Piden elevar a juicio oral la causa por amenazas a Vidal
La medida fue requerida por el fiscal Carlos Hernán García, de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, al juez Jorge Rodríguez
LA NACIONEduardo D'Argenio
LA PLATA.- Por las amenazas que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , sufrió el año pasado, la Justicia solicitó la elevación a juicio oral de la causa de un hombre que se ya encuentra detenido.
La medida fue requerida por el fiscal Carlos Hernán García, de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, al juez Jorge Rodríguez, quien en los próximos días deberá hacer lugar o no al pedido del representante del Ministerio público.
Las intimidaciones se efectuaron en agosto de 2016, cuando el imputado, a través de llamadas telefónicas a la línea 911, le transmitió a la mandataria provincial que había colocado un artefacto explosivo en su vivienda.
Se trata de Carlos Darío Lares, de 30 años, quien se encuentra detenido, acusado de haber llevado adelante los llamados. El delito por el que está imputado es el de “intimidación pública, en concurso ideal con el de tenencia de material explosivo sin la debida autorización legal”.
El fiscal García tuvo en cuenta, al analizar los elementos de prueba incorporados a la causa, que en poder del hombre se secuestró una granada marca FK2, al tiempo que se comprobó que en agosto del año pasado Lares efectuó las llamadas amenazantes al 911 desde el teléfono celular de su sobrina menor de edad, “bajo la creencia de no ser identificado”.
Como consecuencia de éstas y otras amenazas y episodios intimidatorios, por razones de seguridad la gobernadora se mudó al interior de la Base Aérea de Palomar, donde vive con sus tres hijos, luego de la separación de su esposo, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.
Al solicitar la elevación a juicio oral, el fiscal subrayó que “amenazó con la comisión de un delito que atañe a la sociedad, no solo por la calidad de funcionaria pública que reviste Vidal, sino porque la circunstancia de haber hecho deflagrar la granada habría afectado a otros integrantes de la comunidad y, claro está, al grupo familiar de la gobernadora”.
Asimismo, consideró que el acusado “logró infundir temor público y producir conmoción social, ya que sus amenazas fueron idóneas para transcender públicamente, además de tomar estado en los medios de comunicación masivos”, lo que además “provocó que se refuerce el servicio de custodia” para la mandataria provincial.
Días después del allanamiento a la vivienda de Lares, personal de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad procedió a detonar la granada allí descubierta en un espacio público y despejado.
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