Polémica en Mendoza por la cesión por decreto de 12.000 hectáreas en una zona de glaciares para un centro de esquí
La oposición denuncia que la “asignación precaria” se realizó sin los procedimientos requeridos, pero la provincia y los adjudicatarios los refutan
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MENDOZA.- Tiembla la Cordillera de los Andes, pero sobre todo la política mendocina. La entrega de tierras dispuesta por el gobierno provincial para la construcción de un megacentro de esquí en una preciada zona montañosa de Malargüe provocó un remezón en la tierra cuyana. Así las cosas, los argumentos y cuestionamientos empiezan a aflorar de un lado y del otro, pero con una sola certeza a la fecha: se asignaron por decreto 12.000 hectáreas en una zona de glaciares a un privado para la explotación del lugar, pero resta todo un proceso de estudios, evaluaciones y aprobaciones ambientales para poder avanzar.
Es la nueva controversia del verano mendocino, por lo que comenzaron los pedidos de explicaciones de la oposición al oficialismo que comanda el gobernador radical Rodolfo Suarez, quien firmó a fines del 2021 el decreto 2138, que dispuso la “asignación precaria” del terreno a la firma Azufre SA, en manos visibles del empresario mendocino de medios Alejandro Spinello, quien supo ser parte de las campañas presidenciales de los demócratas en Estados Unidos, principalmente Al Gore y Hillary Clinton.
De hecho, el realizador y productor integral de TV, que cuenta con un creciente desarrollo en la Argentina a través de Media Hub, vinculado a medios locales y extranjeros, ya viene haciendo algunas inversiones en la zona y promocionando lo que será “El Azufre”, el primer centro de esquí sustentable del mundo, ubicado en la zona inhóspita de “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, en la comuna del sur mendocino, en una zona hostil y con pocos caminos. Aunque no hay una ruta directa, el sitio se ubica a más de 60 kilómetros de Las Leñas, uno de los principales centros invernales del continente, con más de 200 hectáreas de extensas zonas para esquiar, con un marco de 17.500 hectáreas bajo su dominio.
La novedad, que se conoció tibia y silenciosamente de cara a la ciudadanía recién a comienzos de año, tras la publicación en el Boletín Oficial el 7 de enero, empezó a crecer como una bola de nieve. Por eso, desde la oposición consideran que hay un largo camino por recorrer para concretar un proyecto en el medio de la Cordillera, en una de las zonas con mayores recursos hídricos de la provincia, de acuerdo con los científicos consultados por este diario.
“Queremos todas las explicaciones y estudios correspondientes, sobre todo por qué el Gobierno entregó 12.000 hectáreas para un centro de esquí que podría funcionar con menos de 2000 hectáreas, y también por qué se aprobó sin una declaración de impacto ambiental”, disparó el camporista Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores justicialistas, que ayer logró sancionar un pedido de informes al gobierno de Suarez.
Según el Poder Ejecutivo local, con El Azufre están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado; para el arco contrario, principalmente el kirchnerismo, se trata de una jugada “entre gallos y medianoche”, a espaldas de los mendocinos, por lo que hay quienes consideran que detrás podría existir un negocio inmobiliario que quede en manos de inversores extranjeros, principalmente sobre las tierras que no son esquiables.
Fuentes del gobierno provincial y de los principales organismos de control, en medio del hermetismo inicial, indicaron a LA NACION que se trata de un “tema complejo, que se mediatizó, y donde muchos quieren voltear el desarrollo de Mendoza”, pero que se ha actuado bajo el marco de la legalidad técnica, bajo las disposiciones de leyes nacionales sobre el uso de las tierras en las fronteras, que deben ser ocupadas con fines turísticos, ganaderos y/o productivos. Las tierras pertenecen a la Nación, pero a fines de la década del 60 fueron cedidas a la provincia, que ahora las asigna a privados, quienes, tras sortear trámites de derechos de ocupación con los puesteros y pobladores originales, han manifestado que llevan realizada una “importante, larga y costosa inversión”.
En diálogo con LA NACION, Spinello defendió el proyecto y los pasos que se han dado, aunque reconoció que la asignación precaria de tierras podría haberse dado luego de la declaración de impacto ambiental. “Es una posibilidad que también era válida, pero todo se hizo de manera legal y transparente, basándonos en la normativa y los permisos, con una inversión que ya supera los 5 millones de dólares. Ahora presentamos el master plan, con las diferentes etapas, y esperamos cumplir todas las instancias de evaluación oficiales”, indicó el empresario, desde Colorado, Estados Unidos, recordando todo el trabajo “a pulmón” que vienen realizando en el lugar, donde al inicio, bajo temperaturas extremas, se montó un campamento y se lanzaban alimentos desde un avión.
En este sentido, en diciembre del año pasado, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen que avaló este primer paso de entrega de terrenos. “No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”, indica el documento firmado por el fiscal Fernando Simón. De todas maneras, las fuentes consultadas aclararon que tras esa instancia se debe presentar un proyecto integral, sometido a diferentes estudios ambientales y que logre la aprobación de varios estamentos oficiales, como la Secretaría de Ambiente, para obtener finalmente la declaración de impacto ambiental. Es más, en las últimas horas, en medio de la controversia y el malestar que se generó en el seno del Ejecutivo, funcionarios del Gobierno que comanda Suarez indicaron que las hectáreas que finalmente se otorguen pueden ser menos.
En tanto, Spinello buscó dejar en claro cómo pretenden avanzar y responde a los cuestionamientos. “Nosotros apostamos a que haya seguridad jurídica y sustentabilidad. Confiamos en que habrá sentido común, estamos abiertos a mostrar que no hay nada raro. Confío en que se va a priorizar el bien común y el desarrollo de Mendoza”, agregó el empresario, quien pretende brindar, en una primera etapa, un servicio premium de heli-skiing o heliesquí, esto es práctica alpina, fuera de pista, a la que se accede a través de un helicóptero. De avanzar el proyecto este año, ofrecerán la experiencia a 25 huéspedes, con un costo aproximado de 15.000 dólares la semana, como ocurre, por ejemplo en las montañas de Tordrillo, en Alaska.
“Es un sueño para cumplir; es un lugar totalmente olvidado, improductivo; no es una actividad extractiva, es un proyecto sustentable. Nos apasiona, somos fanáticos esquiadores. El problema es que los emprendedores en la Argentina tenemos muchas trabas”, añadió el empresario, asegurando que ya hay interesados en el mundo del esquí en sumarse a las inversiones en hotelería, gastronomía y demás servicios. “Sacamos plata de nuestro bolsillo para este proyecto, pero es imposible que lo hagamos todo nosotros. Si no hay palos en la rueda, vamos a seguir”, indicó Spinello, aclarando que de las 12.000 hectáreas, sólo 200 pueden destinarse a los emprendimientos comerciales, ya que el resto son laderas, rocas y precipicios.
En principio, el proyecto integral contempla una inversión cercana a los 200 millones de dólares, más de 200 kilómetros de pistas, una temporada de esquí de cinco meses, la creación de aproximadamente 1000 empleos directos y 5000 indirectos y un funcionamiento total con energías renovables.
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