Permiten a Zannini acceder a un informe contable sobre la causa del Correo

La Cámara Federal autorizó a la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini a acceder a un informe contable en la causa penal en la que se investiga al exministro Oscar Aguad y ejecutivos del Correo, donde se analizó la oferta que realizó la empresa para saldar la deuda con el Estado.

En tanto, en la causa comercial, el Correo -que incorporó a su equipo de abogados a Daniel Sabsay- presentó hoy los fundamentos de la apelación de la quiebra, donde señalo que el caso es político y que se priva a 700 acreedores de cobrar su deuda, por la postura del Estado.

El juez Ariel Lijo había admitido el pedido de Zannini para acceder a ese informe, pero los letrados del Correo se opusieron a esa decisión. El caso llegó a la Cámara Federal que resolvió que se debía entregar ese informe contable.

El artículo 131 del Código Procesal Penal dice: “El Tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos”.

Con la transcripción de esa norma, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico dijeron que la decisión del juez Lijo de entregar ese informe “se ajusta a lo previsto en la manda citada, que no requiere del cumplimiento de otras condiciones que las transcriptas”.

Ese informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), pretende contestar si la quita propuesta en el Gobierno de Cambiemos para pagar la deuda de la empresa Correo Argentino, que era de la familia del ex presidente Macri, fue abusiva como sostuvo el Gobierno.

En la causa están imputados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad.

En tanto, en la causa comercial, el Correo presentó hoy los fundamentos de la apelación contra la decisión de la jueza Marta Cirulli de dictar la quiebra de la empresa. La apelación de ese fallo suspendió los efectos de la sentencia donde se disponía la quiebra.

La empresa dijo que se está frente a 700 acreedores que apoyan las propuestas del Correo y desde hace casi veinte años están esperando cobrar sus acreencias, impedidos de ello por el Estado Nacional. Y sostuvo que por “razones políticas” el Estado “no ha hecho otra cosa que torcer el derecho, el sentido común, el norte de la justicia y, amedrentar constantemente a los jueces y hasta la misma opinión pública”.

“Están en juego el derecho de propiedad, el de debido proceso y el de igualdad ante la ley, los principios más elementales de la Constitución Nacional, en un concurso donde uno solo de los acreedores resulta el único beneficiado de todo este entuerto. Este es el Estado Nacional que utiliza gratuitamente todos los bienes propiedad del Correo Argentino SA de los que se apropió de manera ilegítima”, dijo la compañía.

Los abogados del Correo señalaron que el decreto de quiebra es “una construcción ilógica, basada en mitos difundidos en forma artera, que han llevado injustamente a la sociedad a esta situación”.

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