Pese a la presión del gobierno, en el Congreso se preparan para hacer cambios medulares a la ley ómnibus

La lista de condiciones es larga y los temas son pesados. Así como está redactada, la ley ómnibus no será aprobada en el Congreso si el gobierno se mantiene en la postura de que no se le toque ni una coma. El acuerdo de la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse la voluminosa iniciativa esta semana, es que solo con modificaciones el proyecto podría ver la luz al final del túnel. De otro modo, el oficialismo se encaminaría a un fracaso legislativo que dejaría expuesta la debilidad política del presidente Javier Milei.

Según pudo saber LA NACION en contacto con diversos referentes parlamentarios, las líneas rojas del megaproyecto de desregulación económica son, con matices entre los posibles aliados de La Libertad Avanza (LLA) y los opositores, la concesión de facultades delegadas sin límite temporal; la suspensión de la movilidad jubilatoria, el aumento de las retenciones, el permiso para tomar deuda sin aval de los congresistas, las empresas que pueden ser objeto de privatizaciones y los habilitados para ingresar al blanqueo.

Cada uno de esos temas provocaría, de por sí, un intenso debate en la Cámara baja en caso de que fueran planteados por separado. Pero lo que es realmente urticante para el Congreso es que Milei haya reclamado facultades extraordinarias en forma permanente -para todo su mandato hasta 2027, con una prórroga en 2025-, lo que se choca de frente con el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución Nacional, en el que se aclara en forma explícita que las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo deben caducar.

Hasta el bloque de Pro, el más cercano a los libertarios que tiene el mandato de “acompañar” la ley ómnibus, considera que Milei no puede tener más “superpoderes” de los que gozaron otros presidentes, advirtieron a este diario fuentes de la bancada que encabeza Cristian Ritondo. Los diputados alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri -entre ellos algunos relevantes como María Eugenia Vidal y Diego Santilli- analizaron hasta ahora solo 200 de los 664 artículos que tiene el proyecto.

Los radicales, por su parte, basan el análisis de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en un minucioso documento de trabajo que hizo el diputado puntano Alejandro Cacace. Además de hacer notar errores de tipeo o exhibir artículos que derogan leyes que no existen, el texto plantea dudas sobre otras medidas como la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al Tesoro, la creación o supresión de fondos fiduciarios y los cambios al sistema electoral, entre otras.

A su vez el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto y tiene entre sus integrantes al negociador Emilio Monzó, propondrá cambios en el capítulo de las privatizaciones, no porque se opongan en sentido estricto, sino porque “no es lo mismo privatizar empresas deficitarias por dos mangos, que sanearlas y después privatizarlas”, deslizaron fuentes de la bancada, que suma a los delfines de Elisa Carrió. En esa línea, pedirán que cada privatización pase por el Congreso y no quede a discrecionalidad del Ejecutivo.

El clan Menem

Pese a que el gobierno da escasas señales de querer negociar cambios -una de ellas fue haber recibido las quejas de los gobernadores patagónicos por los drásticos cambios a la ley de pesca-, puertas adentro de la Cámara de Diputados hay conversaciones con el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien entre bambalinas es asistido por varios integrantes del clan político riojano, entre ellos Eduardo y Adrián Menem, más “Lule” y su hermana Amalia Menem. Por sus oficinas desfilan diputados como Ritondo, Pichetto, Monzó, Nicolás Massot y Carlos Gutiérrez.

Sin el aval de Pro, Hacemos Coalición Federal y al menos una parte de la UCR, los libertarios no podrían sacar a flote el megaproyecto que con pompa y poca ductilidad política envió Milei al Congreso. De hecho, en las tres comisiones habilitadas para funcionar como un plenario desde el próximo martes -Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales-, los diputados de LLA, que lidera Oscar Zago, son franca minoría y no están en condiciones de emitir dictamen. Dependen, también, de aliados como el liberal José Luis Espert.

El cronograma de tratamiento de la ley ómnibus tendrá un segundo turno el jueves, con otra jornada maratónica en el anexo C de la Cámara baja. El gobierno aún no definió qué funcionarios serán los encargados de defender la iniciativa y en el Congreso ya hay malestar porque trascendió que pretenden hacerlo por zoom. En forma paralela, cada bloque continuará analizando puertas adentro el articulado fino de la iniciativa, con reuniones de trabajo interno que, en definitiva, habilitarán negociaciones para el caso de que ceda la intransigencia libertaria.

Por cuerda paralela, la bancada de Unión por la Patria (UP), la más numerosa en la Cámara baja, quedó al margen de las conversaciones. Menem no le participó la integración de las comisiones, mientras demora la designación de los ocho diputados que se sumarán a la comisión bicameral que tratará el mega DNU. Paradójicamente, algunos bloques aceptan la marcha forzada de los libertarios y hacen la vista gorda de los procedimientos, mientras que los peronistas invocan las formas republicanas. La taba se dio vuelta en la política argentina.

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