejecutada por intendencias y otras ONGs. Las Unidades de Ejecución deben certificar que la persona titular del Programa realice las horas de trabajo requeridas para cobrar los fondos.

La misma resolución que creó el programa establece las incompatibilidades para percibir ese ingreso. El mecanismo para acceder a un Plan Potenciar Trabajo implica que quien aspira a ser beneficiario debe aportar sus datos a la Unidad de Ejecución que, en la mayoría de los casos, elige por proximidad o, en otros, por afinidad.

El titular de cada Unidad de Ejecución presenta una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social con el CUIL o CUIT de la persona que aspira a conseguir la ayuda social y desde la Secretaría de Economía Social -que conduce Emilio Pérsico (dirigente del Movimiento Evita)- se envía al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTys).

Ese organismo, que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, intercambia la información patrimonial y social de las personas, proveniente de distintos organismos públicos, para saber si la persona que aspira a recibir el programa es compatible con los requisitos o no. La información que cruza el Sintys proviene de la ANSES -para ver si esa persona registra aportes-, de la AFIP, de los gobiernos provinciales y municipales (para detectar si ya percibe algún otro programa social), y de los Registros del Automotor y de la Propiedad Inmueble, entre otros.

Según respondieron a este medio desde la secretaría que conduce Pérsico, el intercambio de información entre el Sintys y el ministerio se repite todos los meses, tanto para dar de alta a una persona como para gestionar las bajas por personas que consiguen empleo o que empiezan a cobrar alguna pensión, o incluso por fallecimiento.

Desmienten que 2800 cuentas de personas fallecidas hayan percibido el ingreso, tal como sostuvo en sus denuncia Marijuan. También niegan que 250.000 personas que perciben el salario complementario paguen Bienes Personales, aunque no precisan cuántas sí están inscriptas en ese régimen. “No tenemos los nombres”, sostienen.

Basándose en la publicación del sitio Infobae, que citó los datos del informe de la AFIP, Marijuan pidió la suspensión del cobro de los planes por parte de quienes hayan comprado dólares, sean titulares de jubilaciones, pensiones u otros ingresos, pertenezcan a la Categoría C del Monotributo, registren un automotor de menos de un año de antigüedad, sean propietarios de más de un inmueble, hayan presentado declaración jurada de Bienes Personales, registren gastos con tarjeta de crédito o débito mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

Belliboni criticó al fiscal Marijuan. “Le gusta denunciar organizaciones sociales desde su sillón. Hace unos meses me denunció a mí y nunca encontraron nada”. A la vez consideró que la difusión de los datos, que desde su punto de vista son falsos, “es una opereta política en la interna del Frente de Todos, que tiene que ver con los problemas de La Cámpora con el Movimiento Evita y del Movimiento Evita con La Cámpora”.

“El informe de la AFIP no es concluyente, no es nominal, es estadístico”, refutaron desde el Ministerio de Desarrollo Social. Dijeron que la difusión de la información y la denuncia efectuada por el fiscal Guillermo Marijuan “son estigmatizantes” y que la AFIP ingresó dentro de una misma categoría a quienes pueden tener un vehículo como una moto o a quienes están dentro del régimen de Bienes Personales.

La información que elaboró la AFIP, conducida por Carlos Castagneto, fue en respuesta al pedido formulado por el exministro Juan Zabaleta cuando inició las auditorías sobre Potenciar Trabajo en agosto pasado. Mediante un decreto firmado a comienzos de este mes el Gobierno suspendió las altas del programa.

“Es lógico que una entrega tan masiva se te vaya de las manos. No hay ningún sistema infalible, pero en la gestión del gobierno anterior se le pedía a cada beneficiario que fuera a la ANSES, que completara un censo, y que lo validara una vez al año. Si hay cruces de datos permanentes hay forma de saber si esa persona está teniendo o no ingresos”, dijo un exfuncionario que participó de las políticas sociales durante el gobierno de Cambiemos.

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