En medio de la pandemia, se expande una ocupación ilegal en terrenos de Pilar
LA NACION
Cuando el mayor esfuerzo de todos los gobiernos está puesto en contener la propagación del coronavirus, en particular, en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, ciertas dinámicas típicas del conurbano se mantienen, como la ocupación ilegal de tierras.
Tal es el caso del municipio de Pilar, en donde algunas familias han aprovechado la desatención municipal para construir sus viviendas, a pesar de que esté prohibido avanzar con la edificación privada, en el marco de la pandemia.
El hecho fue registrado por vecinos del barrio cerrado Mayling, quienes advirtieron que, desde marzo, se multiplicaron las obras en un terreno lindero al club, que había sido ocupado unos seis años atrás.
"Hay una casa de dos plantas que se empezó a construir durante la cuarentena. Venimos llamando todos los días al municipio, a dos comisarías, al 911, hasta al teléfono de emergencias del Covid-19, pero no nos han dado ni respuesta ni solución", dice una de las vecinas del barrio cerrado, que vive allí con su marido y sus tres hijos, hace más de ocho años.
Según la vecina, la convivencia con los ocupantes del terreno, ubicado sobre la calle J. Thames 700, es "inviable" y "peligrosa", dado que, en más de una ocasión, les han arrojado ladrillos y botellas; también, la vecina denuncia haber visto a personas "treparse al paredón de club, con actitud intimidatoria". Esta situación se complejiza con la expansión del asentamiento.
"Empezó como un trabajo de hormigas y ahora lo convirtieron en una especie de barrio cerrado, pero del otro lado. La primera vez que empezaron a poner un ladrillo, tendría que haber venido algún funcionario a poner un límite. Es un problema que nos preocupa a varios socios, no solo los perimetrales", sostiene.
Subdivisión de lotes
El terreno en cuestión tiene 40 metros de ancho por 90 metros de fondo y fue ocupado hace aproximadamente seis años por Walter Villafañe –vendedor ambulante de comida y operario de la construcción– y su yerno, Nicolás. Ambos viven ahí con sus familias y, con el tiempo, han subdividido el lote en parcelas más pequeñas que "vendieron" a otras personas.
Hoy son seis las parcelas demarcadas con alambre y nylon verde, y hay unas cinco casas construidas con una mezcla de chapa, madera y ladrillo. Villafañe afirma estar "haciendo los papeles para poder comenzar a pagar los impuestos correspondientes".
El modelo se replica 200 metros más al sur, cerca de la intersección de Thames con la calle Darregueira, donde existe otro terreno ocupado y subdividido en seis lotes, que se consolidó hace algunos años. Allí vive Juan Naranjo, de 39 años, que trabaja en la instalación de sistemas de alarma y, junto a su mujer, compraron una de las parcelas hace cinco años.
Según Naranjo "hacia el fondo de la calle, va llegando gente nueva" y es una ocupación que "está creciendo", a diferencia del área en la que él vive, donde "no hay más lugar para construir".
Responsabilidad municipal
A pesar de lo advertido por los vecinos de la zona, desde la intendencia de Pilar, admiten el problema pero afirman que "esta es una de las miles de irregularidades que existen en el municipio, pero ninguna es reciente y no es adjudicable a un solo gobierno".
Según el municipio, si bien "las ocupaciones son conflictos a abordar desde lo social", la legalidad del asunto se escapa del alcance del municipio: "El conurbano tiene permanentemente el riesgo de toma. Lo que necesitás, en términos de justicia, es que haya un dueño que reclame su propiedad privada y, así, el fiscal puede dar una orden de desalojo y la policía, sacarlos. Todo este procedimiento compete al privado, que tiene que hacer la denuncia. Como no aparece, deja trunca la acción".
En el entorno del intendente local, Federico Achával, afirman además que "si llegaron reclamos recientes, tienen que estar registrados y seguirán los canales correspondientes que, desde ya, se encuentran demorados por la pandemia".
Las autoridades de Mayling Club de Campo –cuyos socios, junto con otros propietarios de lotes sobre Thames, son damnificados directos del afianzamiento de asentamientos informales a su alrededor– comunicaron a LA NACION que "al detectarse la presencia de construcciones nuevas en terrenos linderos, el Club tomó contacto con la municipalidad para que se controle que las edificaciones se encuentren autorizadas y de acuerdo a las normas reglamentarias, por ser, ese, un tema de su competencia".
Las denuncias, al parecer, se han elevado por varios frentes. En nombre del barrio cerrado, de los vecinos, de los propietarios. "Es un tema de fondos, hacés la denuncia y si tenés suerte te dan bolilla, sino lo tenés que resolver por tu cuenta. Yo he tenido problemas de ocupación, personas que han invocado boletos de compraventa de mis terrenos, pero tuve que arreglarlo solo. Hay oportunismo ante la inacción", dice un vecino de la zona, quien prefirió no identificarse.
El propietario tiene terrenos en venta desde hace tiempo, pero no logra concretar la operación. "Esa parte de Pilar está olvidada, ni la zona ni el contexto de vecinos ayudan, entonces los terrenos son invendibles", se lamenta.
Según explica Estela Schmidt, una mujer de 70 años que vive sobre la calle Thames con su familia, hace más de 23 años, en un terreno que adquirió por medio de procedimientos legales, las quintas suelen ser heredadas con deudas "insostenibles", que dificultan la venta de terrenos y facilitan su ocupación.
"Son predios de 3700 metros cuadrados, que acumulan deudas muy grandes, porque los dueños eran gente mayor. Al pasar a sus herederos, ellos no pueden escriturar porque no pueden levantar la deuda. Por este motivo, tampoco pueden dividirlas y, entonces, otra gente los ocupa", dice Schmidt.
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