Piden juicio político contra una jueza por liberar a un violador
LA NACIONLaura Serra
Con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del Observatorio de las Víctimas de Delitos, se presentó ante el Consejo de la Magistratura bonaerense un pedido de juicio político contra la jueza María Inés Piñeiro Bertot, a cargo del Tribunal en lo Criminal de San Martín, a quien se la acusó de haber incurrido en faltas graves, violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión severas irregularidades al beneficiar con la prisión domiciliaria a un peligroso abusador de menores.
Se trata del segundo pedido de juicio político impulsado por Massa a jueces que, con el argumento de la pandemia de coronavirus, beneficiaron con excarcelaciones y prisiones domiciliarias a presos detenidos por delitos graves. En el caso del pedido de juicio político a la jueza Piñeiro Bertot, la presentación fue realizada por el diputado provincial Jorge D' Onofrio (Frente de Todos) junto a Antonia Méndez Martínez, madre de la menor María Nancy, violada por un allegado a la familia.
El abusador es Antonio Armando Di Palma, alias "Mandy", de 47 años, quien estaba preso en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica. El 7 de abril pasado, la magistrada decidió concederle el arresto domiciliario a cumplirse en la casa de un familiar en la que viven siete personas, dos de las cuales son menores de edad.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, que consideraba que Di Palma debía seguir preso, la jueza Piñeiro Bertot justificó su decisión en el avance de la pandemia de coronavirus en el país. Entre las irregularidades que habría cometido la magistrada, según consta en la presentación ante el Consejo de la Magistratura, se señala que Piñeiro Bertot ordenó que el informe social para verificar el lugar donde iba a ser remitido el abusador lo hiciera la Policía y no los peritos asistentes sociales que trabajan para la Justicia. Además, la jueza no pidió el informe interdisciplinario a la cárcel de Sierra Chica para que sus profesionales realizarán el análisis de pronóstico y viabilidad de salida.
Asimismo, en la denuncia se advirtió que la prisión domiciliaria otorgada a Di Palma se efectuó sin que haya caso alguno de coronavirus en el penal. Por último, se indicó que la jueza incumplió la ley de Víctimas (27.372), ya que la familia de la nena abusada se enteró por los medios de que "Mandy el violador" ya estaba en casa de sus familiares.
Por Laura Serra
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