Pidieron el juicio político de los magistrados que sobreseyeron a Cristina Kirchner
Ricardo López Murphy hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura contra los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado; los acusó de mal desempeño y del delito de prevaricato
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LA NACION
El diputado electo por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió el juicio político de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner el viernes pasado y que dispusieron que no se hiciera el juicio del caso Hotesur-Los Sauces.
Lo acusó de “mal desempeño” de sus cargos y del delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
No es probable que esos juicios políticos prosperen. El kirchnerismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la actuación de los jueces, y para abrir un proceso es necesario el voto de dos tercios de los consejeros.
López Murphy hizo su presentación esta mañana en el Consejo. Firmó el pedido de juicio junto con otros dirigentes de su espacio político; entre ellos, María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Finaiciera (UIF), el organismo antilavado, durante el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo con la denuncia, Grünberg y Obligado “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público” y firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner “desatando un verdadero escándalo jurídico.”
Según la acusación, “los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”. Además, omitieron “considerar todo lo actuado y decidido durante años” por los jueces que intervinieron antes en la causa y consideraron que debía ir a juicio, “eliminando con este plumazo” la instancia del debate oral y público, teniendo incluso prueba pendiente que el propio tribunal había ordenado.
Los denunciantes sostuvieron que su planteo no obedece a una diferencia de criterio jurídico con los jueces. “No cuestionamos lo actuado por los jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos [eso no es causal de juicio político], sino porque estos jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente, impidiendo indebidamente el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo fuera solicitado por el fiscal del caso y la jueza, en disidencia, Dra. Palliotti”, afirmaron.
También cuestionaron ”la celeridad inusitada observada para resolver el caso” y consideraron que los jueces eligieron una “vía fraudulenta” para cerrar el expediente. “Resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del art. 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”, dijeron.
Según la denuncia, los jueces sobreseyeron a Cristina Kirchner “concentrando su actividad en descalificar arbitrariamente tipos penales, aplicando una doctrina de ultra actividad de la ley penal mas benigna en un caso de delito continuado para afirmar que no se cometió el delito de lavado de activos, sosteniendo sin fundamento la violación del principio del non bis in ídem con relación al delito de asociación ilícita y descartando el delito de dádivas con ligera interpretación de las reglas del concurso ideal”.
Al pedido de juicio político de López Murphy se sumó después el del diputado de Pro Jorge Enríquez, que también pidió que los camaristas sean destituidos por los sobreseimientos del viernes pasado. “El momento procesal en que se dictó no admite una resolución de fondo, porque ya varias instancias judiciales definieron que la instrucción era correcta y solo falta el juicio oral. Queda claro que se buscó definir el caso con un juez que se va del Tribunal y evitar que se ventilen las pruebas en un juicio público”, afirmó Enríquez.
Los jueces apuntados
Los jueces apuntados en la denuncia son dos de los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 5: Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que es subrogante y este martes deja de intervenir en las causas de este tribunal.
Adrián Grünberg
Su tribunal oral de origen es el N°1 y subroga una vacante del TOF 5 hasta fines de este mes. Aunque ya no forma parte de la agrupación, estuvo en las filas de Justicia Legítima desde su fundación.
En marzo de este año, fue el único juez de su instancia en votar a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro, que luego fue cerrada por la Cámara de Casación. Siempre sostuvo que no existió delito ni perjuicio al Estado en las operatorias denunciadas.
Se pronunció en varias oportunidades, en el marco de la causa Río Turbio, a favor de la excarcelación del exministro de Planificación Julio De Vido, y sostuvo que no debía excederse el plazo de dos años de la prisión preventiva.
La presencia de Grünberg como juez suplente en este tribunal fue clave para conformar mayoría con su colega Obligado. Como en el Tribunal Oral Federal N° 5 había una vacante, hace dos años fue sorteado para integrar el tribunal. Su suplencia termina el martes, por eso el apuro para sacar hoy el fallo, dado que sino se hubiera sorteado otro juez y hubiera cambiado la integración del tribunal y eventualmente las mayorías.
Grünberg fue uno de los magistrados que apoyó el proyecto de “democratización de la Justicia” de Cristina Kirchner. Antes de ser nombrado juez del Tribunal Oral Federal 1 (llegó por concurso en 2009) fue cinco años secretario letrado de Carmen Argibay en la Corte Suprema. Reconoce como su maestro a Raúl Zaffaroni.
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, decidió que los subrogantes deben seguir interviniendo únicamente en los juicios en curso y en los que ya tengan fijada “fecha de inicio de audiencia de debate”. No en aquellos que ya están radicados en el tribunal pero que no tienen fecha de inicio para el juicio, y por eso corrieron a Martínez Sobrino y le abrieron el camino a Grünberg.
Grünberg ya había firmado el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el caso de dólar futuro. Había quedado en minoría en el tribunal oral federal N° 1. Luego la Casación sobreseyó a la vicepresidenta por esta causa. Luego de aquel voto solitario, se excusó de intervenir en el juicio contra la vicepresidenta. Antes ya había sobreseído al ex vicepresidente Amado Boudou por tener un auto con papeles truchos.
En el caso de José López votó por la condena del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, por enriquecimiento ilícito y luego apoyó su liberación, aún sin imponerle una caución real.
Asimismo se pronunció por excarcelar a Julio de Vido en la causa por desvíos de fondos en Río Turbio.
Daniel Obligado
Empezó su carrera judicial como auxiliar en un juzgado de instrucción, con la jueza María Servini. Es socio de la Asociación de Magistrados y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo.
En el año 2000 fue nombrado juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora, territorio en el que forjó vínculos con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual presidente del Consejo de la Magistratura, impulsado en ese cargo por el kirchnerismo.
Le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en el Caso Ciccone en plena pandemia y contra la opinión de los fiscales. Una vez que Boudou fue a su casa , al Corte confirmo su condena, pero Boudou nunca mas volvió a prisión a cumplirla porque Obligado entendió que debía seguir en libertad. Así asó el tiempo y con Boudou en su casa pidió la libertad condicional por el tiempo transcurrido desde su condena. La obtuvo merced a un generoso cómputo de sus días preso por los estudios cursados en prisión, lo que le permitió acelerar la progresividad del cumplimiento de la pena y quedar en libertad antes de tiempo.
Este año sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Memorándum con Irán, al entender que no era delito la firma de ese convenio. Lo hizo en un voto en el que analizó los elementos de prueba que había mencionado el fiscal Nisman en su denuncia y los descartó.
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