Pese a las promesas de campaña, el Gobierno todavía no impulsará su proyecto de ley para “convertir” planes sociales en empleo

Pese a su promesa de campaña, el oficialismo no planea incluir en la agenda de temas que el Congreso discutirá en diciembre la mentada intención de “convertir” los planes sociales en “empleo genuino”, plasmada en el proyecto de ley “Un puente al empleo”, que fuera presentado por Sergio Massa en la Cámara de Diputados a principios de octubre y refrendado por el propio Alberto Fernández unas pocas semanas más tarde, mediante la firma de un decreto.

El tema no está en la agenda de la prórroga de las sesiones ordinarias, que tendrá al “plan plurianual” en el centro del debate. Según indicaron fuentes parlamentarias a LA NACION, el proyecto sería tratado en el recinto recién cuando el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo tengan listos los convenios para incorporar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo –más de un millón de personas encuadradas dentro de alguna actividad no registrada– a las distintas actividades correspondientes a cada sector.

En las filas del Frente de Todos reconocen que “con el decreto presidencial, por sí solo, no alcanza”. Y que, para que la ley sea realmente exitosa, es necesario que haya una reactivación económica que genere demanda de empleo por parte del sector privado, algo que “todavía no ocurre”. “Este plan está pensado para cinco actividades claves: construcción, textil, productos alimenticios, sistema de cuidado y reciclado”, precisaron.

“Ya se celebraron dos acuerdos, uno con la Unión Obreros de la Construcción (Uocra) y otro con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Falta todavía cerrar once actividades más. La intención es que cuando se apruebe la ley los convenios ya estén listos”, agregaron.

¿Empleo o trabajo?

Aunque la iniciativa es saludada por los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada, sus dirigentes la consideran de alcance limitado y la comparan con otras experiencias fallidas del pasado, como el “plan Empalme”, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri. “Es una medida para el sector de compañeros que pueden recuperar empleabilidad en el sector tradicional del mercado, pero no genera cambios estructurales y trabaja sobre un universo muy pequeño”, indicó a LA NACION el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato.

Así y todo, para el también dirigente del Movimiento Evita, el decreto presidencial demuestra “la predisposición del Gobierno para abordar con distintas iniciativas los problemas de la desigualdad”, aunque “la gran apuesta, de todas formas, tiene que ser ‘el blanqueo’ de la economía popular”. Es que desde las organizaciones sostienen que todo aquel beneficiario de un Potenciar Trabajo deber ser considero un trabajador como cualquier otro, a quien el Estado debe garantizarle las condiciones y herramientas laborales necesarias para su emprendimiento.

“Para sacar adelante a nuestro país se necesita crecimiento económico de abajo hacia arriba, el derrame nunca nos ha llegado y los boom de consumo están acompañados de alta inflación y dirigidos hacia otros sectores sociales”, sostuvo Onorato el mes pasado, luego de que el Gobierno anunciara que, por fuera de la iniciativa presentada por Massa en la Cámara baja, también trabaja en un proyecto para llevar al “circuito formal” a los trabajadores de la economía social, a través de su registro como monotributistas productivos, lo que le implicaría facilidades en el pago de las cargas durante los primeros años, acceso a la jubilación y cobertura de salud.

Según Onorato, el monotributo “inclusivo”, que abarcaría al universo de más de tres millones de personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), “absorbe medidas que los movimientos populares venían demandando para la reconstrucción de la relación fiscal y financiera del cooperativismo y el mutualismo” con las instituciones y también de la “compra estatal a las cooperativas”.

“Trabajo y empleo ya no significan lo mismo. El empleo necesita un empleador, el trabajo no necesariamente, y el esfuerzo comunitario durante la pandemia lo dejo demostrado”, remarcó el dirigente social, quien denuncia la preeminencia de una “mirada estigmatizante” reproducida, a su entender, por la propia dirigencia política. “Siempre se cae en esa idea de transformar planes en empleo, que corre en realidad para un universo muy pequeño de la realidad”, dijo.

Envalentonados por considerarse artífices fundamentales de la remontada electoral del Frente de Todos, en la UTEP aspiran a que el Gobierno impulse, además del monotributo social, otras medidas dirigidas al sector de la “economía popular”, como un fortalecimiento de los circuitos de comercialización del sector o una ley que fomente los créditos productivos no bancarios, agenda que el exministro de Desarrollo Social y diputado electo, Daniel Arroyo, se comprometió a llevar adelante una vez asuma su banca de diputado nacional en el Congreso.