Piden investigar y castigar a quien retuvo los cuadernos originales de Centeno

Con el avance del calendario electoral y la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder, recrudece el fuego cruzado sobre la causa de los cuadernos de la corrupción, que complica a Cristina Kirchner.

Con la aparición de seis cuadernos, supuestamente los originales sobre los que se basó la investigación, uno de los empresarios señalados por pagar coimas presentó una denuncia que pretende descubrir y castigar a quien los mantuvo ocultos desde que se inició el caso.

Por otro lado, el fiscal Jorge Di Lello, que investiga una causa de financiamiento electoral derivada del caso de los cuadernos, opinó que se debe sobreseer a los acusados porque la investigación fue llevada a cabo de manera defectuosa por el juez federal Claudio Bonadio.

Bonadio envió al Tribunal Oral Federal N° 7 los cuadernos originales que recibió el periodista de LA NACION Diego Cabot esta semana. Ahora, los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli deben decidir sobre ellos. Definirán si los incorporan como prueba en un futuro juicio contra Cristina Kirchner, si los peritan y si la aparición de los cuadernos afecta a Oscar Centeno, el chofer que había declarado haberlos quemado.

En el juzgado de Bonadio sostienen que esto no complica su situación, a pesar de que Centeno mintió. Centeno tiene estatus de arrepentido en esta causa. Haber mentido respecto del destino de los cuadernos podría configurar perjurio. El argumento de quienes sostienen que Centeno no cometió ese delito es que la "información" que brindó fue que las fotocopias correspondían a textos escritos por él y que lo que relataban esas anotaciones efectivamente había sucedido.

Hay otra cuestión que podría favorecer a Centeno. Cuando dijo que los había quemado, declaró en indagatoria y en esa circunstancia no está obligado a decir la verdad.

En paralelo, el empresario Néstor Otero, que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro, presentó una denuncia, que ya investiga el juez Ariel Lijo, para determinar quién tuvo esos cuadernos todo este tiempo. El autor podría ser acusado por el delito de encubrimiento.

Otero pidió que el juez Lijo realice un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, que se revisen las celdas desde donde se activó el celular del periodista para saber su ubicación y el número desde el cual recibió la llamada para hacerse de los cuadernos, su declaración como testigo y las cámaras de las zonas aledañas al lugar donde recibió las pruebas.

Máximo Kirchner

El otro movimiento en el expediente fue que el fiscal Di Lello dictaminó que se debe sobreseer a Máximo Kirchner, a Eduardo "Wado" de Pedro, José Ottavis y Andrés Larroque, todos ellos acusados de recibir dinero de la recaudación ilegal que registran los cuadernos para usarlo en la campaña electoral.

Di Lello dijo que la jueza María Servini debe desvincularlos del caso y cuestionó la validez como prueba de la declaración como arrepentido del exsecretario de Obras Públicas José López, por no haber sido filmada. También puso en duda el valor probatorio de los ocho cuadernos del también arrepentido remisero Oscar Centeno.

El fiscal opinó que se debe declarar nulo todo lo hecho en esta parte de la investigación y sobreseer a Kirchner, Ottavis, De Pedro, Larroque, Julián Álvarez, los exintendentes Enrique "Japonés" García (Vicente López) y Ricardo Ivoskus (San Martín), y el empresario Sergio Szpolski.

Di Lello sostuvo que la declaración de López, en la que aludió a entregas de dinero ilegales para campañas electorales e involucró a todos los hasta ahora imputados, no es válida porque no quedó registrada en ningún "medio idóneo" que pueda ser reproducido, como dispone la ley del arrepentido.

Este cuestionamiento de las defensas ya fue rechazado por Bonadio, la Cámara Federal y la Cámara de Casación. Pero en la causa a su cargo Di Lello se decidió por invalidar los dichos de López y cuestionó la veracidad como prueba de los cuadernos. "Corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora", criticó.

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