Pauta oficial: el Gobierno gastó $7563 millones en un reparto que tuvo premios y castigos
Es la información oficial de la publicidad estatal entre diciembre 2020 y agosto pasado; hubo más de 2400 medios beneficiarios y se notó el regreso de la discriminación por línea editorial
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Para LA NACIONJosé Crettaz
Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, el gobierno nacional gastó 7563 millones de pesos en publicidad oficial. Esos recursos públicos, se distribuyeron entre 2432 medios (146 más que el año anterior), pero el 68% fue absorbido por 25 grupos empresariales. La cifra pagada en los últimos once meses ya es muy superior a la prevista para 2022 en el proyecto de ley de presupuesto enviado por la administración de Alberto Fernández al Congreso, donde se prevé un gasto de $5880 millones para todo el año próximo en ese rubro.
Entre los diez conglomerados que más dinero público recibieron están Grupo Clarín, $949 millones (más $21 millones de los señales locales de Telecom); América (José Luis Manzano y Daniel Vila), $600 millones; Indalo (Cristóbal López y Fabián de Sousa), $556 millones; Octubre (Víctor Santa María), $456 millones; Crónica (Olmos), $362 millones (que en los últimos años se convirtió en el principal multimedios en la provincia de Santa Cruz); Viacom-CBS (Telefe), $357 millones; Supercanal (Facundo Prado), $227 millones (la mayor parte corresponde a canje por viejas deudas impositivas); Facebook, $209 millones; SA La Nación, $159 millones; y Google, $138 millones.
En los siguientes diez se ubican Editorial Perfil, con $121 millones; el propio Estado nacional con $114 millones (TV Pública y emisoras de Radio Nacional); Telecentro (Alberto Pierri), $111 millones; Infobae (Daniel Hadad), $104 millones; El Destape (Roberto Navarro), $87 millones; la empresa de vía pública ST Medios, de Juan Manuel Infante, con $78 millones; el grupo Disney, $70 millones; Alpha Media (Marcelo Fígoli), $68 millones; Diario Popular (familia Fascetto), $64 millones; y Kuarzo (Martín Kweller), $59 millones.
El caso de Navarro -que entre 2009 y 2015 ya había sido el conductor más beneficiado con publicidad oficial entre 2009 y 2015- es especialmente llamativo por el volumen recibido por una web y una FM. Su portal se había hecho conocido en la industria digital por alterar en 2020 las mediciones de audiencia mediante un artilugio conocido como “fábrica de tráfico” (decía tener 1,7 millones de visitantes cuando en realidad tenía sólo 381.000).
En la distribución de la publicidad nacional de este año electoral se observa el regreso de la discriminación por líneas editoriales -que caracterizó a los anteriores tres gobiernos kirchneristas- y la ausencia de criterios claros que definan el reparto
Enrique Albistur, amigo del presidente Alberto Fernández y esposo de la candidata oficialista en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, también aparece al tope entre los más beneficiados: sus empresas de publicidad en la vía pública sumaron $52 millones, apenas por encima del productor Diego Kolankowsky (DAK), que sumó 45,5 millones. Entre los grupos provinciales, los más beneficiados fueron los santafecinos Nahuel Caputto y Gustavo Scaglione, que no conforman un único conglomerado pero comparten empresas que sumaron $ 129 millones. El grupo La Capital de Rosario (en el que ambos son accionistas) ingresó $ 75 millones; el grupo Televisión Litoral, de Scaglione, ingresó $ 38 millones; y el grupo El Litoral de Santa Fe, de Caputto, otros $ 16 millones.
Canjes
En el período informado, el gobierno nacional aceptó canjear viejas deudas impositivas y previsionales por $639 millones de los cuales $565 millones (el 90%) corresponden a medios que son o fueron de José Luis Manzano y Daniel Vila (grupo América, Supercanal -transferido en 2018- y La Capital de Rosario -vendido en 2019-). Manzano y Vila, que en sus medios porteños tienen como socio a Claudio Belocopitt, adquirieron recientemente el control de la distribuidora eléctrica Edenor.
