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Piden 15 años de prisión para el falso abogado Marcelo D’Alessio por espionaje ilegal y asociación ilícita
El fiscal Colombo sostuvo que fue el “eje vertebrador” de dos organizaciones que utilizaron información obtenida ilegalmente para extorsionar e intimidar; lo acusó de portación de armas y encubrimiento
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El fiscal Marcelo Colombo pidió 15 de prisión para el falso abogado Marcelo D’Alessio por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas, extorsión, portación de armas de guerra, encubrimiento y violación de la ley de inteligencia.
La solicitud fue realizada durante el alegato final del juicio oral en el que D’Alessio es acusado de haber integrado una presunta organización abocada a realizar múltiples tareas de espionaje entre mediados de 2018 y febrero de 2019 con el fin de intimidar y extorsionar a sus víctimas través de métodos diversos.
A su vez, el fiscal Colombo pidió condenar con 10, 7 y 3 años de prisión a los expolicías Hugo Barreiro, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, respectivamente; así como una pena de 3 años de prisión en suspenso para los imputados Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez. En tanto, solicitó la absolución de Mariano Rubén Díaz y Franco Leandro Pini.
Para Colombo, durante el juicio -por el que pasaron más de 100 testigos- hubo elementos que acreditaron la existencia de dos organizaciones que operaron en simultáneo, con una marcada división de tareas y roles, de las cuales D’Alessio fue el “eje vertebrador”.
Según el Ministerio Público Fiscal, la información con la que se llevaba a cabo la extorsión era obtenida ilegalmente y podía apalancarse a través de un “escrache” periodístico o tomar curso en los tribunales, los dos “escenarios” en los que D’Alessio tenía o simulaba tener ascendencia y predicamento.
“Información que pasaba de D’Alessio a la prensa era información que se publicaba sin ningún otro chequeo”, remarcó el fiscal. “Eso da cuenta de una dominabilidad 100 por ciento de la amenaza que dirigía”. Distinto era el caso del terreno judicial, afirmó el fiscal, donde la influencia de D’Alessio quedó solo demostrada en apariencia.
El fiscal concluyó su alegato solicitando a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 8 -Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli- la condena a D’Alessio de 15 años de prisión, más una multa de 90.000 pesos, y el decomiso de una serie de bienes.
D’Alessio, quien ya tiene una condena de cuatro años por el delito de extorsión y está preso desde 2019, no estuvo presente en el debate celebrado en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, ni tampoco se conectó vía Zoom. Presentó un acta afirmando que estaba con una “dolencia médica”.
Revolver y extracción de datos
El fiscal también lo encontró culpable del delito de portación ilegal de armas, por el revolver calibre 357 magnum que fue encontrado en su domicilio en el procedimiento que realizó la Justicia en su domicilio el 26 de febrero de 2019. La defensa de D’Alessio adujo que era un tema meramente “administrativo”, puesto que contaba con una credencial del dueño anterior y solo había olvidado hacer el reempadronamiento del arma.
En el mismo allanamiento se secuestró un chaleco antibalas de Fabricaciones Militares, modelo “multi-amenaza”, que estaba asignado a un efectivo de la Prefectura, Julio Rolando Urbina, detenido y procesado por abandono injustificado de la fuerza en otra causa penal con daños en el servicio público por no haber entregado los elementos que le fueron asignados para prestar servicio. A D’Alessio se lo acusa del delito de encubrimiento por receptación, por poseer aquel chaleco. Según sostuvo, el expolicía Bogoliuk lo dejó olvidado en su domicilio.
Uno de los métodos utilizados para extraer información consistía en tener acceso a distintas bases de datos. El usuario asignado al exprefecto Pini -otro de los imputados- registró búsquedas de personas que no tenían ninguna investigación en curso. Entre los nombres consultados, por ejemplo, surgió el de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el del juez supremo Carlos Rosenkratz; y del exdirector de Aduanas durante el macrismo, Juan José Gómez Centurión.
Para el fiscal, sin embargo, “no existe grado de certeza” de que la extracción de aquella información haya sido ejecutada por Pini, de quien pidió su absolución.
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