Plan Qunita: la Cámara confirmó el procesamiento de Aníbal Fernández pero revocó el de Juan Manzur
Dictó falta de mérito en el caso del gobernador de Tucumán; el ex ministro de Salud Daniel Gollán, más complicado
LA NACION
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del ex ministro de Salud Daniel Gollán , además de siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita .
Fuentes judiciales informaron hoy que la Sala II del tribunal de alzada también ratificó los embargos contra el ex jefe de Gabiente de Ministros y los otros procesados -excepto Gollán- hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
En cambio la Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado.
La causa
En la causa por el plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Fernández y otros ex funcionarios por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits maternales a embarazadas.
Según el juez, las licitaciones tenían "seis ganadores prefijados" que "no tenían experiencia en los rubros licitados" y que presentaron ofertas con precios "elevados y abusivos".
La lista de los procesados -23 en total- incluye también a a Nicolás Kreplak, ex secretario de Salud Comunitaria, el funcionario que requirió la compra y pidió modificaciones al pliego; a varios ex funcionarios de rango menor del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y a los empresarios que fueron parte de la maniobra investigada.
Todos los ex funcionarios fueron procesados por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario". Bonadio trabó además un embargo sobre los bienes de todos ellos de 440 millones de pesos. El monto fue fijado "en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado", explicó el juez. Calculó que el sobreprecio fue de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits.
Esta causa se inició el año pasado, con la denuncia que presentó el 23 de junio de 2015 la legisladora porteña Graciela Ocaña.
LA NACION
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