La práctica del canje de deudas con el fisco fue formalizada por la ex presidenta Cristina Kirchner y al 31 de marzo de 2016 -fecha de corte fijada por el gobierno de Mauricio Macri- totalizaba los $8000 millones de esa época. Financiarse con el no pago de impuestos ha sido una práctica de muchos otros conglomerados de medios muy beneficiados por la publicidad oficial, como el grupo Indalo, cuya empresa controlante, Oil Combustibles, acaba de acordar con la AFIP un plan de pagos por una deuda de 12.700 millones de pesos en impuestos impagos.
En la distribución de la publicidad nacional de este año electoral se observa el regreso de la discriminación por líneas editoriales -que caracterizó a los anteriores tres gobiernos kirchneristas- y la ausencia de criterios claros que definan el reparto (audiencia, por ejemplo), así como un volumen de dinero creciente destinado a sostener grupos empresariales oficialistas (Cristóbal López, Víctor Santa María y Olmos, entre ellos). Pero además, cuando se revisa la extensa lista de beneficiarios aparecen centenares de webs o blogs -algunos muy informales- dedicados exclusivamente a la militancia partidaria territorial. Usualmente, en esos medios confluye publicidad gubernamental oficialista de distintas jurisdicciones y empresas estatales, no sólo la nacional.
Que el reparto no está relacionado con audiencias se puede ejemplificar con el caso de Francisco Ayerza y Fabiana Segovia, que fungen como titulares de Radio del Plata -emisora que fue de los contratistas de obra pública Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta- y que cobraron $25 millones, lo que contrasta fuertemente con los $3 millones percibidos por Cadena 3, una de las emisoras más escuchadas del país.
Los $7563 millones gastados entre diciembre y agosto últimos abarcan los avisos de la presidencia de la Nación, los ministerios y secretarías, y organismos descentralizados como el PAMI, la Anses, la AFIP y el Banco Nación. Pero esa cuenta no suma lo gastado por Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), presidida por Malena Massa, ni otras empresas estatales, como Correo Oficial -cuyo management fue confiado a La Cámpora-, o bajo el control estatal, como YPF, que han sido fuertes anunciantes en los meses de pandemia. El vicepresidente de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing de la petrolera estatal es Santiago “Patucho” Álvarez, uno de los primeros referentes de La Cámpora que fue, entre otras cosas, gerente de noticias de la TV Pública durante la presidencia de Cristina Kirchner. Para conocer la cifra total de publicidad invertido por el oficialismo habría que contemplar lo gastado por otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires donde se destaca los presupuestos del Banco Provincia, la Lotería y la campaña por la vacunación contra el Covid, o los municipios del conurbano -muchos de los cuales tienen partidas superiores a los 200 millones para pauta oficial-. Otros territorios, a cargo de la oposición, como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Córdoba también incrementaron su gasto en publicidad y no son más transparentes en la apertura de la información.
La gestión Meritello
La difusión de los datos del reparto de la publicidad oficial fue la última actividad del ex secretario de Medios y Comunicación Pública Francisco Meritello, que renunció al cargo tras la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete luego de la derrota electoral del kirchnerismo en las primarias abiertas. Las planillas oficiales (65 páginas en pdf) no informan las razones sociales que facturaron los avisos (solamente los nombres de los medios), lo que hace muy difícil la identificación de los beneficiarios finales y de los intermediarios (agencias y productoras), que cumplen un papel central en la derivación de dinero tanto a grandes grupos como a decenas de pequeños medios del interior (a los que se les suele cobrar hasta el 30% de comisión por esa intermediación). En el período informado anteriormente, enero-noviembre de 2020, LA NACION había podido identificar como mayor intermediario al grupo Bidart, con más de 500 millones (canalizados mayormente a los grupos Indalo y Clarín). Esta vez no fue posible profundizar este análisis por falta de información.
