Perotti cree que el estallido de violencia narco “busca generar conmoción” en medio de las elecciones
“No tengo dudas que esta ola de violencia busca instalar un escenario de zozobra”, le dijo el gobernador a LA NACION; la preocupación se extiende a parte de la oposición
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- El último tramo de la campaña política en Santa Fe quedó absorbido por el recrudecimiento de los crímenes con sello mafioso y narco, un escenario que genera preocupación en base a la hipótesis que maneja el gobierno de Omar Perotti y que es compartida por otros sectores políticos que dos bandas narco enfrentadas entre sí buscan generar “un estado de conmoción”.
Seis asesinatos en 20 horas, con homicidios ejecutados -en todos los casos- por sicarios, en la semana de cierre de la campaña electoral genera preocupación en distintos sectores políticos, al centrarse el análisis en un escenario inédito, en el que a través de la extrema violencia dos bandas narcocriminales, como Los Monos, cuyo jefe es Máximo Ariel Cantero, y la que lidera Esteban Alvarado, ambos presos en Marcos Paz y Ezeiza, busquen irradiar una venganza contra el Estado.
“No tengo dudas que esta ola de violencia busca instalar un escenario de zozobra y no es una casualidad el momento elegido en medio de la campaña”, afirmó a LA NACION el gobernador Perotti, quien consideró: “Nos van a acompañar escenarios de violencia; no desaparecerán de la noche a la mañana pero que hayan aparecido justo ahora es muy llamativo”.
El martes a la noche Perotti llamó a Alberto Fernández y le explicó la “acuciante situación”. Según el gobernador, el presidente “entendió la gravedad de este momento”.
El viernes pasado, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, se reunió en Rosario con el ministro provincial del área, Jorge Lagna, y con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y anunció el envío de 160 efectivos de la Policía Federal. Ese plantel se sumó a los 300 que enviaron el año pasado y a otros 40 que se agregaron en febrero. En el destacamento Móvil II de Gendarmería hay 2500 uniformados.
Perotti le reclamó luego al Presidente un mayor compromiso con la situación pero después salió la ministra Sabina Frederic a marcar la cancha y asegurar que no estaba previsto enviar otro contingente a Rosario. Este jueves, Perotti afirmó: “Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice. Lo que acontece en Rosario no pasa en otra jurisdicción”.
Antes del inicio de la pandemia, Fernández había prometido el 28 de febrero de 2020 en Rosario una solución en materia de seguridad. “Vamos a dar las batallas que haya que dar porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos. La Argentina no tiene espacio para soportar al crimen organizado”, afirmó.
A pesar de que la violencia en Rosario se mantiene estable y en lo alto de las estadísticas desde 2013, a partir del estallido de la llamada guerra narco entre bandas, la espiral de crímenes –seis asesinatos en 20 horas– no solo atraviesa la agenda de los medios y del gobierno, sino también “amenaza influir en la política”, según analizó una alta fuente del gobierno.
En los últimos 12 días se cometieron 17 asesinatos. En el gobierno de Santa Fe ven que el discurso que hizo el líder de Los Monos en el juicio que está siendo sometido no fue solo una frase alocada, cuando advirtió ante los magistrados que su oficio era el de “contratar a sicarios para tirar a jueces”. El 19 de agosto pasado, días antes de que comenzara el juicio, dos hombres en moto dispararon contra el Centro de Justicia Penal, donde luego Cantero a través de videoconferencia desde la cárcel de Marcos dijo a qué se dedicaba.
Cantero y Alvarado no tienen nada que perder. El primer está condenado a 62 años de prisión y en los próximos juicios acumulará sentencias por más de un siglo. Alvarado, que habría mandado a ejecutar al testigo Argüelles, podría ser condenado a perpetua, según los fiscales de la causa. Y también enfrentará otro juicio por narcotráfico en la Justicia federal.
En el municipio tienen una mirada similar. El intendente Pablo Javkin lo dejó traslucir cuando tras una reunión con los jefes de los bloques de concejales, que se reunieron de urgencia para analizar este nuevo capítulo del recrudecimiento de la violencia, admitió: “Lo que es muy llamativo es que, en una semana muy particular, se producen muchos hechos en pocas horas. Como si alguien hubiera abierto una ventana”, señaló.
En el Frente Amplio Progresista advierten que ante “la gravedad de la situación”, Perotti debería convocar a los tres poderes del Estado para mostrar una respuesta sólida e institucional. El dirigente Juan Carlos Zabalza, mano derecha del exgobernador Miguel Lifschitz, afirmó que “es el momento para que desde el Estado no se muestren grietas”. Desde el gobierno de Santa Fe rechazan esa postura y advierten que la oposición debería aprobar las leyes sobre seguridad –que confeccionó el exministro Marcelo Saín– que “duermen” en la Legislatura.
Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad y actual diputado provincial de la UCR, negó que este recrudecimiento de la violencia tenga que ver con la campaña política. “Es un desastre lo que hizo el gobierno en materia de seguridad. A los principales líderes narcos los metimos presos nosotros; Perotti no detuvo a nadie”, afirmó a LA NACION el candidato a senador nacional.
Uno de los asesinatos que más conmovió fue la ejecución con tres sicarios de Carlos Argüelles, un mecánico de 46 años, que se plegó a la figura de “imputado colaborador” –que es similar a la del “arrepentido– y declaró contra su exjefe Esteban Alvarado, quien este año va a ser juzgado por asociación ilícita, lavado de activos, en el fuero provincial, y narcotráfico en el federal.
El testimonio de Argüelles iba a ser clave en uno de los juicios, y por eso había sufrido tres intentos de asesinato anteriormente. A pesar de que sabía que iba a morir –según admitieron funcionarios judiciales– no quería entrar en el programa de Protección de Testigos, donde le habían propuesto sacarlo de la ciudad, de acuerdo a lo que señaló la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. Solo había permitido una custodia en su casa. Lo mataron en su taller de dos disparos en la cabeza frente a su esposa y dos hijos. La principal hipótesis es que su crimen se lo encargó a un preso, que pagó a tres sicarios 180.000 pesos, Esteban Alvarado.
El diputado provincial Carlos Del Frade reveló que el 20 de marzo de 2020 se reunió en el bar Esquina Roca, con Argüelles y otros “arrepentidos” de la banda de Alvarado. Según afirmó el legislador a LA NACION, Arguelles le dijo que “los Monos y Alvarado iban a tirar un muerto en la calle por día”. “Me mostró una lista de los que iban a matar. Esa nómina estaba encabezada por Argüelles y yo también figuraba”, apuntó. “Le conté al entonces ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, la situación y él se preocupó”, relató Del Frade, quien dijo que también habló con las autoridades del Ministerio de Seguridad. “Creo que están cumpliendo esa premisa y eligieron este momento”, indicó el diputado.
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