Piden dar de baja a 3000 beneficiarios de pensiones que viven en el extranjero
La Justicia detectó que violan la normativa para acceder al beneficio y solicitó a la ministra Pettovello que les quite el privilegio
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LA NACION
La Justicia pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2954 beneficiarios que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pero que viven en el extranjero.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a garantizar una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no tengan jubilación o pensión.
La solicitud fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuan porque los beneficiarios se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años, sin condiciones de acceder a una jubilación, pero salieron del país y no registran un regreso.
La normativa establece que los beneficiarios del PUAM no pueden estar fuera del país más de 60 días.
El escrito del fiscal explica que se llegó a la conclusión “en el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.
La detección se suma al resto de las irregularidades descubiertas en los últimos meses en el padrón de beneficiarios de pensiones y planes sociales.
Días atrás, el Gobierno denunció ante la Justicia a miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo porque viajaron fuera de Latinoamérica, en cruceros o aviones, y estuvieron más de un mes fuera del país. La presentación –a la que accedió LA NACION– la realizó el ministerio a cargo de Sandra Pettovello ante el fiscal Eduardo Taiano, que viene reuniendo esta información desde la gestión de Alberto Fernández, en una causa que le delegó el juez federal Julián Ercolini.
En el expediente se presentó Leila Daniela Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, y adjuntó un informe producto de cruzar las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo. El trabajo concluyó que entre marzo de 2020 –cuando se creó el programa– y diciembre de 2023 hubo 122.600 titulares activos que aparecieron en los registros migratorios.
Unos 85 titulares viajaron a destinos fuera de Latinoamérica, 2939 titulares viajaron en avión o crucero, 14.695 titulares viajaron por un período mayor a 30 días. Y 4782 beneficiarios registraron más de un criterio analizado. En total, son 22.501 los titulares activos del plan Potenciar Trabajo que aparecen en al menos alguno de los tres criterios analizados, se indicó en el documento que el gobierno presentó ante la Justicia.
En febrero de 2024, los montos del programa del Potenciar Trabajo -que paga el ANSES- se mantienen en 78.000 pesos por cada beneficiario. Es la misma suma que percibieron en diciembre de 2023 y enero de 2024. El fiscal federal Guillermo Marijuan comenzó el año pasado haciendo un entrecruzamiento de información de la base de beneficiarios del plan con la AFIP y radicó una denuncia que quedó en el juzgado de Julián Ercolini.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien tomó también la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolff, ahora ministro de Seguridad porteño. Las mayores sospechas son que gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la Justicia o bien titulares de locales comerciales, así como arrendatarios, percibían el Potenciar Trabajo.
El fiscal Taiano solicitó a la AFIP un informe y al Banco Central pidió que notifique “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”. El 29 de diciembre pasado, Pettovello dio de baja 4588 planes porque los beneficiarios eran empleados públicos en 14 provincias que fueron analizadas.
El programa dependía en el gobierno anterior de Emilio Pérsico y la ministra era la actual diputada Victoria Tolosa Paz. Ambos fueron cuestionados por Marijuan el año pasado por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas. Por ejemplo, se descubrió entonces que 160.000 personas viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
Es incompatible con el plan “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado” o las personas que “realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
LA NACION
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