Postergan las indagatorias de Cristóbal López y Fabián De Sousa por no pagar aportes previsionales e impuestos
Los empresarios están acusados de retener de manera indebida los aportes previsionales de sus empleados para con esos fondos financiar su holding
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LA NACION
Una vez más, el juez en lo Penal Económico, Juan Pedro Galván Greenway, postergó las indagatorias de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, acusados de retener de manera indebida los aportes previsionales de sus empleados y del impuesto a las Ganancias de la firma DH ComSA, para con esos fondos financiar su holding.
López y De Sousa debían presentarse a declarar hoy y mañana en tribunales, pero el juez Galván Greenway accedió a postergar sus indagatorias hasta el 19 y 20 de abril próximo, cuando deberán defenderse por lo ocurrido en la empresa controlante de la emisora de FMI Pop Radio 101.5.
Galván Greenway postergó sus indagatorias “de manera excepcional” tras recibir un escrito del abogado de López, Fabián Lértora. El defensor planteó que el Juzgado todavía no había resuelto un pedido de suspensión de la acción penal que había presentado un tercer acusado, Mariano Frutos, en diciembre.
Tanto Frutos, como López y De Sousa buscan evitar las indagatorias, basadas en que DH Com SA se acogió a la moratoria que impulsó el presidente Alberto Fernández y durante los últimos meses procura completar los trámites administrativos y procesales para adherirse a los planes de pago.
La decisión de Galván Greenway se conoció días después de que López y De Sousa recibieron buenas noticias desde los tribunales federales de Comodoro Py, donde el empresario Orlando Terranova fue procesado como parte de la presunta persecución que habría liderado el entonces presidente Mauricio Macri contra el Grupo Indalo.
Para López y De Sousa se trata de una nueva postergación de sus indagatorias, pendientes desde el inicio de la pandemia en 2020. Debían presentarse en diciembre último, días antes de que el Tribunal Oral Federal N° 3 difundiera su veredicto en el “caso Oil Combustibles”.
El TOF 3 absolvió a López y De Sousa, pero consideró culpable al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por una presunta defraudación al Estado.
En el fuero en lo Penal Económico, en tanto, López y De Sousa son acusados de quedarse con impuestos y aportes a la Seguridad Social de los empleados de DH Com desde octubre de 2013 –es decir, durante el kirchnerismo-, y hasta noviembre de 2017, cuando sus empresas vinculadas a la comunicación se encontraban en concurso de acreedores.
En esa línea, López y De Sousa ya se encuentran con sus procesamientos confirmados por la retención indebida de aportes a los empleados de otra empresa del holding de medios de comunicación, Telepiú, controlante de señales como C5N, radio 10 y One, entre otras.
La Cámara de Apelaciones del fuero en lo Penal Económico también confirmó los embargos que afrontan los empresarios y que en su momento dispuso la jueza de primera instancia, María Verónica Straccia, y que llegaron a los 250 millones de pesos.
En septiembre de 2018, sin embargo, Straccia se declaró incompetente para continuar con la instrucción de la causa, que pasó a manos de Galván Greenway, quien impulsó las indagatorias de López y De Sousa por lo ocurrido en DH Com, con una retención indebida de fondos que podría rondar los $ 200 millones.
“Apalancamiento” del holding
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados funcionó, en la práctica, como otra fuente de financiamiento o “apalancamiento” a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
Así, según consideró probado el fiscal del juicio oral en el “caso Oil”, Juan Patricio García Elorrio, la petrolera Oil Combustibles financió con “préstamos intercompany” a otras firmas del Grupo Indalo con los impuestos que retaceó al Estado nacional.
Ahora, en tanto, en la investigación por DH Com –y a diferencia de lo ocurrido en el juicio oral centrado en lo ocurrido con Oil Combustibles- la AFIP continúa como querellante, rol que comparte con el abogado de los perjudicados, Gonzalo Espinosa Paz.
Titular de la señal de FM Pop Radio 101.5, la empresa DH Com contaba con pocos empleados registrados; por un lado, porque su personal solía emitir facturas; por el otro, porque varios de sus empleados trabajan también para otras empresas del holding –en particular, Telepiú-, en el que ya estaban registrados.
Desde el Grupo Indalo replicaron que, en realidad, cuando adquirieron varios medios de comunicación emprendieron un plan para regularizar a los trabajadores, muchos de los cuales desarrollaban sus tareas como monotributistas, y se les reconoció deudas acumuladas de hasta cinco años de antigüedad.
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