Piden nuevas medidas de prueba para investigar a Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K

El juez federal Sebastián Casanello dispuso una batería de medidas de prueba para ahondar la investigación sobre Cristina Kirchner en la causa por la ruta del dinero K, donde el empresario Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de dinero a 12 años de prisión.

Casanello, a instancias de la Cámara Federal, indagó a Cristina Kirchner y dispuso que no hay mérito para procesarla ni para sobreseerla. La Cámara encomendó resolver definitivamente su situación. Luego de la declaración de Leonardo Fariña como arrepentido en abril de 2016, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción del gobierno de Cambiemos pidieron su indagatoria por operaciones de lavado atribuidas a Báez. A instancias de la Cámara, Casanello la indagó y le dictó falta de mérito.

“Esta era la única solución posible, porque en nada había variado el escenario probatorio que, si ya era insuficiente para convocarla, más lo era para dictar un procesamiento. La pretensión de los acusadores y de la Cámara de adjudicar a Cristina Fernández de Kirchner los fondos que Báez tenía depositados en el exterior carecía, a mi entender, de correlato en la prueba de la causa. Primero, porque ni Cristina Kirchner ni sus allegados aparecían en los documentos que habíamos recibido del extranjero. Segundo, porque el propio Fariña, que realizó algunos aportes sustanciales a la investigación, había dejado en claro que las operaciones se hicieron “a sus espaldas”, escribió el juez.

Y desestimó también la teoría de que Báez constituyó una fundación panameña a nombre de sus cuatro hijos (donde colocó el dinero) y dispuso en un testamento que sus herederos no podían desprenderse del patrimonio legado por orden de Cristina Kirchner. Dijo que esa idea era “inconsistente” y, en cambio, “parecía que Báez asumía el dinero como propio y buscaba resguardarlo para su familia”.

No obstante, la insistencia de la Cámara llevó a profundizar el caso. Tras pedir opinión al fiscal Guillermo Marijuan, Casanello entendió que había que disponer nuevas medidas para definir la situación de Kirchner y de Juan Pedro Damiani Sobrero (expresidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, intermediario en la compra del campo El Entrevero.

“Aún no se encuentra agotada la instrucción, no solo por los pedidos de colaboración en curso ante autoridades extranjeras, sino también en atención a las nuevas diligencias encargadas”, dijo el juez.

Sobrero fue indagado por movimientos bancarios registrados en una cuenta de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, entre el 16 de noviembre de 2010 y el 5 de enero de 2012, por U$S3.302.091, girados al Citibank suizo a la cuenta a nombre de Redwood Associates Corp., sociedad panameña controlada por Sobrero. En ambas cuentas figura como el beneficiario final de los fondos circulantes. “No se ha logrado desestimar la sospecha de que el encartado haya administrado fondos vinculados a Lázaro Antonio Báez”.

Demarco, fue procesado y luego esa decisión revocada por la Cámara de Apelaciones porque trabajó buscando inversiones en Uruguay por la firma de un compromiso de compraventa por un lote. “Se encuentra en duda la posibilidad que tuvo el imputado de conocer que con su aporte daba inicio a una operatoria de lavado de dinero”, dijo el juez.

Por eso es que dispuso la siguientes medidas de prueba:

• Pidió a la Unidad de Información Financiera que analiza los documentos sobre Damiani Sobrero aportados por Panamá, Liechtenstein y la Confederación Suiza con respecto a las sociedades asociadas a él y los legajos bancarios aportados. También, que recabe información sobre operaciones de Damiani Sobrero en Uruguay.
• Pidió a la cancillería que averigüe en que está un exhorto enviado a los Estados Unidos.
• Pidió saber los avances de la investigación relacionada con la construcción y administración del mausoleo del expresidente Néstor Kirchner por parte de Lázaro Báez. Asimismo, quiere saber si Báez fue alguna vez funcionario o empleado santacruceño.
• Pidió los registros de llamados telefónicos de Lázaro Báez con Ernesto Clarens, José Francisco López, Sergio Passacantando, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, y con los teléfonos de Presidencia de la Nación, a nombre de los secretarios de los Kirchner. Pidió también el peritaje telefónico del teléfono de José López y sus llamados con Lázaro Báez.
• Solicitó a la Secretaría General de la Presidencia los registros de entradas de Lázaro Báez y otros acusados a la Casa de Gobierno, entre octubre de 2010 y abril de 2013.

Mientras se profundizan estas medidas, la Cámara de Casación analiza la sentencia de la causa en que la que fue condenado Báez por lavado de dinero, junto a sus hijos, colaboradores y financistas que trabajaron para ocultar el movimiento de fondos. Los jueces de la Casación deben decidir si confirman o no esas condenas.

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