Por la tragedia, a TBA le quitan dos ramales
El grupo Cirigliano ya no operará las líneas Sarmiento y Mitre
Noventa y dos días después de la tragedia que dejó 51 muertos , la presidenta Cristina Kirchner decidió quitarle la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), a la que responsabilizó por el deficiente estado del material ferroviario y el deterioro en la prestación del servicio.
Con un decreto, la mandataria puso fin al contrato que el Estado tenía con los hermanos Claudio y Roque Cirigliano, que hasta la tragedia de la estación Once tuvieron un vínculo privilegiado con la Casa Rosada.
A partir de esta medida, el Gobierno solicitó a las empresas Metrovías y Ferrovías que conformen una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para operar el servicio de ambos ramales. Según la norma que se publicará el lunes en el Boletín Oficial, esta nueva concesión será momentánea.
Metrovías, cuyo accionista mayoritario es el grupo Roggio, tiene a su cargo las cinco líneas de subte y el premetro y había recibido la semana pasada una dura advertencia del Gobierno ante la falta de acuerdo en la negociación salarial después del paro de 72 horas que cumplieron los trabajadores del subte. Además, opera el ramal Urquiza. En tanto, Ferrovías tiene a su cargo el servicio del Belgrano Norte.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , hizo el anuncio al mediodía en una conferencia de prensa, junto con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que guardó silencio. El funcionario asumió tras la salida de Juan Pablo Schiavi, dos semanas después de la tragedia.
El decreto sostiene que la intervención en TBA, que en febrero pasado dispuso Cristina Kirchner, a través de Raúl Baridó, detectó "el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante, del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de las condiciones de prestación del servicio". La norma agrega que los "incumplimientos son imputables en forma exclusiva a la concesionaria", es decir, a TBA.
El 22 de febrero pasado, un tren de la línea Sarmiento chocó al llegar a la estación de Once. La tragedia dejó 51 personas muertas y más de 700 heridos. Entonces, el Gobierno tardó en reaccionar. La Presidenta recién habló cinco días después, desde Rosario, donde anunció que no le temblaría la mano para tomar cualquier decisión contra la empresa concesionaria en caso de que los peritajes técnicos la encontraran responsable de la tragedia. Sus palabras llegaron después de una errática conferencia de Schiavi, el mismo día del choque, lo que le valió duras críticas de los familiares de las víctimas.
De Vido anunció ayer que TBA deberá también abandonar la gestión en la línea Roca, Belgrano Sur y San Martín, que son manejadas desde 2004 por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), luego de que el Gobierno le quitó la concesión a Trenes Metropolitanos, de Sergio Taselli. Compartía esa gestión con Metrovías y Ferrovías.
El Gobierno esperó para definir la quita de la concesión a que estuviera terminado el informe del interventor en la compañía. Ese documento fue finalizado el 15 de este mes.
En forma paralela, la decisión llegó una vez que el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación por las responsabilidades penales de la tragedia, terminó los peritajes técnicos sobre los hechos que provocaron el choque. El magistrado ya indagó a 16 altos ejecutivos de TBA y el mes próximo empezará por la parte política: llamará a declarar a los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Schiavi, además del actual subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero.
A pesar de que el magistrado terminó los peritajes técnicos, aún está en plena etapa de investigación con los peritajes contables que determinarán cómo se usaron los subsidios que destinó el Estado al servicio.
"Esta decisión no debe ser mezclada con una causa penal que se está llevando adelante en un poder independiente, que es el Poder Judicial", aclaró De Vido, al responsabilizar a la empresa por la falta de inversiones.
"Los deudos de las víctimas lo que buscan es justicia y nos ponemos a disposición de la Justicia para avanzar en ese sentido, que es independiente de este decreto", agregó el ministro.
Los familiares avalan la decisión
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once dieron su aval a la rescisión del contrato de TBA, aunque con condiciones. "Es un gran paso", coincidieron distintos familiares anoche, aunque afirmaron que la decisión del Gobierno "no cambia el pedido de justicia" que llevan adelante.
En voz alta
- Fernando Solanas
Diputado Proyecto Sur
"Es una burla que hayan pasado tres meses para quitarle la concesión de TBA a los Cirigliano, a quienes se viene señalando como la caja negra de la corrupción desde distintos sectores durante años"
"La Presidenta sigue apresada en el modelo menemista de las concesiones (...) Hay que poner la lupa en el circuito de los subsidios"
- Graciela Ocaña
Diputada UDESO
"Es bueno que el Gobierno, finalmente, haya tomado esta decisión. Pero la revisión del sistema de transporte debe ser integral: trenes, subtes y colectivos"
"De Vido sigue al frente del área y es el responsable del estado calamitoso del transporte. Se necesita una gestión profesionalizada, como pidió la Presidenta para YPF"
- Martin Sabbatella
Diputado Nuevo Encuentro
"La empresa concesionaria abandonó hace mucho tiempo a los usuarios y a los trabajadores, y es responsable del deterioro gravísimo que tienen las líneas Mitre y Sarmiento"
"La quita de la concesión es la mejor decisión para terminar con los incumplimientos de TBA y recuperar el servicio [...] es la Justicia la que debe avanzar y encontrar a los responsables"
- Gustavo Ferrari
Diputado Frente Peronista
"Resulta preocupante para la seguridad de todos los argentinos que el Estado recién reaccione y ejerza sus responsabilidades para garantizarla más de tres meses después de la tragedia"
"La tardía intervención estatal de TBA y la extemporánea rescisión de la concesión nada nuevo suman a la enorme cantidad de facultades y deberes que el Estado ya tenía antes de la tragedia y que no ejerció."
La decisión oficial
- Rescisión. La Presidenta quitó la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre a TBA mediante el decreto 793/2012, anunciado ayer por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Fundamentó la medida en deficiencias en la prestación del servicio.
- Oportunidad. A pesar de los reclamos de la oposición y de familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que reclamaron el inmediato retiro de la concesión. De Vido dijo ayer que "éste es el momento adecuado" para ordenar la medida.
- Castigos. El ministro sostuvo que la empresa TBA, a cargo de la familia Cirigliano, recibió 250 multas por 70.000.000 de pesos a lo largo de su gestión, iniciada en 1995. Y afirmó que dichas sanciones "no fueron aplicadas".
- Las líneas. En las líneas Mitre y Sarmiento viajan diariamente 600.000 personas por día. De Vido culpó de la falta de avances a los años de abandono de la década del 90 y detalló que desde 2004 se volcaron $ 20.000 millones al sector ferroviario.
Una espera de tres meses
- Miércoles 22 de febrero
Tragedia con 51 muertos
El tren 3722 de la línea Sarmiento, de la empresa TBA, embistió el paragolpes del andén N° 2 de la estación de Once y provocó 51 muertos y más de 700 heridos
- Lunes 27 de febrero
Primera reacción de la Presidenta
Cinco días después habló Cristina Kirchner de la tragedia. En Rosario, pidió celeridad a la Justicia y al día siguiente intervino la empresa TBA.
- Lunes 5 de marzo
Prohibido viajar
El juez federal Claudio Bonadio prohibió la salida del país al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, de TBA.
- Miércoles 7 de marzo
Renunció Schiavi
La Presidenta relevó a Schiavi, que había sido internado por una dolencia cardíaca. Lo reemplazó Alejandro Ramos, intendente de Granadero Baigorria.
- Martes 10 de abril
Responsabilidad del Estado
La Cámara Federal anuló la resolución que permitía al Estado presentarse como querellante. Tres semanas después comenzaron las primeras indagatorias.
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