Pese al fuerte rechazo de la oposición, se aprobaba anoche la ley Argentina Digital
La norma declara las nuevas tecnologías como “servicio público esencial” y dispone la apertura de las redes; el oficialismo dice que habrá más competencia; los opositores sostienen que se beneficia a las telefónicas
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Con el impulso del oficialismo y sus aliados, y el rechazo de toda la oposición, la Cámara de Diputados se aprestaba anoche a sancionar la ley Argentina Digital, una norma que regula el mercado de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía.
La nueva ley declara esas tecnologías como "servicio público esencial y estratégico", y garantiza el "acceso igualitario" de los ciudadanos de todo el país. Pero el eje del debate, que se extendió más allá de la medianoche, fue otro: si la nueva ley favorece la competencia, como sostiene el Gobierno, o si, como asegura la oposición, profundiza la concentración y las situaciones monopólicas.
Esa discusión se desprende, en parte, del punto central del proyecto, que es la apertura de las redes, hoy en poder de las empresas que las instalaron, como las telefónicas y las principales prestadoras de televisión por cable. De acuerdo con la nueva ley, los licenciatarios que no cuenten con redes propias podrán acceder al sistema por medio del alquiler del uso de las redes, a un precio regulado por el Estado.
Según el Gobierno, esto permitirá que los licenciatarios más chicos, entre ellos las cooperativas, las pymes y los pequeños cables, puedan competir con los dueños de las redes. La oposición hace la lectura contraria: sostiene que al permitir que las telefónicas, verdaderos gigantes en comparación con sus eventuales competidores, brinden todos los servicios, incluido el de cable -posibilidad hasta hoy vedada por la ley de medios- se favorecerán situaciones monopólicas.
"Queremos seguir ampliando derechos, agregando el derecho humano de acceso a las nuevas tecnologías. Queremos profundizar el modelo de justicia, con la inclusión digital. Para que todos los argentinos accedan a un servicio de calidad, a un precio justo", dijo en el inicio del debate Mario Oporto, el miembro informante del oficialismo. El diputado agregó: "Queremos hacerlo protegiendo a las pymes y a las cooperativas. Queremos un mercado con competencia, sin monopólios ni oligopolios".
Oficialistas y opositores parecían estar hablando de leyes diferentes. En realidad, el contraste surge de lo que unos y otros pronostican que hará el Gobierno con la nueva normativa. "Esta ley no garantiza la competencia, porque para que haya competencia debe haber competidores. Profundiza la concentración que ya existe y le sigue dando más a los grandes, que terminarán comiéndose a los más chiquitos", sostuvo Margarita Stolbizer (GEN). "Detrás de cada lindo discurso del Gobierno lo que se esconde siempre es un gran negocio", añadió.
La misma discusión se había dado en el Senado. A instancias de senadores oficialistas, que no querían enfrentarse con los cableros de sus provincias en plena temporada electoral, el Gobierno accedió a introducir 40 modificaciones en el texto original.
El cambio más importante es el que estableció regulaciones específicas para los licenciatarios con "poder significativo de mercado". Ahí se determinó que la apertura de las redes será gradual.
El detalle de esas regulaciones será establecido por la autoridad de aplicación, un órgano con representación de las provincias y de las minorías parlamentarias, pero controlado por el oficialismo. Para la oposición, los cambios fueron insuficientes. "Es una autoridad de aplicación con un claro perfil político no técnico", advirtió Graciela Camaño (Frente Renovador). "Esta ley consolida la más absoluta arbitrariedad, ya que delega en el Poder Ejecutivo de turno todas las decisiones en la materia", agregó.
Más duro fue Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), quien calificó la ley como "un traje a medida de los monopolios telefónicos, con el agravante de que Telefónica es ahora monopolio de monopolios, porque Telefónica de España ahora controla Telecom".
UNA NORMA DISCUTIDA
La iniciativa
La norma regula ?los servicios de Internet, ?TV por cable y telefonía
A favor
El Gobierno sostuvo que ?la norma favorece la ?competencia y a los ?pequeños licenciatarios
En contra
Para la oposición, en ?cambio, se profundizan ?la concentración y las ?situaciones monopólicas
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