Piden informes a Axel Kicillof por las licencias de juego a Cristóbal López y Daniel Angelici
LA NACIONLucila Marin
La oposición de Juntos por el Cambio cuestionó las licencias para operar plataformas de juego online que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, otorgó el martes pasado a siete operadores, entre los cuales destacaban los nombres de Cristóbal López, que de esa manera volvió a poner un pie en el negocio del azar en la provincia, y Daniel Angelici, operador judicial, amigo del expresidente Mauricio Macri y uno de los artífices detrás de la habilitación del juego online desde el gobierno de María Eugenia Vidal.
Ayer, la Coalición Cívica presentó un pedido de acceso a la información pidiendo que el Instituto de Loterías y Casinos detalle el proceso por el cual se otorgaron esas licencias, con el argumento de que no cumplirían con las reglas establecidas por la ley 15.079 para poder participar de la licitación.
"Cuando tratamos la regulación del juego online en la provincia, desde la Coalición creíamos que faltaban mayores controles para que los antiguos dueños de los casinos y bingos no ingresaran a la actividad. En este caso, siguen habilitando al empresariado más gregario, y así, las dinámicas más viciadas de la provincia", declaró Maricel Etchecoin, diputada bonaerense y presidenta de la Comisión de Adicciones de la Cámara baja.
Luego de "pisar" la licitación iniciada por Vidal durante un año, la administración de Kicillof defendió la entrega de licencias por su impacto fiscal:la Provincia recaudaría más de $545 millones: $90 millones en concepto de Ingresos Brutos, $65 millones por cada licenciatario en concepto de seguro establecidos en el artículo 3 y un 2% de las utilidades brutas por las apuestas.
Siguen habilitando al empresariado más gregario, y así, las dinámicas más viciadas de la provincia
"Como ha trascendido públicamente, hay licencias otorgadas a sociedades vinculadas por ejemplo a Daniel Angelici y Cristóbal López. Loterías de la provincia de Buenos Aires tiene que acreditar cómo cumplió la ley y si no benefició ilegalmente a estos o a otros empresarios", reclaman desde la Coalición.
Asociado a Intralot International, Cristóbal López participó de la compulsa a través de la empresa Binbaires SA, donde tiene como socios a Federico de Achával y Ricardo Benedicto. El empresario kirchnerista se encuentra investigado por la quiebra de la empresa Oil Combustibles y por maniobras de evasión multimillonarias. Desde la Coalición Cívica apuntaron que la ley 15.079 prohíbe otorgar licencias a empresas concursadas, intervenidas o inhabilitadas.
Daniel Angelici participó de la compulsa asociado con Stars Interactive Limited, compañía canadiense que opera Pokerstars. Para la Coalición Cívica, podría estar impedido por haber sido directivo deportivo (presidió Boca Juniors) y mantener una fuerte influencia en la organización del fútbol, uno de los principales deportes sobre los que se desarrollan las apuestas, lo cual está estipulado en la ley mencionada.
El vínculo podría ser más directo: Angelici es el jefe político de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión de Vidal –que inició la licitación– y actual diputado bonaerense de Juntos por el Cambio.
"Con las prohibiciones se buscaba evitar que las personas ligadas al delito y al crimen organizado sean operadoras. También con no otorgar ventajas a quienes efectivamente son organizadoras de los eventos, por ejemplo, deportivos, sobre los que versan las apuestas a fin de evitar el fraude", agregaron desde la tropa de Elisa Carrió, rival acérrima de Angelici.
"Si bien nosotros en líneas generales estamos de acuerdo con que al juego online hay que regularlo, creemos que tiene que ir acompañado de varias acciones que la ley ya tiene establecidas y al mismo tiempo se sancionó una ley de ludopatía que todavía no la implementaron", dijo Etchecoin, autora del proyecto que propone prohibir la publicidad o promoción en los juegos. La norma también prohíbe que en los juegos de azar se puedan utilizar tarjetas de débito o transferencias de fondos correspondientes a cajas de ahorro destinadas al pago de programas de ayuda social de Anses.
Por Lucila Marin
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