Peregrinación de los gobernadores a la Casa Rosada por recursos

CÓRDOBA.- A diferencia de la relación con la gestión nacional anterior, los gobernadores negocian ahora con la Casa Rosada por separado. Aunque el problema es común y transversal a los distintos partidos políticos, las conversaciones ante la Casa Rosada son individuales. Cada uno va por su lado e intenta cobrar deudas, conseguir aportes extras o acelerar los envíos para alguna obra ya iniciada.

La Nación no tiene margen más que para atender las situaciones más críticas. Los ingresos por retenciones redujeron su participación en la recaudación global de 16,6% en el último trimestre de 2019 a 7,1% y también aminoró la impresión de dinero. Un punto que inquieta a los ministros de Economía provinciales es que las moratorias de Afip impactan en impuestos coparticipables.

Uno de los temas claves en la agenda de provincias es el de la deuda en pesos que mantienen las provincias con el Estado nacional, principalmente con el Fondo de Sustentabilidad de Anses; en el segundo semestre hay vencimientos por unos $20.000 millones. Mario Negri, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, confirmó a LA NACION que todavía no hubo reuniones ni hay fecha para una de la mesa que intentará buscar una solución.

El compromiso fue asumido, con los mandatarios opositores, por Sergio Massa en la última sesión de la Cámara. A las provincias peronistas también les interesa encontrar una salida; la semana pasada los senadores de ambos sectores pidieron sumarse al grupo, al igual que los de partidos provinciales.

En el caso de las deudas que Anses mantiene desde la gestión anterior con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, los acuerdos son individuales. El primero en avanzar fue el pampeano Sergio Ziliotto quien obtuvo la promesa de un desembolso de $814 millones que destinará "a los fideicomisos para la vivienda y la reactivación económica" y del pago de $88 millones que se le debían al Instituto Provincial de la Vivienda. A cambio, suspendió por nueve meses las acciones en la causa judicial iniciada en 2017 contra Anses por la que la jurisdicción reclama unos $5.000 millones.

Antes del viaje de Alberto Fernández a Israel, cerró un acuerdo con Entre Ríos, Formosa y Santa Fe para cancelarles los anticipos de noviembre y diciembre adeudados por Anses; en total son $1400 millones; cada distrito cobra en dos partes. La administración de Miguel Lifschitz estimó en $5.800 millones la deuda de Nación por la caja, pero Anses reconoce unos $3000 millones; por ahora, le girarán $774 millones.

El resto de los distritos todavía no tiene un acuerdo. Voceros de Anses ratificaron ante este medio el acuerdo que tiene el organismo con los gobernadores y afirmaron que la intención es "homogeneizar lo más posible" las cifras para los pagos a realizarse. "Habrá reuniones con cada uno para conciliar la deuda", dijeron. Para Córdoba -a la que se le adeudan unos $1000 millones- este año ronda los $15.000 millones; es junto con Santa Fe y Buenos Aires la que más dinero recibe. Las negociaciones pendientes son con Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Otro tema pendiente es el de la obra pública nacional en ejecución y virtualmente parada en la mayoría de las provincias por escasez de fondos. Con sus presupuestos ajustados, los mandatarios pretenden que la Rosada avance en esos trabajos. Hace unos días el tucumano Juan Manzur estuvo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, para "reactivar la infraestructura".

Al salir aseguró que acordó actualizar la documentación técnica para "comenzar con el desarrollo de los proyectos" y se quejó de haber "sufrido postergaciones" durante la gestión anterior. No habló de cifras.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, admite que el 60% de la obra pública está parada y estima en $35.000 millones la deuda heredada, pero no transcendió un cálculo de cuánto es el atraso de pagos por jurisdicción. Las provincias, por la caída de la recaudación propia y de las transferencias por coparticipación por efecto de la recesión, ajustaron sus partidas para gasto de capital y sacrificaron iniciativas propias de obra pública.

Además, hasta tanto no se acuerde con el FMI es altamente probable que las provincias no puedan acceder a créditos a baja tasa de organismos multilaterales que sirven para financiar obras.

Hay gobernadores que analizan reclamar por la suba del porcentual de coparticipación que Mauricio Macri le dio a la ciudad de Buenos Aires en 2016; fue tema de conversación entre Perotti, Jorge Capitanich y Gerardo Zamora. El santiagueño planteó que "con el 10% del aumento de coparticipación a la ciudad más rica del país se podrían realizar obras para tres provincias". Horacio Rodríguez Larreta intenta consensuar con la Casa Rosada el tema.

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