Piden cruzar llamadas de Carlos Zannini con funcionarios judiciales que impulsaron la quiebra del Correo Argentino
Lo solicitó la empresa al juez Sebastián Casanello; buscan probar que hay un intento coordinado de provocar un perjuicio económico a los hermanos e hijos del expresidente
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LA NACIONHernán Cappiello
El Correo Argentino, de la familia Macri, pidió al juez federal Sebastián Casanello que cruce las llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y los funcionarios judiciales que impulsaron que se declare la quiebra de la empresa, en una causa donde se investiga una supuesta maniobra coordinada para perjudicar a los hijos del expresidente.
La presentación la efectuaron los abogados Francisco Castex y Luciano Pauls, en representación de Socma, la empresa principal accionista del Correo residual, luego de que el gobierno de Néstor Kirchner se quedó con todos los activos de la empresa, incluidos depósitos, camiones, computadoras y sucursales.
Los querellante le pidieron a Casanello que analice las llamadas de la fiscal comercial Gabriela Boquín, de Zannini, del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, y de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, “quien estaría tras los actos de la fiscal Boquín”, dijeron los querellantes. El período pedido es desde el 28 de junio de 2016 hasta la actualidad, especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y “resoluciones persecutorios” hacia el Correo Argentino S.A.
El caso del Correo se decide en tribunales en varios expedientes. En la causa comercial el Estado le reclama a los accionistas una supuesta deuda por canones impagos, cuando era de Franco Macri; allí la fiscal Boquín calculó en 70.000 millones de pesos lo que se debe pagar. Los accionistas dijeron que están dispuestos a pagar el 100% de la deuda, calculada en 1300 millones de pesos, actualizados, de la deuda original de 296 millones de pesos (durante la convertibilidad).
Zannini rechazó ese monto, a pesar de que otros acreedores estuvieron de acuerdo, y la justicia comercial dispuso la quiebra del Correo, pero esa medida está suspendida y fue apelada. La Cámara Comercial, antes de revisar esa decisión, dijo que espera que la Corte decida si debe intervenir en el caso el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad o no. Por lo que el asunto entró en un impasse, sin fecha cierta de resolución. Zannini ya anticipó que quiere ir por los activos de la familia Macri pidiendo la extensión de la quiebra a Socma.
Existe además una denuncia penal contra los accionistas del Correo, porque Boquín entendió que la oferta que hicieron era abusiva. Esa causa está en el jugado de Ariel Lijo, que indago al apoderado del Correo y a su director, y aún no decide si los procesa o no. Tiene un estudio en sus manos que respalda el monto de la deuda que ofrece pagar el Correo.
Existen otras causas en el fuero contencioso administrativo donde el Correo le reclama al Estado que Néstor Kirchner se quedó con los activos de la empresa y le dejó los pasivos. Esos activos fueron valuados originalmente en unos 330 millones de pesos, lo que para el Correo -tras la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso- es más que la deuda que se le reclama. Para el Correo, sería el Estado en verdad el que le debe dinero, porque se quedó con sus máquinas, edificios, camiones y otros bienes.
Y, finalmente, está esta causa del juzgado de Casanello, donde el Correo denunció a Zannini y a los funcionarios judiciales que intervinieron en el trámite de la justicia comercial. En ese expediente, los accionistas pidieron ahora que Casanello reclame el caso del fuero comercial para verlo, que se analicen los dictámenes de Boquín, los antecedentes de la causa donde se les reconoce que se pague por la deuda el interés fijado en el contrato original, que declaren dos periodistas (Carlos Pagni e Iván Ruiz), que se consideren las declaraciones del exministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano y del exsenador y actual auditor Miguel Ángel Pichetto, quienes denunciaron públicamente la “persecución política de la es objeto Correo Argentino S.A”.
También solicitaron que “se disponga un registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, celulares, de trabajo o cualquier otro tipo de: Gabriela Boquín, Carlos Zannini, Ricardo Nissen y Alejandra Gils Carbó”; junto a una pericia informática que analice los mensajes de texto y de WhatsApp entrantes y salientes de sus teléfonos y una pericia informática que analice “los emails entrantes y salientes de las casillas de correo electrónico” de ellas.
Asimismo, pidieron que se registren sus computadoras y se pidan informes a la Procuración para determinar si “existen sumarios iniciados contra la fiscal Boquín sea por mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de sus funciones, acoso o maltrato o por cualquier otra irregularidad administrativa”.
Casanello, tras la solicitud del fiscal Carlos Rívolo, había cerrado el expediente al entender que esta causa penal no podía actuar como una instancia de revisión de la causa comercial. Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal, con la disidencia del juez Martín Irurzun, pero la Cámara de Casación resolvió hace pocas semanas que se reabra la investigación.
La decisión la tomó la Sala III del máximo tribunal penal, con las firmas de Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, al hacer lugar al recurso presentado por los querellante.
“Irregularidades”
Los representantes de Socma, la principal accionista de Correo Accionista S.A, denunciaron irregularidades por parte de la justicia comercial en el avance del proceso concursal de la firma, así como también de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo que hicieron pedidos y presentaciones para que fuera decretada su quiebra.
“Se habrían verificado una serie de irregularidades que podrían derivar en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático”, sostuvieron los denunciantes. Y cuestionaron el modo en que se designó a la nueva administradora judicial de la concursada.
Los camaristas dijeron en el fallo, al que accedió LA NACION, que se debe profundizar la investigación. “Sentados los hechos revelados y a los efectos del [fallo] dictado del auto en estudio lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino –en sentido inverso– estar en condiciones de negarlo con certeza, extremo que, por el momento, resulta prematuro afirmar pues se verifican medidas de prueba pendientes que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación, ya sea para confirmar la decisión que se impugna como para la continuación de la pesquisa”, consideraron.
El Gobierno viene fustigando a Macri con esta causa, que es la que mas le preocupa, y los accionistas denunciaron una persecución. Anteayer, el presidente Alberto Fernández volvió a recordar el caso: “Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes... Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos”.
Por Hernán Cappiello
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