Polémico concurso para un juzgado de Santa Cruz: denuncian que no se respetó el anonimato en el examen

EL CALAFATE.- Una postulante para cubrir el Juzgado de Familia N°3 de Río Gallegos denunció que durante el concurso llevado adelante por el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz se violó la regla del anonimato de los concursantes. Asegura además que no le dan acceso a su expediente con las actuaciones. El caso lleva varios meses en la justicia santacruceña pero en las últimas horas la defensa de la concursante anunció que presentará un recurso de casación por el polémico concurso.

El anonimato de los concursantes está vigente en Santa Cruz desde el año pasado, según se especifica en el artículo 22 incisos 2.b y 6.d del Reglamento de Concursos, que determinan que el examen no contendrá ningún dato que permita conocer o identificar a sus autores a la hora de ser calificado por los jurados. El propio Consejo de la Magistratura se contradijo: primero aceptó el anonimato vigente y luego reconoció que los jurados conocieron la identidad de los concursantes.

Esta situación de anonimato depende de la Reglamentación de cada justicia provincial: mientras algunas provincias mantienen anónima la instancia escrita del examen, como Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Corrientes, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Mendoza, en tanto otras, como es el caso de Chubut el actual reglamento no prevé el anonimato en ninguna de las instancias, de acuerdo a consultas realizadas por LA NACION.

Una de las diez postulantes a cubrir el cargo de jueza de Familia, la abogada Romina McNamara, presentó un amparo tras sospechar que no se había cumplido con el anonimato y solicitó acceder al expediente donde se tramitó el concurso, para poder recurrir su nota y acceder al derecho a defensa. Sin embargo, el amparo fue rechazado en primera y segunda instancia por la justicia santacruceña, pese a que el mismo Consejo de la Magistratura reconoció que no fue anónimo.

Cómo fue el caso

La historia empezó en agosto del 2021 cuando diez abogados del fuero local se presentaron al concurso N° 97 convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir la titularidad del Juzgado de la Familia N° 3, de reciente creación para Río Gallegos. Luego de que se conocieran los resultados y ante la sospecha de que se había violado la regla del anonimato, Mc Namara pidió acceder a las actuaciones para conocer los criterios de la evaluación, ante la negativa presentó un recurso de amparo en diciembre pasado.

La respuesta del amparo se fue dilatando: el primer juez donde se presentó fue apartado, el segundo lo rechazó en marzo. La respuesta fue apelada y en junio la Cámara de Apelaciones, lo volvió a rechazar y negó el de acceso al expediente que reclama la concursante. “Tenemos sospechas de que se habría violado el anonimato en el concurso, no nos permiten ver el expediente, y ahora el Consejo de la Magistratura sostiene que no hay tal regla para los consejeros”, explicó a LA NACION, el abogado Javier Stoessel patrocinante de la concursada.

En una comunicación administrativa firmada por todos los miembros del Consejo de la Magistratura fechada el 1 de diciembre se reconoce la vigencia del artículo 22 inciso 6.d, donde se establece la reserva de los nombres de los candidatos. Sin embargo el 16 de marzo en sede judicial el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Sebastián Puig envió un comunicado al juez que lleva el amparo donde afirma lo contrario. “Los miembros del jurado conocen la identidad de cada uno de los participantes, ya que la clave ID es de acceso y reserva del examen del participante dentro de la plataforma” y agrega que “el Reglamento no se ha previsto anonimato en los términos que expone la amparista”, asegura en su presentación el funcionario judicial.

Además del anonimato, la concursante solicitó conocer las actuaciones del expediente, tal como lo prevén los artículos 4 y 36 del Reglamento, lo cual motivó el amparo que por ahora es rechazado. Para Stoessel, abogado patrocinante de Mc Namara, “si se viola la transparencia en la selección de jueces, poco podemos esperar después de los jueces que se nombren”.

Militancia feminista

Romina Mc Namara, la concursante, es abogada y tiene una larga trayectoria en la actividad gremial en el Poder Judicial, al igual que una reconocida militancia en la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos. Para ella la forma en que se realizó el concurso la trascienden. “No es un problema mío, sino es un problema de la ciudadanía porque la forma en que se eligen los jueces después repercuten en toda la vida cotidiana”. En tanto aclaró que “en lo personal, al no poder acceder a las actuaciones de mi concurso, me impiden mi derecho a defensa”

Para la concursante su activo rol militante le puede haber jugado en contra: “A mí lo que me parece interesante es porque a un poder político que supuestamente resalta tanto el campo popular, le cuesta y hace semejante violación de derechos a un apersona que viene del campo popular. Esa es toda una contradicción”, detalló la abogada a LA NACION, quien reclama poder acceder a las correcciones de su concurso.

Como parte del mismo concurso, la reconocida jurista Marisa Herrera, especializada en temas de familia, infancia y adolescencia, fue una de los tres asesoras externas. Consultada por LA NACION afirmó que su rol fue el de brindar “un informe técnico sobre exámenes anónimos” y detalló “en general, quienes somos técnicos (en este caso no somos jurado sino asesores externos) y más de afuera de la provincia como en mi caso, no conocemos como terminan los concursos, lo que sucede, solo cumplimos un rol secundario en el inicio”.

Ayer, a casi un año del concurso y mientras sigue abierto el reclamo, la Legislatura prestó por mayoría, acuerdo para la designación de la abogada Cecilia López, al frente del nuevo Juzgado de Familia N°3 de Río Gallegos.

Con la colaboración de los corresponsales de Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Corrientes, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Chubut.

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