Planes sociales: Massa y Monzó proponen su conversión a empleo y que participen gobernadores e intendentes

La discusión sobre qué destino y qué sector debe manejar los planes sociales que distribuye el Estado se instaló en el Congreso. El dato sugestivo es que dos importantes voces del oficialismo y de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y su antecesor en el cargo, Emilio Monzó, de Juntos por el Cambio, impulsan sendos proyectos de ley que apuntan hacia una misma dirección: reconvertir los planes sociales en trabajo genuino en un proceso en el que participen los gobernadores e intendentes.

La propuesta va en línea con el planteo que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner el lunes pasado, cuando le cuestionó a la Casa Rosada la “tercerización” del control de los planes sociales por parte organizaciones sociales cuando, enfatizó, esa tarea le corresponde al Estado, esto es, a los gobernadores e intendentes. La crítica, que apuntó directo contra la alianza política entre el presidente Alberto Fernández y el Movimiento Evita, despertó apoyos no sólo en el arco oficialista sino también en Juntos por el Cambio: varios intendentes bonaerenses de ese espacio opositor también se pronunciaron contra la intermediación en el manejo de los planes.

En el marco de la discusión que instaló Cristina Kirchner, Massa reflotó un viejo proyecto suyo, llamado “Un puente al empleo” por el cual propone una serie de incentivos fiscales para las empresas que contraten personas que perciben planes sociales, sin que éstos pierdan su beneficio por un año. La iniciativa, que se presentó hace ocho meses, incorporaría ahora un artículo clave por el cual se le abriría el juego a las provincias y a los municipios, que en el texto anterior no estaban contemplados.

En efecto, según deslizaron en el entorno de Massa la idea es crear un registro “unidades ejecutoras” al cual puedan inscribirse todos los actores que participen del programa, esto es, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, mutuales, provincias y municipios. Estas unidades ejecutoras percibirán los mismos incentivos fiscales que las empresas privadas a la hora de contratar a personas beneficiarias de planes sociales, entre ellos la reducción de un 100% de las contribuciones patronales por dos años.

En buen romance, esta iniciativa no sólo dotaría de un marco legal a la conversión de los planes sociales a empleo genuino; también habilitaría a que los gobiernos provinciales y municipales participen del programa como empleadores de los actuales beneficiarios con los consiguientes incentivos fiscales. En tanto, quien percibe el plan social mantendría su beneficio por un año como complemento del salario, como así también el acceso a obra social y ART. Para ello deberá capacitarse y completar cursos de formación.

“Plan nacional ‘Mejor Trabajo’”

El proyecto de ley de Monzó es prácticamente idéntico al de Massa, salvo que lo titula con el rótulo “Plan Nacional ‘Mejor Trabajo’”. Los ejes son muy similares: propone que tanto el sector privado como el público puedan ser empleadores de los beneficiarios de planes sociales; propicia una reducción del 100% de las contribuciones patronales durante dos años a los potenciales empleadores y dispone que el monto del plan social, equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil, sea considerado como aporte estatal durante 12 meses.

Monzó está de acuerdo con que los gobernadores e intendentes tengan injerencia en el manejo de los planes sociales. Se hace eco de que opinan algunos intendentes bonaerenses de Pro. “La administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios, de esta manera se elimina la intermediación y el plan social llega de manera directa al vecino que lo necesita”, enfatizó Néstor Grindetti, de Lanús.

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, coincidió. “La idea es descentralizarlos en un marco de federalismo a los gobiernos provinciales y municipales que, al estar en el territorio, estamos más cerca de entender las demandas sociales, la capacitación y las necesidades laborales de cada distrito”, sostuvo.

“No tengo dudas que esos planes tienen que tener un vencimiento y que el intendente tenga la responsabilidad de convertir esos planes en trabajo porque la Nación y la provincia están lejos del territorio”, completó, por su parte, el intendente Julio Garro, de La Plata.

Si bien los opositores sostienen que Cristina Kirchner instaló este debate por “oportunismo político” en su pelea con Fernández, lo cierto es que varios jefes territoriales coinciden en el planteo de fondo: el sistema de planes sociales bajo el control de las organizaciones sociales no resolvió el problema del desempleo y la pobreza.

“El Potenciar Trabajo tiene más de 1.200.000 titulares activos, pero, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, apenas el 2% de esos beneficiarios pudieron acceder al régimen de ingreso protegido al empleo. Necesitamos generar nuevas alternativas para ayudar a los argentinos a salir de la pobreza”, sostuvo Monzó.

Massa coincide. Su proyecto, pese a ser de su autoría, nunca llegó a tratarse en las comisiones. Cree que ahora, luego que Cristina Kirchner instalara el debate, es el momento de darle impulso, máxime si un sector de Juntos por el Cambio se muestra dispuesto al debate. Sería toda una estocada al corazón de las organizaciones sociales.

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