Polémica por una iniciativa para conocer el origen de los honorarios de los abogados

La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantienen un conflicto desde hace meses, que en las últimas semanas tuvo otra escalada: el origen de los honorarios de los abogados defensores de procesados en causas por corrupción y narcotráfico.

Desde el inicio de la gestión actual, el organismo antilavado -conducido por Mariano Federici- puso la lupa sobre ese tema con el objetivo, explicaron, de evitar la circulación de fondos de origen ilícito. Pero la tensión recrudeció en los últimos meses, después de que se intimó a algunos penalistas que defienden a procesados en causas por lavado y narcotráfico para que informen cómo, cuánto y de quiénes cobraron por sus servicios.

Algunos se negaron. José Manuel Ubeira, defensor de Federico Elaskar en la causa conocida como la ruta del dinero K, fue uno de los intimados por la UIF y de los primeros en salir al cruce. Consiguió el respaldo del Colegio Público de Abogados -ahora conducido por Eduardo Awad-, de su extitular Jorge Rizzo, que rechazaron lo solicitado por la UIF en una serie de comunicados.

Desde la UIF insisten sobre la necesidad de transparentar el flujo de fondos entre clientes y abogados, especialmente en casos de delitos graves, para "elevar" los estándares éticos en el ejercicio de la profesión. También resaltan que se debe defender "el derecho y no el delito", y que, aunque los abogados no sean sujetos obligados (según el artículo 20 de la ley 25.246), la UIF tiene facultad para pedirles documentación. Convocaron a un diálogo con los abogados, pero en el Colegio Público no cayó bien el mensaje y lo repudiaron.

En el último comunicado (emitido el lunes pasado), los abogados dijeron que la UIF los ataca en el ejercicio de su práctica y pidieron su retractación. Invocan la cuestión del secreto profesional y dicen que se pone en riesgo el derecho a la defensa. Plantean, asimismo, que con este pedido se ve afectado el principio de inocencia, y sostienen que la UIF no es competente para requerirles información a los abogados, no solo porque ellos no son sujetos obligados, sino que, en todo caso, esa información debería ser brindada a la AFIP o al Poder Judicial.

El organismo conducido por Federici se apoya en el artículo 13 de la ley 25.246, que señala que la UIF tiene entre sus competencias "disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo". Pero desde el Colegio de Abogados señalan que se trata de una interpretación "sesgada".

"El secreto profesional no puede amparar el pacto entre cliente y abogado para usar fondos ilícitos o sospechados de tales", expresaron desde la UIF. Y agregaron: "Pretender lo contrario importaría consagrar una grave injusticia, habilitando a presuntos delincuentes una vía para seguir contaminando la integridad del orden económico financiero con posibles conductas de lavado de activos, desvirtuando el alcance de garantías constitucionales, y atentando contra el objetivo de impedir que el delito rinda frutos y pague".

Un penalista que es socio en uno de los grandes estudios jurídicos del país dijo a este medio que es "disparatado" el pedido de la UIF. "Una cosa es tener que cumplir con nuestras obligaciones tributarias -remarcó-: eso no está en discusión y es lo que corresponde. Otra cosa es que antes de tener una sentencia se intime a un abogado para decir de dónde viene el dinero de sus honorarios. Ahí, lo primero que se ataca es el principio de inocencia porque se instala la sospecha de que los honorarios proceden de fondos ilegítimos".

Por otro lado, un magistrado con despacho en los tribunales de Comodoro Py y con trayectoria en la instrucción de causas por corrupción dijo a LA NACION estar de acuerdo con la iniciativa de la UIF porque "sería una forma de bloquear una ruta de dinero ilícito", aunque señaló que el tema también debería saldarse en el Congreso, con una eventual reforma de la ley 25.246, para que los abogados pasen a ser sujetos obligados.

Sobre este punto, la UIF remarca que "con los alcances que por cierto exige la Recomendación 22 de los estándares del GAFI, los abogados deberían respetar las reglamentaciones que dicta la UIF, y entre otras obligaciones tendrían que reportar de manera proactiva operaciones sospechosas".

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