Ordenan la intervención del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba por una causa de lavado de dinero

CÓRDOBA.- Crece el escándalo por el procesamiento de la cúpula del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba por los delitos de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos.

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro dispuso hoy la intervención judicial del Fondo Compensador del Sindicato de Luz y Fuerza local, aceptando parcialmente un pedido realizado por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien había solicitado la intervención total.

El pedido de Casas Nóblega se dio tras el procesamiento de dirigentes en una causa de lavado de activos, asociación ilícita y el delito de defraudación. El magistrado resolvió designar a contadores dependientes de Gendarmería Nacional Ximena Ladrón de Guevara y Fernando Agustín Rizzi como administradores del Fondo Compensador. Ambos fueron designados también como veedores de la administración de Luz y Fuerza, “debiendo requerir y presentar toda documentación contable respaldatoria de cualquier pago realizado por el sindicato a fin de demostrar la trazabilidad de la operación económica correspondiente, ordenándoles a los contadores designados la presentación cada 30 días de un informe al tribunal respecto a las tareas encomendadas, reportando inmediatamente cualquier tipo de irregularidad detectada”.

La causa, sin detenidos, desde la semana pasada tiene a varios imputados, entre ellos al secretario general de Luz y Fuerza local, Gabriel Suárez.

En su presentación el Fiscal repasa que, desde 2011 a la actualidad, la cúpula del gremio junto con otros miembros del sindicato “aprovechándose de su situación del poder y las facultades que poseían sobre la administración de las cuentas bancarias y disposición de fondos de la asociación, desviaron elevadas sumas de dinero”.

La denuncia que derivó en el procesamiento fue realizada en abril de 2019 por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se originó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Acusaciones contra el juez

Después del procesamiento, el secretario general Gabriel Suárez dijo que rechazan la decisión judicial porque “la pericia contable todavía no comenzó”. Y aseguró que pusieron a disposición “estructuras contables importantes para esclarecer cualquier tipo de inconveniente que se genere en base a la pericia”.

También consideró que el accionar de Bustos Fierro es “netamente político. Yo creo que ha molestado mucho que un gremio como Luz y Fuerza no se haya sometido a la intención de privatización del Gobierno de Córdoba. Molestó el apoyo de alguna manera al Frente de Todos, a consecuencia de apoyo que tiene nuestra organización sindical referido al proyecto de viviendas en Jardín del Pilar”.

Casas Nóblega equipara la situación a la del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), intervenido en febrero de 2020. Sus líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estuvieron detenidos y están acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Con información de Télam

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