Denunciaron a los jueces que anularon la causa de la defraudación con las tarjetas en la Legislatura bonaerense
La presentación la hicieron los opositores Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico; los denunciados son Juan Benavides y Alejandro Villordo
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LA NACION
Los camaristas platenses que anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que liberaron al dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”, fueron denunciados este lunes por dirigentes opositores que los acusaron de “mal de desempeño”, una de las causales de remoción de sus cargos.
Son Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, camaristas que hasta ahora no tenían denuncias abiertas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, el organismo que investiga la conducta de los jueces, según informaron a LA NACION fuentes de ese cuerpo.
La presentación contra los magistrados la hicieron Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico en el Ministerio Público bonaerense, que dirige Julio Conte Grand. A él le solicitaron que ordene una instrucción penal preparatoria para investigar “la legitimidad de los contratos y presentaciones del personal de la Legislatura Bonaerense” y que disponga una serie de medidas de prueba. También, que “oportunamente, y en caso de determinar que existen motivos suficientes, se promuevan las acciones penales conducentes”.
También solicitaron que se le pidiera a la Contaduría General de la provincia una auditoría sobre la Legislatura. Y que, en caso de determinarse que “existen motivos suficientes, se promueva un jury de enjuiciamiento contra Benavides y Villordo para su remoción por mal desempeño.
El Procurador recibió esta presentación y le dio intervención a la fiscalía general por la denuncia penal y a la Corte de la provincia, por la acusación contra los jueces, informaron fuentes oficiales al tanto de los trámites. Conte Grand les indicó además a los denunciantes que el pedido de jury lo presentaran ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, algo que harán en las próximas horas, informaron.
Benavides y Villordo integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. El jueves pasado hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Rigau y por esta vía extraordinaria no solo lo dejaron en libertad sino que declararon nula toda la causa. El caso se inició cuando Rigau fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos. Según la Cámara, la requisa que le hizo en aquel momento la Policía fue ilegal y esa ilegalidad de origen invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces.
Benavides y Villordo declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la Policía. Dijeron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que -según ellos- no se dio en este caso porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático. Sostuvieron que, por ende, debía caer toda la causa.
La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno, con un voto en disidencia muy duro del tercer integrante del tribunal, Fernando Jorge Mateos, que sostuvo que el accionar policial estaba justificado y afirmó: “No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad que finalmente se dictó. Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
La presentación de López Murphy, Talerico e Iguacel sostiene que Benavides y Villordo incurrieron en mal desempeño “por actuar contrariamente a lo sostenido por la jurisprudencia del fuero, a los criterios con los que deben resolverse las nulidades en los asuntos penales” y “por alejarse de las circunstancias de la causa y de los procedimientos legales ordinarios”.
“La presente acción no se funda en una mera diferencia con el criterio jurídico adoptado por los magistrados a quienes pedimos enjuiciar -dijeron-, sino con la adopción por parte de los cuestionados de una conducta que vulnera de modo grosero el debido procesal penal y las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en materia de lucha contra la corrupción.”
Según el acta policial que este jueves se declaró nula, Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. No se difunden las declaraciones juradas actualizadas de los legisladores y, con un presupuesto de $62.100 millones anuales entre las dos cámaras, la actividad este año fue de solo una sesión ordinaria. En su presentación, López Murphy, Talerico e Iguacel estiman que podría estarse ante un posible caso de corrupción de $50.000 millones al año.
LA NACION
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