Polémica por un predio que la Ciudad le cedió a una empresa que vinculan con la familia Caputo
Mechp, la contratista que ganó hace dos años la licitación para los parquímetros y atribuyen a amigos de un hijo de Nicolás Caputo, se adjudicó ahora una licitación hasta 2049 para instalaciones deportivas en un predio pegado al KDT; la Auditoría General porteña y un diputado presentaron pedidos de informe
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LA NACIONFrancisco Olivera
La adjudicación de un predio de 5000 metros cuadrados ubicado en Palermo, cerca del circuito KDT, por 25 años a una empresa que prevé instalar ahí un negocio de actividades deportivas y que en el universo contratista, e incluso funcionarios porteños, atribuyen a la familia de Nicolás Caputo provocó en estos días una controversia dentro del propio oficialismo de la Capital Federal y hasta un pedido de informe que harán la Auditoría General porteña y un diputado de la Coalición Cívica.
El terreno está en realidad bajo la órbita del concesionario Autopistas Urbanas SA (AUSA), que en este caso lo cede a una unión transitoria que encabeza Mechp SRL, la empresa en cuestión y único oferente, que asumirá el emprendimiento a cambio del pago de un canon mensual de $3.763.494. Mechp es ya conocida en el ámbito de negocios de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene otras concesiones: se hizo famosa hace dos años por haber ganado la licitación de la APP que maneja todos los parquímetros de las calles porteñas y controla además estacionamientos. Al tratarse de una subcontratación, en este caso no debe ser sometida a la aprobación de la Legislatura, como ocurre con todas las concesiones porteñas que exceden los 5 años, según establecen el artículo 82 de la Constitución y la ley de Compras y Contrataciones de la ciudad de Buenos Aires.
Mechp, que se adjudicó el terreno en compañía de la firma Mundo Fútbol SA, integrada por los accionistas Matías Herminio Arce y Carlos Gonzalo Vera, debe instalarse entonces donde ahora no hay nada. Consultadas, fuentes del gobierno porteño se limitaron a afirmar que el líder de consorcio cumple con todos los requisitos y que la operación en cuestión no sólo favorecerá a la ciudad de Buenos Aires por razones de seguridad, ya que impide que esa media manzana sean usurpada, sino que además permitirá ahorrar 4.250.000 pesos en costos de mantenimiento. “No conozco a la empresa. Hablá con ellos, no tengo nada que ver”, dijo a LA NACION Nicolás Caputo, y algo similar contestó varias veces uno de sus hijos, también llamado Nicolás, a quien incluso en el gobierno porteño señalan como amigo de los que figuran como accionistas. “Insisto con lo que dije otras veces: no tengo nada que ver con esa sociedad”, remarcó Caputo (H.).
Según los registros de LN Data, Mechp está a nombre de cuatro socios: Diego Porto, Miguel Martínez de Hoz y Nicolás y Tomás Hermida, cercanos a los Caputo y, a su vez, accionistas de Porto Group, dueña de Distrito Fútbol, otro emprendimiento al que el hijo del empresario suele darle difusión en sus redes sociales y que tiene canchas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Una de las sedes de Distrito Fútbol está en la terminal de ómnibus del Puente La Noria, cuya concesión pertenece al empresario Néstor Otero, que también controla otra terminal, la de Retiro.
En la sociedad de Mechp figuraba hasta hace dos años también Jorge Egozcue, un ex empleado de la Dirección General de Despacho Administrativo de la Legislatura porteña y de vínculos con el macrismo. Si se repara en el nombre de la empresa, se cae en la cuenta de que coincide con las siglas de cinco de los socios que la constituyeron -Martínez de Hoz, Egozcue, Hermida y Porto-, y sólo faltaría descubrir a qué obedece la C. ¿Falta un socio cuyo apellido empieza con esa letra? Misterios del mundo contratista.
Era obvio que la adjudicación del terreno desencadenaría controversias. Por lo pronto, la reacción de Juan Calandri, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, que le envió ayer un pedido de informe a AUSA. “Indique cuál es el canon fijado y el índice de actualización”, dice el texto, que agrega: “Informe si AUSA realizó un cálculo estimado de la renta mensual o anual que obtendrán los subconcesionarios por la explotación de los terrenos. En caso afirmativo indicar la renta estimada y fórmula empleada para el cálculo”.
La iniciativa de Calandri se suma a una similar que ya había empezado a tramitar el legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, un diputado que llegó a su banca integrando la lista del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Del Gaiso presentó el lunes un pedido de informe y otro de acceso a la información según lo establece la ley 104, pero ya la semana pasada venía hablando del tema en Twitter. “Voy a presentar un pedido de informes, hay que aclarar esto y si es verdad que se otorgó el 11/1 a los hijos de Nicky Caputo hasta el 2049. Las concesiones y licitaciones de la Ciudad no pueden ser una “monarquía” de los Caputo”, publicó, en un posteo que incluía una nota de La Política On Line en que se daba a conocer la adjudicación.
Como casi siempre en estos casos, la licitación se hizo en silencio, en pleno período electoral, y recibió en enero el respaldo del directorio de AUSA. Se había abierto el 18 de octubre, cuatro días antes de las elecciones, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue adjudicada el 7 de noviembre y, hace dos meses, el 11 de enero, ya con el gobierno de Jorge Macri, aprobada por el directorio de AUSA, que con la nueva gestión volvió a presidir Carlos María Frugoni, un arquitecto que fue al colegio Cardenal Newman y que forma parte del concesionario de las autopistas desde 2007, cuando Mauricio Macri entró institucionalmente en la política. En el acta de enero sólo falta la firma del director Julio Bullrich, también de la Coalición Cívica, que estaba ese día de vacaciones.
Según consta en el texto, ese día se invitó a exponer a Antonio Di Cugno, integrante de la Gerencia de AUSA Consulting, que dio varias razones en favor de la iniciativa. Entre ellas, razones de seguridad: dijo que la contratación en cuestión implicaba “No solamente un ingreso para AUSA, sino que la ocupación del terreno por parte del concesionario también trae aparejada una mayor seguridad por cuanto hoy, al estar ocupado el terreno, podría ser intrusado”. Fuentes de la ciudad de Buenos Aires coincidieron y agregaron lo que consideran otra ventaja: una baja en el gasto público. “Mediante esta subconcesión -dijeron-, AUSA se ahorra realizar el mantenimiento del predio, que tiene un costo mensual de 1.000.000 de pesos; los costos de seguridad, que insumen $2.900.000, y los de los servicios. De tal modo, AUSA ahorra un total de $4.250.000 por mes, además de las sumas que percibe en concepto de canon”.
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