Policía bonaerense. Diez razones para una protesta
El primer dato singular de la protesta policial es que no fueuna protesta. Fueron varias. Los efectivos enarbolaron múltiples reclamos, incluso contrapuestos. Y algunos de esos reclamos eran previsibles, pero otros tienen que ver con el lado "B" de la fuerza de seguridad más grande de la Argentina, según reconstruyó LA NACION a partir de testimonios de oficiales y agentes, activos y retirados, de la Policía, como así también de funcionarios actuales y pasados del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Esos testimonios exponen múltiples causas que confluyeron para lo que ocurrió en los últimos días, en los que quedó claro que faltó un referente. Eso explica que mientras un grupo de policías se congregó alrededor de la residencia de Olivos, muchos efectivos rechazaron esa movida. O que un sector aceptó el aumento propuesto por el gobernador Axel Kicillof, mientras otros bregaban por continuar en las calles. También por eso, mientras un bloque pidió "amnistiar" a todos los sumariados durante la gestión de María Eugenia Vidal, otros reclamaron lo contrario: revitalizar el área a cargo de expulsar a los peores agentes.
¿Qué explica, entonces, lo que ocurrió durante los últimos días?
Primero, los salarios. Un oficial principal con 24 años de servicio cobra $ 45.000 de bolsillo por mes, por ejemplo, mientras se le exige que ponga en riesgo su vida, con materiales en mal estado y en pandemia.
Segundo, el desplome de las horas extras. Con la imposición de la cuarentena, desapareció un ingreso clave de los agentes: las horas extras por sus servicios en eventos deportivos –como el fútbol de cada fin de semana- y los espectáculos artísticos, como conciertos. Un ingreso que, para peor, se había desdibujado por la inflación: $ 40 por hora.
Tercero, el achique de las cajas negras, aunque nadie lo admitirá en público. Entre ellas, por la protección brindada al juego clandestino y el proxenetismo y, en menor medida, el narcomenudeo, como así también a restaurantes, bares y boliches, a cambio de mirar para otro lado ante las denuncias vecinales.
Cuarto, la merma de otros beneficios, como el acceso de los agentes a créditos blandos o subsidiados del Banco Provincia para vivienda única y familiar. "El último que nos dio algo así fue [Eduardo] Duhalde", planteó un oficial. "Así me compré mi casita, ¿pero, y los muchachos que vienen abajo? Esos están viviendo con sus padres o en los mismos barrios marginales donde están los delincuentes a los que después tienen que perseguir y que los ‘bardean’ todas las noches".
Quinto, la infraestructura decadente, sean comisarías, patrulleros, chalecos o armas. "¿Sabías que si se te pincha una goma del patrullero tenés que pagar la reparación de tu bolsillo? Si no, sentate a esperar que te vengan a buscar, 12 a 18 horas", planteó un uniformado a LA NACION. "Lo mismo si hay que cambiarle el aceite. Tenés que ir a un ‘lubricentro’ y pelear que te hagan un descuento, pero la guita la ponés vos, porque andá a que te lo reembolsen". Para el titular del autodenominado Sindicato de la Policía bonaerense (Sipoba), Nicolás Masi, ese fue el "disparador" de la protesta. "Fue por el material de trabajo, no por los salarios. Conozco a un colega que estaba orgulloso porque logró que un gomero le diera cuatro ruedas usadas para el patrullero, a cambio de favores, como vigilarle un poco el local".
Sexto, el maltrato. "Yo he visto cómo un fiscal basureó a un comisario con 32 años en la fuerza. Y se la tuvo que comer", planteó un oficial. "Ahora están las tomas [de tierras]. ¿Y? ¿Qué carajo quieren que hagamos? ¿Qué nos pongamos en riesgo para que después miren para otro lado y nos sumarien si molesta a alguien?", abundó otro. "La gente aplaude a los médicos por la pandemia. Todo bien con eso, ¿eh? Pero, ¿y el ‘vigi’ que está al lado del médico, cuidándolo?", sumó un tercero.
Séptimo, la falta de reacción oficial. "Algo como esto [por la protesta] no se gesta de una semana para la otra. Esto lleva meses sumando presión", estimó un exfuncionario de Vidal quien, al igual que Daniel Scioli, afrontó reclamos salariales que no llegaron tan lejos. El exmotonauta lo vivió en 2013, cuando lidió con una suerte de "piquete"; Vidal tuvo el suyo en abril de 2016, con Pablo Bressi como jefe de la fuerza; y otro episodio más en agosto de 2018, con Fabián Perroni, al frente de los uniformados. "Acá está la familia policial", reclamaban quienes se movilizaron hasta La Plata. La diferencia, ahora, es que los policías llegaron más lejos y los funcionarios reaccionaron tarde.
Octavo, el malestar con Sergio Berni. Varios uniformados señalaron de manera explícita al ministro de Seguridad bonaerense y su excesivo alto perfil. Otros, revelaron que incumplió promesas, como la reincorporación plena de todos los sumariados durante la gestión de Vidal, mientras otros lamentan la virtual desarticulación de Asuntos Internos: "Los jefes te cobran por trasladarte o no trasladarte de dependencia y no hay dónde denunciarlos", planteó un agente.
Noveno, la falta de liderazgo real dentro de la fuerza. Prohibida por ley la sindicalización –veda que ratificó la Justicia con un fallo de la Corte Suprema– y con una brecha entre la cúpula policial, los cuadros medios y quienes ingresaron durante los últimos años, la protesta se gestó por las redes –en particular con la página de Facebook "Policías reclamando" – y plataformas como WhatsApp. Allí quedó clara la falta de una conducción unívoca. Por eso se mezclaron los mensajes a favor de terminar con la protesta con otras que convocaban a redoblar la apuesta, según cotejó LA NACION.
"La gente joven tiene otra mentalidad. Antes, los más viejos agachaban la cabeza y se subordinaban por temor a perder el trabajo; pero los más jóvenes se plantan. ‘Gano más afuera que adentro’, te dicen. Saben cómo funciona la Policía y que salvo delitos ‘in fraganti’, es muy difícil que te agarren", remarca Masi.
Décimo, el doble estándar de la política. "Muchos entran porque necesitan trabajar, pero estando adentro comenzás a querer a la institución", afirmó un oficial, que de inmediato expresó su fastidio con los políticos que los usan según la conveniencia electoral. O peor: como durante los últimos años se redujo o incluso se bloqueó el ingreso a la administración pública provincial, de acuerdo a las pautas de la ley 10.430, la política nombra a los suyos como "administrativos" de la Policía y luego los destina al ministerio o repartición pública que deseen. O a ninguna, pero cobrarán igual.
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