Planes sociales: el Gobierno disputa su propia interna y las organizaciones resisten la auditoría
El kirchnerismo quiere descabezar al Evita; Pérsico influye al Presidente para que no los controlen; Zabaleta amaga con dejar el ministerio; todos miran a 2023, también los piqueteros opositores
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Al cabo de una de las semanas más calientes para la protesta social, que llegó a las puertas de la Casa Rosada y provocó una inquietante tensión en las calles de la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno ratificó su intención de avanzar con la auditoría de los planes sociales, aunque sigue enfrascado en una durísima interna entre el kirchnerismo y las organizaciones que reportan al presidente Alberto Fernández, a quien buscan influir para evitar los controles. Todo esto, combinado con sospechas de que piqueteros oficialistas y opositores tienen un acuerdo subterráneo que se mantiene más allá del signo político del gobierno de turno.
Ese es el terreno movedizo sobre el cual intenta afirmarse el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para avanzar con la auditoría de 1,2 millones de programas Potenciar Trabajo en todo el país, mientras que por cuerda paralela el líder del Movimiento Evita y funcionario de su propia cartera, Emilio Pérsico, opera entre los pliegues del Frente de Todos y se reúne tanto con el Presidente como con el ministro de Economía, Sergio Massa. Puertas adentro del Gobierno, esos encuentros incomodaron al ministro del área social, que no se privó de exhibir su “bronca” entre los colaboradores e incluso amagó con volver a su municipio.
“Lo que pasa es que está mirando más al Senado que a la Casa Rosada”, lo aguijonean a “Juanchi” desde el Evita, a sabiendas de que la propuesta original para que el Estado deje de tercerizar los planes sociales fue lanzada al ruedo por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ya se sabe que La Cámpora y el Instituto Patria le declararon la guerra desde hace tiempo al movimiento que tiene como referentes al barbado Pérsico y a Fernando “Chino” Navarro, funcionario con despacho en la Casa Rosada. No toleran el desafío territorial de esa organización que, “para colmo, financia el propio gobierno”.
Pese a que públicamente afirman que no tienen inconvenientes con la auditoría de los planes, que Zabaleta encargó a universidades prestigiosas como la UBA y UTN, las organizaciones sociales no quieren saber nada con ser sometidas a controles. De hecho, presionan para que “auditen” las mismas agrupaciones de primera mano y que luego, en una segunda instancia, aparezcan las universidades. Es que deberían explicar por qué hay beneficiarios del Potenciar Trabajo que figuran en las nóminas de un distrito cuando, en rigor, viven en otro lado, como denunció el intendente de Berazategui, Juan José Mussi.
El experimentado jefe comunal, uno de los pocos sobrevivientes de los “barones del conurbano” que supo tener el PJ bonaerense, dijo ante Zabaleta y sus pares de las secciones Primera y Tercera de la Provincia, que tiene detectados 3.700 casos de ese tenor en su distrito. Claro que los intendentes no son carmelitas descalzas: cuando apuntalan la idea de que los planes sociales pasen a ser controlados por los municipios no solo buscan desterrar la “falta de transparencia” de las organizaciones, sino también evitar la proliferación de agrupaciones que no controlan políticamente y que les piden lugares en la gestión y los concejos deliberantes.
“El planteo es que hay 1,2 millones de planes Potenciar Trabajo y nadie sabe qué hacen los beneficiaros ni dónde están. En Lanús, la municipalidad maneja 1.900 planes, del resto no sabemos nada”, aseguró a este diario Diego Kravetz, delfín del intendente Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), luego de participar de la reunión convocada el viernes por el ministro Zabaleta. La imagen oficial que se comunicó de ese encuentro puede ser leída en clave política: el ministro apareció rodeado de jefes comunales que quieren pasar a controlar a los planes. La presencia de la camporista Mayra Mendoza (Quilmes) se interpretó de esa manera.
El propio Zabaleta es un intendente en uso de licencia. “Si él anda diciendo que quiere volver a Hurlingham, que lo haga de una vez”, chicanearon al ministro desde una de las agrupaciones oficialistas. La réplica fue inmediata: en la cartera con base en el edificio blanco que se impone sobre la avenida 9 de Julio, apuntaron contra Pérsico y Eduardo Belliboni, máximo referente del Polo Obrero: “El gordo quiere ser el jefe de las ´orgas´ el año que viene, ante la hipótesis de que el peronismo va a perder las elecciones; y el flaco se va a postular a diputado nacional. El acuerdo entre ellos es evidente”, dispararon sin ningún miramiento.
Las auditorías que se vienen representan un peligro para las organizaciones. Sobre todo, si se cumple la advertencia de Zabaleta de que si los beneficiarios del Potenciar Trabajo no se presentan al censo, entonces se les quitará la mitad del plan, hasta tanto se pueda verificar si realmente cumplen tareas en alguna “unidad de gestión”, ya sea una cooperativa o un municipio. “El año pasado ya hicieron una auditoría y no pasó nada, porque la gente labura”, recordó con intencionalidad política una fuente piquetera. Del otro lado del mostrador avisaron: “El censo va a ser uno por uno, que se vayan preparando”.
En medio de esta discusión, no faltan los que piensan que el Gobierno tira una cortina de humo para hacer “como que” controla los planes sociales, justo cuando la oposición toma distancia de las organizaciones en la búsqueda de seducir al electorado de clase media. “Se van a comer seis meses con las auditorías y otros seis meses con la formulación de la nueva política. Cuando nos queramos acordar, se terminó el gobierno”, afirmaron en JxC. En cambio, ponderaron la determinación del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta de avanzar con la quita los planes de la Ciudad a las familias que no envíen a sus hijos a la escuela.
Realineamientos en el Gobierno
La salida de Fernando Navarro de la secretaría de Relaciones Parlamentarias, una función que absorberá el empoderado vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, fue interpretada como un castigo al Movimiento Evita luego de que Cristina y Massa lograran sentar a una misma mesa a Alberto Fernández. Sin embargo, el “Chino” volvió a mostrar su ductilidad política al asumir en la secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario. En diálogo con este medio, evaluó que el desembarco de Massa “ordenó políticamente al Gobierno” y afirmó que “en momentos de crisis, la moderación es un buen método”.
No obstante, en el Evita saben que siguen apuntados por la vicepresidenta y que no hay chances de que puedan moderar su intransigencia. Siguen empeñados en que el año próximo les den la posibilidad de competir en una PASO del Frente de Todos en algunos distritos emblemáticos como La Matanza. Pero al mismo tiempo hacen gala de un pragmatismo político ya demostrado, que comparten con otros protagonistas de las “orgas sociales”, como Juan Grabois. “Sabemos que está enojado, pero lo alineamos de nuevo con un llamado de Roma”, deslizó un “albertista” que, a paso acelerado, va de regreso a las fuentes kirchneristas.
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