Piden peritar cuatro años de llamadas y dos años de ingresos de “Pepín” Rodríguez Simón a la Casa Rosada y la quinta de Olivos
El fiscal Franco Picardi, que investiga la causa de la supuesta “mesa judicial” de Cambiemos, solicitó la información para vincularla con supuestas presiones para forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la procuración
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LA NACION
El fiscal federal Franco Picardi requirió el listado completo de los ingresos de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a la quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada, entre 2016 y 2017, y los llamados telefónicos que haya registrado a su nombre desde diciembre de 2015 a 2019. El pedido quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti a cargo de la causa de la presunta “mesa judicial” montada por exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri para presionar a la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para que presente su renuncia.
En particular, pidió que se informen “todos aquellos ingresos y salidas a ambas sedes de gobierno” y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que incluyan “registros de fechas, horarios, autorizaciones de ingreso, motivos, a quién/es visitó, tiempo de permanencia, acompañantes, etc.” en el período indicado.
También instó a que se informen “todos aquellos abonados telefónicos que haya registrado Fabián Rodríguez Simón a su nombre”, durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. Asimismo, solicitó que “una vez establecidas todas las líneas de teléfono indicadas, se deberá obtener el registro digital de llamadas y mensajes de textos entrantes y salientes con activación de celdas, en el período comprendido a los 10 días anteriores y posteriores de los eventos o hitos” que detalla el escrito judicial.
Picardi viene de sufrir un revés con otra medida de prueba solicitada en el marco de la causa de la mesa judicial: un peritaje -o “ciberpatrullaje”- sobre los posteos y opiniones críticas de Mauricio Macri y otros referentes de Cambiemos contra magistrados, a los largo de los cuatro años de su mandato. El peritaje fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (Dajudeco), que depende de la Corte, pero fue objetado ante el máximo tribunal por el exministro de Justicia Germán Garavano y Elisa Carrió. La jueza Capuchetti entendió que se violó la libertad de expresión.
En esta ocasión, el fiscal Picardi requirió que “se realice un entrecruzamiento tendiente a establecer los números telefónicos que establecieron comunicación, con mayor frecuencia, con Rodríguez Simón. Respecto de estos, deberá establecerse la titularidad de las líneas resultantes. También, será necesario que se precisen aquellos registros de números encriptados con los que se pudo haber establecido contacto”. Por último, indicó que “deberán establecerse las geolocalizaciones más frecuentes de ambos, correspondientes a los períodos precedentemente enunciados”.
“Se trata, a mi criterio, de una disposición necesaria para profundizar adecuadamente el conocimiento de los hechos que integran el caso”, justificó el fiscal. En esta línea, consideró que Alejandra Gils Carbó dio cuenta de las presiones posiblemente realizadas en miras a su renuncia, pese a que no las denunció formalmente. Además, Picardi señaló que Rodríguez Simón “habría dirigido amenazas expresas a esta última, por intermedio del [fiscal] Dr. Gabriel De Vedia, en el marco de un encuentro aparentemente institucional”. Por lo tanto, explicó que el “estudio de comunicaciones” que propugna “se impone como necesario para conocer en mayor profundidad el contexto de presiones descripto, las posibles relaciones o vínculos presentes entre los hitos y hechos señalados, y la relevancia de las intervenciones descriptas”.
La “mesa judicial”
La investigación en cuestión comenzó a raíz de la denuncia presentada el 3 de diciembre de 2019 por Pablo Néstor Íbalo, quien señaló que “el fiscal Gabriel De Vedia ha brindado recientemente varias entrevistas a distintos medios periodísticos, en la que ha sido muy claro sobre la intervención de Fabián Rodríguez Simón, principal asesor jurídico presidencial y con cargo formal de legislador del Parlasur, en las maniobras puntuales desplegadas desde las máximas autoridades del gobierno nacional de Mauricio Macri para forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó al cargo de Procuradora General de la Nación”.
También resaltó que la exprocuradora General, declaró: “Es un hecho público que a partir de agosto de 2015 yo soy presionada por el gobierno de Mauricio Macri, diría perseguida durante años para obtener mi renuncia, desde antes que asuma como Presidente, una violencia que se reproduce a través de los medios por las palabras mismas del entonces candidato y luego Presidente Mauricio Macri y por un coro de funcionarios que también replicaban esa exigencia de que renunciara, lo cual era absolutamente grave tratándose del cargo de Procurador General de la Nación, uno de los de más alta jerarquía de la Justicia…”.
En este sentido, De Vedia describió una conversación que tuvo con Rodríguez Simón en la que le preguntó cuándo se iba a terminar la persecución de Gils Carbó y él le respondió: “Si me conseguís la renuncia, termina acá”.
Indicó que los casos puntuales “para ejercer presión sobre la decisión de ciertos magistrados/as en casos concretos” relativos a la investigación, además de involucrar a la Dra. Alejandra Gils Carbó, versan sobre la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Dra. Ana María Figueroa; a la titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo nro. 2 de San Martín, Dra. Martina Isabel Forns; a la integrante de la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dra. Marcela Pérez Pardo; al vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de San Martín, Dr. Eduardo Guillermo Farah; al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 de la Plata, Dr. Alejo Ramos Padilla; al exintegrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Dr. Eduardo Freiler y, a los siguientes magistrados/as integrantes de la Justicia Nacional del Trabajo: Dres/as. Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis A. Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo.
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