Polémica: por falta de anestesistas, Mendoza impone sumarios y arma una estrategia “antirenuncias”
El gobierno provincial declaró la ley de Emergencia en Anestesiología y busca retener profesionales; cuestionamientos al esquema de contratación
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Afectada por la falta de anestesistas, Mendoza desató un fuerte conflicto que derivó en una ley de Emergencia que les prohíbe renunciar a los profesionales y, que sin embargo, parece no hallar solución. Mientras los especialistas denuncian las condiciones de contratación, la Provincia amenaza con retirar matrículas e imponer sumarios, y en el medio las cirugías se suspenden.
En Mendoza hay 229 anestesistas con matrícula activa, según los datos del Ministerio de Salud de la provincia. No obstante, solo 61 de ellos tienen cargos de planta. En la Provincia afirman que hubo varios ofrecimientos infructuosos para que se ocuparan los cargos vacantes que no dieron resultado, según señaló el diario Los Andes.
A eso se suma que, a lo largo de lo que va del 2022, 68 anestesistas informaron que no renovarían sus vínculos laborales en el sector público. Trabajos en provincias aledañas o mejores contratos laborales en el exterior son algunas de las razones dadas.
Los anestesistas reclamaron en mayo una actualización de sus ingresos del 117%, más el 85% de la guardia de semana. En concreto, se trata de pasar $30.000 a $60.000 “Es para equipararnos con San Juan, San Luis, y Neuquén. No estamos diciendo que queremos ganar como en Chile”, habían expresado desde el sector en la radio Lvdiez, citada por el diario El Sol.
En medio de acusaciones cruzadas, la ministra de Salud provincial, Ana María Nadal, llegó a afirmar que “la corporación de los anestesistas ha puesto en jaque la salud de los mendocinos” De hecho, aseguró que las cirugías programadas se redujeron 40%.
Con todo, la gestión del gobernador Rodolfo Suárez impulsó días atrás un proyecto para detener la sangría, e incluso ganar tiempo. Y consiguió apoyo opositor. Con 47 votos a favor y uno solo en contra, la Cámara de Diputados sancionó el 17 de mayo la ley de Emergencia en Anestesiología por un plazo de 120 días. Así, la Provincia se aseguró cuatro meses sin renuncias.
A través de este instrumento, la Provincia puede suspender las matrículas de los profesionales que no se mantengan en sus puestos. Y, es más, se establece que las renuncias se harán efectivas “una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo” de vigencia de la Emergencia.
No obstante, 47 de los 68 especialistas que renunciaron cubren, al mismo tiempo, urgencias y emergencias en otros establecimientos, según puntualizó Los Andes. La eventual quita de la matrícula representaría un escenario difícil para las autoridades.
Contrapunto
Con la sanción de la Ley de Emergencia, el gobierno de Suárez apela a que los profesionales que renunciaron en el último tiempo regresen a sus puestos. Desde el Ministerio de Salud indicaron que fueron enviadas 63 notificaciones formales. En el término de la última semana solo cuatro habían aceptado retomar sus actividades en el Estado.
“Se manda la notificación al hospital y al prestador. Luego, los hospitales informan la nómina y avisa quienes no regresaron. Ahí se inicia el proceso de sumario, que no es inmediato. Pero se va a aplicar la ley”, manifestaron desde la cartera sanitaria.
En el fondo, el conflicto está lejos de resolverse y aún se escuchan los reclamos de los profesionales. De hecho, el viernes está pautada una mesa de diálogo para acercar posiciones. La Provincia insiste que, en caso de no cubrir las casi 70 vacantes que se generaron, recurrirá a otros anestesistas de la provincia.
“Esto es una ley de trabajo forzado para no acordar con los trabajadores”, expresó a Los Andes, Arturo Salassa, referente de los denominados anestesistas autoconvocados. “Se normaliza que yo, en mi condición de libertad, siga teniendo un contrato basura y me tenga que quedar forzado sin sentir que es justo”, añadió.
Salassa se quejó de la falta de “interlocutores válidos” y aseveró que el conflicto pudo haberse resuelto antes con “diálogo”, pero enfatizó que los salarios del sector continúan “desfasados”. Además, señaló que sienten “impotencia y desilusión”.
“No hemos hecho medidas de fuerza, solo no renovamos los acuerdos de un contrato basura, en negro y facturándole al estado, ni siquiera renunciamos”, consignó. Y apuntó: “Hemos recibido notificaciones con citaciones, todas mal hechas. Por ejemplo, desde el hospital central llegaron 100% mal los DNI. Ahora vamos a ser sumariados sin siquiera volver a recibir bien las notificaciones”.
LA NACION
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