Por el escándalo cripto, Comodoro Py recibió las primeras denuncias penales contra Javier Milei y este lunes se sortea qué juez las investigará
A las 9:30, la Cámara Federal definirá qué juzgado tramitará la causa; para evitar suspicacias lo hará con un bolillero manual, informaron fuentes judiciales
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LA NACION
Este lunes, a las 9:30, la Cámara Federal va a sortear, en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, quién será el juez que investigue al presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. Tan delicado es el asunto que van a desempolvar el bolillero manual, adelantó una fuente del tribunal. En la Cámara quieren evitar cualquier suspicacia y creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.
Según informaron fuentes judiciales, los jueces cuyos números estarán en el bolillero son Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Servini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.
La orden de que se use este método la dio el presidente del tribunal, Mariano Llorens. La denuncia que tienen para sortear la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.
Fue la primera denuncia que llegó, según informaron en la Cámara. Todo indica que este lunes, cuando abran los tribunales, habrá más similares a esta. Por lo pronto, el fin de semana entró a través de una comisaría la denuncia de un hombre llamado Miguel Ángel Heredia por los mismos hechos. La Policía la giró al juzgado que está de turno, a cargo del juez Sebastián Casanello (y con intervención del fiscal Guillermo Marijuan). Pero ellos no se quedarán con la causa. Para evitar el forum shopping (una trampa para elegir al juez), cuando un juzgado recibe una denuncia por estar de turno, la envía a sorteo. Por eso, hoy la Cámara Federal también recibirá este expediente.
“Se sortea la primera denuncia que entró y las demás se acumulan”, explicó una fuente de la Cámara a LA NACION.
La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de “la megaestafa más grande de la historia en este rubro”, que se llevó a cabo “a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.
“Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal”, dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.
En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten “medidas cautelares de protección de prueba”, entre las que enumeraron un “allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)”; y que se “identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas”.
También pidieron que se disponga una “intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados”; un “bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados”; y medidas de “trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa”.
El expediente de la OA
En paralelo, la Oficina Anticorrupción (OA) organismo que depende del Poder Ejecutivo, llevará adelante su propia investigación del tema, según informó oficialmente el Gobierno.
“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, informó la Oficina del Presidente.
Anunció además la creación de una “Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.
El Gobierno dijo que “toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”.
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