Además, los pocos datos existentes no están desagregados por mes y en esta entrega suman en el mismo paquete a diciembre del año anterior con los primeros ocho meses de este año por lo que es imposible saber cuánto se gastó en total en 2020, por ejemplo. Todas esas carencias podrían ser revisadas por la sucesora de Meritello, la mazurista Valeria Zapesochny, si decidiera publicar los datos completos y bien estructurados en el portal de datos abiertos de la administración nacional, que está prácticamente abandonado.
Consultado por LA NACION acerca de algunos de estos aspectos, Meritello respondió que la información completa fue enviada al área de la Jefatura de Gabinete responsable de la publicación en el portal de datos abiertos. “Cuando eso se publique -seguramente se demoró por los últimos cambios de funcionarios- se verá que los intermediarios son los mismos que en el informe anterior, y que son agencias que tienen cartas de comercialización exclusiva por parte de medios de comunicación. Ejemplo de esto es Sentidos SA, que representa tanto a Clarín como a Indalo. Una de mis premisas fue eliminar todo tipo de intermediación”, explicó. Respecto de los períodos informados, aclaró que “en 2020 se empezó a pautar en el mes de marzo, con lo cual ambos cortes de información son de nueve meses”. Además, sostuvo que durante su gestión no hubo discriminación en la distribución y que eso mereció incluso un reconocimiento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Y pidió eximir de solicitar respuestas a su sucesora, que acaba de asumir.
ADEPA avaló los criterios de reparto de 2020 en el último informe de su comisión de libertad de expresión, pero no se pronunció hasta el momento acerca de lo ocurrido en el año en curso.
Sin contar el grupo Octubre (que originalmente funcionó como una fundación del sindicato de encargados de edificios) los medios de comunicación sin fines de lucro sumaron al menos $158,7 millones, entre asociaciones civiles, mutuales y cooperativas. Allí destacan la Cooperativa Auténtika (la marca se escribe con k), vinculada a través de la AM 530 Somos Radio al flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que intermedió al menos unos $36 millones (equiparable a lo que percibió el grupo Prof de Carlos Rosales, cuyo principal medio es Radio Continental). También aparecen el diario Tiempo Argentino, con $17 millones, y FM La Patriada, con $16 millones, entre otros. Las universidades nacionales recibieron casi $17 millones en publicidad para sus emisoras de radio y TV, y más de la mitad de ese monto fue para la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Si se suman todos los medios que formalmente carecen de fines de lucro, ese sector facturó $615 millones, casi el 9% del total.
La televisión fue el medio más elegido por el gobierno para sus avisos, se quedó con el 36%; seguido por los medios digitales, 23%; la radio, 16%, la vía pública, 13%; la gráfica, 11% y el cine, con el 0,06%. Precisamente, la información sobre los medios digitales es la más opaca. De las planillas publicadas es imposible saber a qué manos fueron a parar $ 197 millones gastados, principalmente, en publicidad digital programática. En ese ítem se agruparon los genéricos definidos como Banners, Suplemento, DSP, publicidad digital a dispositivos móviles, redes sociales e internet, programmatic EPL, push ads, apps mobile y audio ADS.
Como ocurre desde hace 20 años, la lista completa de beneficiarios incluye nombres muy conocidos de Marcelo Tinelli ($23 millones) a Jorge Rial ($10 millones) pasando por Horacio Verbitsky ($5 millones), y de la Iglesia Católica ($6 millones) al empresario Hugo Sigman ($1,5 millones). También empiezan a aparecer tímidamente en los montos plataformas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Spotify, entre otras. En el último reporte, reapareció la señal propagandística venezolana Telesur, aunque con menos de $ 2 millones. También recibió pauta oficial Franco Urribarri ($700.000), hijo de Sergio Urribarri, actual embajador en Israel, juzgado desde hace pocos días por presunto desvío de fondos cuando fue gobernador de Entre Ríos.
Aún con las restricciones de información que presenta la última entrega, cada una de las filas del documento de pauta oficial nacional es una historia en sí misma, independientemente del monto pagado.
Por José Crettaz
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