Mendoza se presentó ante el Gobierno para pedir que frene la entrega de tierras a mapuches

MENDOZA.- La seguidilla de entrega de tierras a comunidades autodenominadas mapuches en Mendoza por parte del gobierno nacional, que suma más de 26.000 hectáreas, alarma a las autoridades cuyanas, que esta mañana se presentaron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en Buenos Aires, para pedir que revierta la medida. La provincia viene denunciando que el accionar de Nación afectará el desarrollo productivo y estratégico, en medio de una puja política que comenzó en plena pandemia.

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, presentó tres “recursos de reconsideración” contra las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de la administración de Alberto Fernández. “En los recursos que presentamos se plantean todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”, detalló Ibañez.

El gobernador Rodolfo Suárez había dicho que la cesión de terrenos, a instancias del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), incluye pozos petroleros de la zona de Vaca Muerta. “Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza. Además deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches”, se despachó el jefe del Estado mendocino.

“Las decisiones del INAI, instituto dependiente de un Ministerio nacional, afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales. Es por ello que presentaré ante el INAI los recursos administrativos que corresponden por la Ley de Procedimientos Administrativos. Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan”, apuntó el mandatario provincial, quien mantiene reuniones con el fiscal de Estado, Fernando Simón y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para trabajar en la elaboración de estos recursos.

Suárez fue más allá en la denuncia contra los “pseudo mapuches”, al cuestionar la decisión de Nación de avanzar sobre tierras donde se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta. “En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”, señaló Suarez, y agregó: “Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur”.

Por eso, el Ejecutivo local resolvió avanzar con el camino legal, en un intento por poner freno a las sorpresivas entregas, ya que denuncia que no hubo una consulta previa.

Entre los argumentos presentados durante esta jornada, el ministro de Gobierno destacó que las resoluciones del INAI “presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad”. En este sentido, el funcionario hizo hincapié en la férrea posición del Estado mendocino: “Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación del Gobierno Provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”.

También se cuestiona la vigencia de la emergencia dispuesta por Ley Nº 26.160, que fue prorrogada por diversas normas legislativas hasta el 23 de noviembre de 2021 y tuvo una última prórroga mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/2021 hasta noviembre de 2025. “En este punto se cuestiona la validez del Decreto, en tanto no se ha configurado la situación que prevé la Constitución para dictar una norma de esta naturaleza y menos aún, prorrogar una emergencia cuya declaración, determinación del plazo y alcances es atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación”, indicaron a LA NACIÓN desde el Ejecutivo provincial.

El viernes de la semana pasada se conoció la nueva decisión del Gobierno nacional, con la publicación en el Boletín Oficial. Se trata del reconocimiento, a través de la resolución 47/2023, por disposición del INAI, de la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, en territorio cuyano, otorgándole 4477 hectáreas en la localidad de Los Molles, en la comuna de Malargüe, a más de 300 kilómetros de la capital provincial. En la norma, quedó establecido en su articulado, a diferencia de las cesiones anteriores, que esa comunidad cuenta con personería jurídica.

Sin dudas, esta situación cayó como un baldazo de agua fría en las autoridades locales, en medio de prolongados conflictos que se desarrollan en otras provincias, como en Neuquén y en Río Negro, donde la semana pasada fue detenido Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y prófugo de la justicia chilena.

“El gobierno nacional está entregando además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas, iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, disparó el mandatario mendocino Suárez. Por su parte, el senador radical y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a condenar la decisión del gobierno de Alberto Fernández. “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches: un polígono en el ingreso a Las Leñas y otro frente a La Laguna de La Niña Encantada, que juntos suman 4477 hectáreas”, señaló el legislador y posible candidato a la Gobernación. “Más allá de toda la riqueza que Vaca Muerta significa, encontramos el detalle de que a cada instalación se le cobra por el uso de la tierra, por cada uno de los pozos, por cada kilómetro que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira”, sostuvo el ex gobernador. “Bajo el ala de una institución pública, el gobierno nacional está tomando una decisión inconstitucional que vulnera activos y recursos provinciales”, completó.

