Poder Ciudadano pide ser querellante en el caso contra Insaurralde por enriquecimiento y lavado
Tras el paseo por Marbella con Sofia Clérici, la ONG advirtió que “su estilo de vida no se corresponde con sus ingresos ni deberes de comportamiento ético”; decide el juez Kreplak
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La ONG Poder Ciudadano, que plantea la transparencia de la gestión pública y la lucha anticorrupción, se presentó como querellante en la causa judicial en la que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ahora será el juez federal Ernesto Kreplak quien debe decidir si le otorga o no ese rol, que le permitiría participar en el expediente, proponer medidas de pruebas y recurrir decisiones que considere perjudiciales.
Poder Ciudadano, presidida por Pablo Secchi, dijo en su escrito que “la corrupción, no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas”.
“El estilo de vida ostentoso de un funcionario público -en este caso Martín Insaurralde- que fuera presumido a través de redes sociales no se corresponde con los ingresos y deberes de comportamiento ético que debe reunir todo funcionario público”, escribieron los pretensos querellantes.
Poder Ciudadano citó antecedentes de otros casos donde fueron reconocidos como parte en defensa de los intereses colectivos en casos de corrupción. Incluyeron uno donde el propio juez Kreplak los consideró en un caso donde se investigaban posibles delitos contra la administración pública perpetrados a través de estructuras de universidades públicas en el desarrollo de controles de ejecución de planes sociales.
Incluso mencionaron que en este momento actúan como querellantes en la causa donde el juez de La Plata Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki investigan a Julio “Chocolate” Rigau, un puntero del PJ acusado de recaudar dinero de las cuentas de falsos empleados públicos de la legislativa bonaerense como una manera de financiar la política.
“Teniendo en cuenta que los actos en perjuicio de la administración pública constituyen un tipo de corrupción, y entendiendo a esta como un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a los Derechos Humanos, ya que se menoscaban las prestaciones que los Estados deben proporcionarles a los ciudadanos, es que resulta totalmente atendible la petición de Poder Ciudadano”, afirmó la ONG.
En el caso de Lomas de Zamora, Poder Ciudadano identificó a los imputados como Insaurralde, su compañera de viaje en Marbella Sofia Clerici, su exesposa Jesica Cirio y el exintendente del Partido de la Costa y actual diputado bonaerense Juan Pablo de Jesús, sindicado como supuesto testaferro de Insaurralde.
En su escrito, la ONG mencionó el episodio de las fotos de Insaurralde en el yate Bandido, en Marbella, y las imágenes de joyas y relojes suntuosos que mostro Clerici. Señaló que “este estilo de vida no se condice con los ingresos económicos de los intervinientes, por lo que despertó -con razón- una fuerte sospecha sobre la probidad del financiamiento del mismo”.
En cuanto a Insaurralde, dijeron que “alcanza con cotejar los salarios devengados históricamente; mientras que en el caso de la imputada Clerici se advirtió públicamente que se encuentra inscripta en el régimen para pequeños contribuyentes en el monotributo” en la actividad de “venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa”.
Tras mencionar el allanamiento a Clerici, donde se encontraron casi 600.000 dólares, Poder Ciudadano dijo que “tal sideral suma de dinero, el estrecho vínculo entre los referidos imputados y el estilo de vida que fue trascendido por diversas imágenes, permiten fundamentar la sospecha de que el origen de aquellos enseres y servicios de lujos podría ser espurio”.
“Pues, los ingresos de un funcionario público de carrera (como es el caso de Martín Insaurralde) y una contribuyente en calidad de monotributo (me refiero al caso de Sofía Clerici) jamás permitiría acceder a los mismos”, señaló Secchi.
Agregaron que no puede ser ajeno a la investigación el acuerdo de divorcio, si existiera, entre Insaurralde y Cirio, y las denuncias presentadas contra De Jesús, donde se mencionan un sinnúmero de propiedades y se lo sindica como supuesto prestanombres del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.
“Se trata del vicejefe de gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, quien –a su vez– tendría un fuerte lazo de amistad con el matrimonio Insaurralde-Cirio. Ahora, lo particular del caso de Juan Pablo de Jesús no es únicamente la relación de amistad antes referenciada, sino que siendo otro funcionario público tenga a su nombre –aparentemente– más de sesenta propiedades; ostentando –a su vez– una fastuosa vida según se pudo reconstruir periodísticamente a raíz del perfil social de la pareja de este funcionario público”, señala el texto.
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