Piden que la Justicia argentina ordene la detención internacional de Nicolás Maduro

La Cámara Federal celebró hoy en los tribunales de Comodoro Py una audiencia con presuntas víctimas del régimen venezolano para tratar un pedido de detención e indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue en el marco de una causa radicada en la Justicia local el año pasado bajo el principio de “justicia universal”.

En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de aquel país.

De la audiencia participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Pedimos la indagatoria de Nicolás Maduro y el resto de los imputados, además que se ordene la orden de captura internacional respecto a eso”, indicó ante la prensa Tomás Farini Duggan, abogado de la querella, de la que también forma parte el ministro de seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), Waldo Wolff. El funcionario porteño también estuvo presente en la audiencia celebrada en los tribunales de Retiro.

“Tenemos un momento histórico para la Justicia argentina, porque existe la posibilidad de que se ponga en frente de los derechos humanos y ordene la detención de los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de América”, señaló el ministro de Seguridad.

En línea con la querella, la fiscalía solicitó la indagatoria y el pedido de captura internacional del presidente Maduro y su mano derecha, Cabello. “Todo demuestra que son los responsables de los delitos de lesa humanidad”, resaltaron a LA NACION.

La apelación que trata la Cámara Federal es contra una decisión de primera instancia del juez federal Sebastián Ramos. “[Es por los] graves hechos de violaciones a los derechos de diferentes poblaciones civiles que se encuentran en Venezuela, principalmente torturas, secuestros, violaciones y homicidios”, completó el letrado en la previa a la audiencia.

A los 15 minutos de iniciadas las presentaciones que dispuso la querella -dos víctimas y tres testigos brindaron declaración bajo identidad reservada-, la ministra Bullrich llegó a la sala A en la planta baja de los tribunales de Retiro. La ministra saludó, pidió disculpas por la corta interrupción, y se sentó en segunda fila, donde permaneció durante poco más de 30 minutos. Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura y ex funcionaria de la AFIP en el gobierno de Cambiemos, y el diputado de Pro Fernando Iglesias también estuvieron presentes en la audiencia.

El pedido de captura contra el presidente venezolano –cuya legitimidad tras las elecciones de julio es amplia y duramente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional– fue solicitado ante el juez federal Ramos en el marco de una causa iniciada en julio de 2023 cuya investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Fue luego de que la fundación “Clooney Foundation for Justice” -una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su pareja Amal, una abogada defensora de los DDHH- presentara una denuncia en los tribunales de Retiro para que se investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

Stornelli, y su par ante la Cámara de apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, también estuvieron presentes en una audiencia que se extendió por poco más de una hora y media y estuvo signada por el hermetismo.

En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, se denuncia un amplio abanico de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro –torturas, desapariciones, detenciones , etc. Según afirma la querella, estas suceden desde 2014 en suelo venezolano, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se dio ganador sin mostrar las actas de votación.

“Son hechos ordenados desde las más altas esferas del poder para generar terror y perpetuarse en el poder”, señaló la querella, antes de dar paso a las cinco presentaciones.

Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio bolivariano. Todo bajo la atenta mirada de los camaristas, Mariano Llorrens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

La víctima, que cuenta con status de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas, y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos. Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para 5 personas. “Orinábamos en botellas de plástico”, sostuvo. Su liberación, según indicó este mediodía ante la Justicia argentina, se dio solo a partir de una negociación política.

Otro testigo contó haber sido parte de “Marcha de los Estados”, una movilización que convocó a la sociedad civil a concentrarse en distintos puntos de Venezuela para manifestarse en contra del Gobierno venezolano. Según relató ante los jueces argentinos, fue interceptada por un “piquete” de la guardia nacional bolivariana que extinguió esa protesta a fuerza de gases lacrimógenos. Uno de ellos le explotó en su rostro. Al llegar al hospital, por el temor a ser capturada, indicó que la inflamación en su cara era producto de un golpe que había sufrido en su casa. Es que, según explicó, se había librado la orden de detener a los manifestantes que llegaban heridos a los hospitales.

El primer testigo que dispuso la querella afirmó haber estado detenido por tres años y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de “tortura psicológica” junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como “punto de quiebre” durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.

Además de la detención de Cabello y Maduro y su indagatoria, la querella solicitó unificar las distintas presentaciones que se sucedieron en el ultimo tiempo. El fiscal Agüero Iturbe se expresó a favor de lo pedido por oponerse a una “atomización” que “conspira” contra la causa que “tiende a repetir las medidas probatorias”.

La causa cuenta con informes de organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, y más de una decena de declaraciones reservadas.

En abril, la Cámara Federal ordenó revocar el archivo de una causa luego de que el juez Ramos decidiera inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, archivar la causa. En aquella oportunidad, los camaristas Llorrens, Bertuzzi y Bruglia escribieron: “es impostergable que el juez [por Ramos] resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”

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