Políticos e intelectuales reclamaron al Gobierno respuestas ante la “finalidad terrorista” de la RAM
Firmaron un documento donde piden medidas “urgentes” ante las acciones de violencia organizada trasnacional de la autodenominada agrupación mapuche
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LA NACION
Políticos de la oposición, legisladores, exfuncionarios, intelectuales y funcionarios judiciales le reclamaron al Gobierno una “adecuada respuesta” de manera “urgente” ante la violencia criminal de grupos autodenominados mapuches de la RAM en la Patagonia que dijeron que “tienen una finalidad terrorista”.
Los convocados le piden al Estado una “respuesta institucional urgente, proporcional y eficaz” ante la “ inaceptable acción violenta que determinados agrupamientos criminales vienen desplegando desde hace años en la zona de la Patagonia”.
Destacaron que hay dos grupos: la legítima comunidad mapuche, con sus justos reclamos, y la autodenominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que es un grupo de personas, que no todos son mapuches y que recurren a “la gestación de procederes violentos” y han cometido no solo “multiplicidad de delitos graves” sino que “han puesto en entredicho a la Nación Argentina y a su integridad territorial”.
Los firmantes dijeron que la actividad de la RAM se puede encuadrar como “un grupo organizado, que lleva adelante actividades criminales” en Argentina y Chile de manera violenta, extendida en el territorio y en el tiempo “con despliegue de armas y substancias inflamables y con total desprecio por la vida humana”.
El texto es suscripto por el especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, el fiscal Raúl Plee, el auditor Miguel Ángel Pichetto, intelectuales como Santiago Kovadloff, y figuras políticas de distinta extracción como Patricia Bullrich, Gustavo Ferrari, Facundo Suárez Lastra, Juan Pablo Baylac, Adolfo Stubrin, Vicente Massot, MIguel Angel Toma, entre muchos otros.
Los firmantes entendieron que hay que considerar las actividades de la RAM como destinadas a diseminar terror en dos países para obligarlos a ceder a sus demandas por lo que deben ser castigada con el agravante que dispone el Código Penal a esas acciones donde la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Dijeron que la RAM pretende “forzar a los distintos estados, federal y provincial, a tomar decisiones que los favorezcan”.
A su juicio el estado debe dar una respuesta contundente que asegure el cumplimiento de la ley, reclamaron que utilice los mecanismos de inteligencia criminal para reunir información sobre este tipo de agrupaciones y coincidieron darle apoyo institucional a “los jueces y fiscales responsables de investigar estos hechos”
“Resulta evidente la finalidad terrorista de los delitos cometidos en la jurisdicción argentina, debería darse en ese sentido una respuesta concreta unificada en la jurisdicción federal, única que resultaría competente en la materia”, reclamaron.
Y reclamaron que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas establezca las diferencias entre las comunidades mapuches que reivindican sus derechos estos grupos delictivos organizados que cometen acciones de finalidad terrorista, como la RAM.
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