El nuevo reconocimiento de terrenos tensó más la cuerda entre ambos gobiernos, ya que el vínculo viene en crecientes problemas desde la pandemia, cuando Mendoza se quejaba de la discriminación en el envío de fondos. Luego, surgieron más cortocircuitos, que culminaron a fines del año pasado con el revés presidencial a la tan mentada “obra del siglo”, la megarepresa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, también proyectada en Malargüe.

Ahora, la puja se profundiza por la controversia y malestar que generaron la cesión, días atrás, de más de 21.000 hectáreas a dos grupos “autoidentificados” como mapuches de San Rafael y Malargüe, por parte del INAI. La diferencia con el nuevo caso es que la comunidad beneficiada sí cuenta con personería jurídica, algo que estipulan las normativas vigentes, incluso la Constitución, para poder avanzar en el trámite. De hecho, este es uno de los principales argumentos que pone sobre la mesa el Poder Ejecutivo mendocino para rechazar las entregas anteriores, ya que esos grupos no cuentan con la inscripción completa, además de considerar que la medida es inconstitucional y está viciada de nulidad, y de tratarse de una medida de inconsulta.

El propio gobernador se refirió días atrás a esa sorpresiva medida. “Ya dimos el primer paso, al solicitar al asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado que estudien el tema para ver si hay que interponer un recurso administrativo o ir a la Justicia”, señaló Suarez, quien ahora profundizará el reclamo por vía administrativa o judicial, para intentar poner freno a esta seguidilla de entrega de tierras mendocinas a los autodenominados mapuches. Esto, también abrió una grieta entre los especialistas en historia, antropología y arqueología, luego de un artículo que dio a conocer LA NACION, ya que hay opiniones cruzadas sobre el origen de esa comunidad en suelo cuyano. Además, en las redes sociales crecen las discusiones y las diferentes posturas acerca de quiénes fueron realmente los que ocuparon ancestralmente las tierras cuyanas.

De hecho, en la presentación que hizo hoy Ibañez ante el INAI se hace una dura mención al informe sobre antecedentes históricos de las comunidades, incorporado a los expedientes del organismo nacional. “Se advierte que adolece de una evidente falta de rigor científico, en particular en su aspecto Histórico. Incurre en una clara ausencia de objetividad, fundada en un pobre relevamiento de datos que proporciona el CUESCI (cuestionario socio-comunitario) y arriba a conclusiones absolutamente alejadas de la realidad”, indica el documento mendocino. Además, se expone que “carece de bibliografía específica que sostenga ninguna de sus conclusiones, pero fundamentalmente no ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino”. En este sentido, las autoridades cuyanas, indican, que se ha acompañado con los recursos presentados “un Anexo con información histórica y abundante bibliografía en el materia, que da cuenta que esta provincia fue habitada por dos grandes grupos, uno encabezado por los huarpes al norte y los pehuenches y puelches al sur y que no ha habido presencia ancestral de los pueblos mapuches en el sur de la Provincia de Mendoza”.

Desde el Gobierno mendocino ponen especial énfasis en el impacto que puede tener el avance de la entrega de las tierras, sobre todo en materia de desarrollo e invesiones. Por eso, se centran en defender las áreas petroleras comprometidas, ya que entre los activos que el Gobierno nacional está entregando a los autopercibidos mapuches, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe. “En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF. Es en la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza”, recalcan las autoridades locales. En este sentido, vale mencionar que sobre las áreas reconocidas existen dos que están comprometidas con actividad petrolera: una que cuenta con 23 pozos en El Sosneado, bajo los lineamientos de Emesa, empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios, con el objetivo de incrementar el valor de los activos energéticos. En la otra, también están incluidos 30 pozos, en un área en crecimiento en la formación Vaca Muerta. Así, cada instalación que hay en un campo, el control supervisario por la actividad petrolera cobra una renta, esto es servidumbre, por el uso de la tierra.

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