Piden investigar el pago de indemnizaciones a detenidos uruguayos durante la dictadura argentina

El pago de indemnizaciones a personas detenidas durante la dictadura militar esconde graves irregularidades, según la ampliación de una denuncia presentada en el juzgado federal de Ariel Lijo. En su escrito, el investigador José D’Angelo planteó sospechas en torno de 20 casos de ciudadanos uruguayos, que habrían cobrado resarcimientos millonarios en la Argentina, cuando sufrieron en su propio país el mayor período de privación de la libertad. En algunos casos, incluso, habrían cobrado resarcimientos en ambos países.

Un ejemplo sería el caso de la maestra Sara Rita Méndez Lompodio, militante del Partido por la Victoria del Pueblo en Uruguay, que llegó a la Argentina en forma clandestina en 1973. Según la denuncia, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y 11 días después fue trasladada a Montevideo. Por esos 11 días de cautiverio, a partir de las leyes reparatorias (24.403 y normas sucesivas) cobró una indemnización de $22,1 millones, a valores de hoy, en dos pagos realizados en 2007 y en 2015, ambos durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Ese monto implica un pago de $2.010.000 por cada día de detención, aunque en la denuncia se pide investigar si para fijar el monto abonado las autoridades argentinas no computaron el período que permaneció detenida en Uruguay. En diálogo con LA NACION, D’Angelo estimó que el cálculo base establecido por las leyes reparatorias argentinas –la 30ª. parte del sueldo más alto de la administración pública por cada día de encierro- arroja $4416 por día de detención o exilio.

También se solicita en la denuncia verificar si Méndez Lompodio recibió en su país un beneficio de seguridad social y pensión reparatoria, dispuesta por la ley local 18.033, promulgada en 2010, durante el mandato de José Mujica, para quienes estuvieron presos o en la clandestinidad, exiliados o hayan sido despedidos de la actividad privada entre febrero de 1973 y el mismo mes de 1985.

Otro caso citado por D’Angelo es el de Gastón Zina Figueredo, también uruguayo, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti. Fue detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado a Uruguay el 24 del mismo mes, donde permaneció en el penal Libertad, hasta que fue liberado en 1978. El gobierno de Cristina Kirchner le pagó en 2009 una indemnización de $25,7 millones. También solicita clarificar si por los dos años que permaneció detenido en Uruguay cobró resarcimiento en ambas orillas.

También menciona el caso de Beatriz Victoria Barboza Sánchez, quien estuvo un día detenida en Buenos Aires y fue enviada a Uruguay en la misma jornada. Estuvo presa en su país durante cuatro años. “Cobró $7.693.537.del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner”, se indica en el escrito.

Como lo hizo en su presentación anterior, el autor de la denuncia pidió al juez Lijo que investigue si se cometieron delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al otorgar los beneficios de las leyes reparatorias en casos que no corresponderían. D’Angelo investiga desde hace varios años situaciones irregulares en la política y el discurso de los derechos humanos durante el período kirchnerista, y presentó varias denuncias, a partir del trabajo reunido en sus libros “Mentirás tus muertos”, en el que pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, y “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”.

Sumas millonarias

“En los veinte casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones, como si todos los días en que estuvieron detenidos, lo hubieran sido en jurisdicción de nuestro país”, argumentó D’Angelo.

Solicitó, además, conocer si en cada uno de los 20 casos presentados se paga en nuestro país “una pensión mensual graciable por la ley reparatoria 26.913, que equivale a dos jubilaciones mínimas”, beneficio que se extendería a los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, en caso de fallecimiento.

Del mismo modo, se pide “librar oficios para saber si estas personas también cobraron y cobran en Uruguay, por los mismos hechos, indemnizaciones y pensiones”.

El autor de la denuncia reclama, incluso, que se cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de los hechos denunciados y al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Cancillería, para que informe el número total de casos de indemnizaciones, compensaciones y/o beneficios mensuales efectivamente dispuestos y el dinero erogado cada año, desde la sanción de las leyes reparatorias, además de la nómina de beneficiados, entre otros requerimientos.

Los casos

Algunos de los casos citados en la denuncia son los siguientes:

• Carlos Enrique Rodríguez Martínez. En 1973, instaurada la dictadura militar en Uruguay, se radicó en la Argentina. Fue detenido el 30 de junio de 1976 en Flores y trasladado clandestinamente a Montevideo 24 días después. Liberado en 1982, emigró a Suecia. En noviembre de 2009 cobró dos pagos de indemnizaciones, por $4 millones y $ 67,6 millones. En total: $71,6 millones, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
• Raquel Nogueira Paullier. Trasladada a un penal uruguayo, luego de permanecer detenida diez días en la Argentina. Partió a Suecia en enero de 1978. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones $3,5 millones y $22,2 millones, ambas en 1009.
• Margarita Michelini Dellepiane. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires y 11 días después trasladada a Uruguay. Recuperó su libertad en mayo de 1981.El Estado argentino le pagó $16 millones, en marzo de 2007.
• Sergio Rubén López Burgos. Detenido 11 días en Buenos Aires, en julio de 1976, y enviado a un instituto penal uruguayo donde permaneció en cautiverio hasta 1981.El Estado argentino le pagó en septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner, $24,6 millones.
• Víctor Hugo Lubán Peláez (argentino) y Marta Amalia Petrides (uruguaya). Detenidos en el conurbano el 15 de julio de 1976 y trasladados a Montevideo nueve días después. Al ser liberados, la pareja se exilió en Suecia. En 2011, Lubán Pérez cobró $ 16,5 millones, a valores de hoy, y en 2010, Petrides percibió $7 millones.
• Ana María Salvo Sánchez. Permaneció diez días detenida en Buenos Aires, en julio de 1976, y un año y medio en Uruguay. En 2009 se le pagó $ 9,5 millones.
• Alicia Raquel Cadenas Ravela. En julio de 2009 cobró una indemnización de $8 millones. Había permanecido detenida diez días y trasladada a Uruguay, donde estuvo tres años privada de su libertad.
• María Elba Rama Molla. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires, a los diez d días fue enviada a Uruguay, donde permaneció detenida cinco años. Cobró $17,2 millones en 2008, durante el mandato de Cristina Kirchner.
• Raúl Altuna Facal. Fue detenido 11 días en la Argentina y trasladado a Uruguay, donde fue liberado en mayo de 1981. Cobró en nuestro país una indemnización de $ 17,1 millones, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
• Asilú Sonia Maceiro Pérez. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y trasladada el 24 de ese mes a Montevideo. Se le pagó en 2012 una ndemnización de $ 5,7 millones.
• Cecilia Irene Gayoso. Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada 16 días después a al Uruguay, donde estuvo en prisión hasta fines de 1977. En enero de 2012cobró $3,1 millones.
• María Mónica Soliño Platero. Permaneció detenida 17 días en Buenos Aires, en julio de 1976 y, luego, 17 meses en Uruguay. El gobierno de Cristina Kirchner le abonó $5,2 millones.
• Ana Inés Quadros Herrera. Estuvo detenida 11 días en la Argentina y fue repatriada a Uruguay, donde siguió encarcelada. El gobierno de Cristina Kirchner le pagó en 1008 la suma de $16,5 millones.
• Jorge González Cardozo. Apresado en junio de 1976, en el Gran Buenos Aires, fue trasladado a Uruguay 40 días después. En julio de 2006 cobró $28,6 millones, a valores actuales.

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