Por “cuenta y orden de terceros”: el mecanismo de la OEI que quedó envuelto en la polémica de Capital Humano
El organismo internacional opera en más de 20 países y destina cerca de 6000 millones de pesos a la Argentina; un tipo específico de convenio desafía sus controles de transparencia
LA NACION
En medio del tembladeral político que sacudió la estructura del Ministerio de Capital Humano, una organización internacional quedó envuelta en una polémica por presuntas contrataciones irregulares. Se trata de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Con sede en Madrid, opera en más de 20 países de habla hispana con los cuales traba relación a partir de convenios específicos, siempre sobre los ejes que lleva por nombre.
En algunos de ellos, actúa como un organismo de “crédito”, inyectando dinero para determinados programas. En otros, recibe recursos de los Estados para activar contrataciones, asesorías o licitaciones. La idea que recorre a los convenios es que el organismo pueda ser un complemento que optimice la maquinaria de los Estados en proyectos o problemáticas puntuales.
La polémica se originó en torno al segundo tipo de convenio: la sospecha es que algunos de los contratos efectuados por OEI en el marco de la alianza con Capital Humano son una pantalla y se utilizan para hacer caja política.
A través del exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, Capital Humano fortaleció un convenio que heredó del ex-Ministerio de Desarrollo Social: firmó un desembolso de más de mil millones de pesos para contratar profesionales externos. Es decir, los recursos salieron del Estado para que sea la OEI quien efectúe las contrataciones, digitadas siempre desde el Ministerio.
A fines del año pasado, el organismo fue noticia en la región. El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió revisar todas las contrataciones realizadas a través de la OEI durante el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.
Es un “procedimiento normal”, apuntan en la OEI, donde enfatizan las diferencias ideológicas entre ambos presidentes. “En todos los cambios de gobierno pasa lo mismo, después sigue operando normalmente”, relativizan.
Mecanismos de transparencia
La cabeza de la organización en el país es Luis Scasso, doctor en educación y con pasado en la Unesco. El secretario adjunto de la ONG en la región es Andrés Delich, un radical que fue ministro de Educación en el gobierno de la Alianza. Hacia arriba, el organismo cuenta con una secretaría general, un consejo directivo y una asamblea general, máxima autoridad de la entidad. Un consejo asesor, integrado por referentes e investigadores internacionales, completa un organigrama que, en complemento con las múltiples instancias de revisión internacional, entre las que interviene España y Bruselas, aseguran las fuentes del sector, hace muy difícil el surgimiento de cualquier tipo de irregularidad.
En el país, según un comunicado reciente, la OEI tiene programas en más de 20 provincias, para los cuales destina cerca de 6000 millones de pesos. En estos convenios, es la OEI la que fondea al Estado argentino.
Las fuentes del financiamiento del organismo son múltiples: el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, entre otras. Pero también se fondea a través de la cuota de sus países miembros y del 5% que se carga –en concepto de “gastos administrativos”– a todos los convenios con los Estados. “La OEI tiene un 99 % de cosas bien hechas, con impacto social en los países en los que opera”, indica una fuente del sector.
Un tipo especial de convenio parece desafiar los mecanismos de transparencia internacional del organismo: la contratación por “cuenta y orden de terceros”. “No controlan nada”, sostiene un viejo trabajador del Ministerio, en relación a la nula supervisión que realiza la OEI sobre los contratados. Es que, en rigor, esa tarea no le corresponde. Según el reglamento interno, la OEI solo se “limitará a abonar los honorarios correspondientes a los prestadores” de servicios.
En esa línea corrió el descargo del organismo luego de que se desatara la polémica: “En relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la OEI llevó a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia. La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta”, se indicaba en el texto. Una versión ligeramente distinta a la explicación que le dieron a este medio fuentes oficiales del organismo, según la cual, el organismo procuraba que los perfiles de los elegidos estuvieran alineados con las tareas a desarrollar.
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