Piden investigar a empresarios argentinos con negocios en Venezuela: denuncian lavado, financiamiento del terrorismo y corrupción

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el parlamentario del Mercosur Álvaro de Lamadrid presentaron una denuncia en la justicia federal de Comodoro Py para que se investiguen negocios de argentinos en Venezuela por los posibles delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción.

La causa fue sorteada hoy en la Cámara Federal y recayó en el juzgado federal numero 12, que subroga el juez Ariel Lijo.

La denuncia se conoció en momento en que la propia Talerico es buscada por una orden judicial de la justicia venezolana junto con otras 13 personas. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que se han solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

La lista de personas buscadas se extiende también al diputado Ricardo López Murphy, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro; el abogado Leonardo Camicher; los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona y Diego Iglesias, y Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial. Saab ya había pedido la detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Los denunciantes señalaron que esos posibles hechos de corrupción, lavado de activos y de financiación del terrorismo pueden estar sucediendo en Argentina a partir de vínculos comerciales, económicos y financieros de personas físicas o jurídicas argentinas con miembros del gobierno de Venezuela.

En su hipótesis, postulan en Venezuela existe una “organización criminal de Estado”, pues tras “el ropaje de un gobierno que usurpa el poder con elecciones fraguadas”, existe una maquinaria de crimen trasnacional.

“Las actividades criminales que desarrollan se expanden y se vinculan con la actividad narco del poderoso Cartel de los Soles, con la trata de personas y tráfico de migrantes, el tráfico de armas, la falsificación de moneda, el tráfico ilícito de minerales (petróleo, oro, coltán), el lavado de dinero, la financiación y el soporte al terrorismo con los ingresos que obtienen de las actividades criminales, detentando además el control total de rutas, puertos, aeropuertos, aduana, migraciones, agencias de investigación y judiciales”, dice la presentación.

Indican los denunciantes que “la subsistencia en el poder de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Rodríguez se apalanca en el control total de los poderes del Estado y en la actividad de los altos mandos militares que reprimen, matan, apresan a opositores políticos y a la ciudadanía en general, pues han conformado una verdadera red criminal transnacional asociada a otros grupos como El Tren de Aragua, las FARC, el ELN, Hezbollah y con apoyo de otros Estados como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Rusia, Irán”.

Para justificar su grave denuncia, Talerico y Lamadrid afirman que “los vínculos del exembajador argentino ante Venezuela Oscar Laborde”, designado por Alberto Fernández, “nos convencen de la posible existencia en Argentina de operaciones vinculadas con la organización criminal que hemos descripto y que insistimos, podrían constituir hipótesis de lavado de dinero y financiación del terrorismo”.

Mencionan una foto de Laborda junto a Patricio Passet y un recorte de un diario venezolano donde se lee: “Argentinos invierten en el país 1500 millones de dólares”. Según noticias publicadas en medios venezolanos, Passet es el “presidente de Asociación de Productores Argentinos en Venezuela” y él mismo junto a otros supuestos inversores argentinos, como José Luis Domínguez (gestión de residuos de Isla Margarita), Marcos Zandomeni (petróleo), Julián Arostegui (petróleo), Sebastián García (agricultura), se han mostrado junto a Diosdado Cabello”.

Como embajador, Laborde difundió varios encuentros entre empresarios argentinos y venezolanos, y acompañó a delegaciones argentinas a Caracas.

Según los dichos de Passet, muchos argentinos están haciendo negocios en Venezuela. Para los denunciantes, “no hay dudas que esos emprendimientos conllevan la sospecha de ser negocios corruptos habilitados por la organización criminal y que de existir transferencias de dinero a nuestro país, podrían constituir esquemas de lavado de dinero en la medida que el régimen necesita sacar el dinero de ese país para luego hacerlo circular por el sistema financiero global para que los posible sobreprecios lleguen a sus bolsillos”, señala la denuncia.

La presentación pone en foco posibles operaciones de la firma Ex CLE S.A., fundada por el argentino Guillermo San Agustín. Se pide investigar a sus socios y determinar si se han realizando operaciones en el sistema bancario, bursátil o de seguros en Argentina.

“Sin dudas la investigación orientada a detectar posibles maniobras de lavado de dinero en nuestro país no puede perder de vista que el movimiento de fondos puede terminar en manos de organizaciones vinculadas al terrorismo. Mayor rigor debe observarse teniendo en cuenta los acontecimientos que involucran en este tiempo a Israel y su lucha contra las organizaciones terrorista de Hamás y Hezbolá”, señala el escrito.

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