Patricia Tappatá: “Se le puede sonreír a Maduro y a la vez pedir que se investigue lo que pasa en Venezuela”

Hace poco más de un mes, y sin el apoyo de la cancillería argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra la prórroga de la tarea de la misión independiente que investiga las violaciones de los derechos humanos en la Venezuela chavista. Patricia Tappatá, experta en derechos humanos nacida en Bahía Blanca, es parte de esa misión que lleva adelante las investigaciones, que merecieron hasta ahora la indiferencia y la mirada de soslayo del gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera un ente “político” y sigue sin permitirles el ingreso a su territorio.

En una entrevista con LA NACION en su departamento porteño, Tappatá lamenta la abstención argentina en esa votación por la continuidad de su trabajo, y lo adjudica a una “mirada ideológica de los derechos humanos”, que establece una “doble vara” al juzgar las violaciones a esos derechos. Con una larga forja de servicios que incluye pasos por Perú en la época de auge de Sendero Luminoso, El Salvador y Bolivia en 2019, luego de la violenta salida de Evo Morales del poder, Tappatá defiende el trabajo de la misión, cuyo mandato es apoyado por el presidente del Consejo, el también argentino Federico Villegas Beltrán, y cree que a pesar de la necesidad del mundo de comerciar con Venezuela en tiempos de escasez de petróleo, “se le puede sonreír a Maduro y a la vez pedir que se siga la investigación” sobre las violaciones a los derechos elementales que, a su juicio, continúan en el país caribeño.

–¿Qué significa para los integrantes misión que la ONU le haya prorrogado su mandato?

–Para nosotros, significa que los problemas de derechos humanos continúan sin resolverse en Venezuela. También, que los 6,8 millones que salieron de Venezuela según las ONU no son un accidente ni una tendencia que se esté revirtiendo. En tercer lugar, es un reconocimiento de los hallazgos que la misión ha documentado y descripto en detalle, que corresponden a hechos graves y alimentan otros mecanismos de rendición de cuentas que están en funcionamiento, en particular el proceso que la Corte Penal Internacional inició y que acaba de recibirse la autorización para continuar la investigación después del pedido del gobierno venezolano para que no avanzaran.

–El chavismo califica a la misión que integra de “política”

–Creo que es una reacción más o menos lógica de este y otros gobiernos autoritarios que tienen problemas con los derechos humanos, que tienden a señalar al mensajero antes de atender las cosas que se dicen. Los derechos humanos tienen un carácter autónomo, y si algo cuida el Consejo al designarnos es la integridad, la imparcialidad y la neutralidad. Más allá de lo que a los gobiernos, partidos o grupos les parezca, los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos son posibles de ser señalados, investigados y, en el caso de violaciones graves, tienen que rendir cuentas más allá de las fronteras de sus países. Eso lo dicen tratados internacionales que Venezuela debe cumplir al igual que el resto, no se puede permanecer al margen.

–Luego de apoyar la creación de la misión, Argentina se abstuvo cuando se votó su continuidad. ¿Cómo evalúa ese paso?

–(Piensa) Me parece que es penoso, la Argentina tiene un lugar en la escena internacional que no consiguió gratuitamente. Creó la Conadep, una comisión que sirvió de modelo a muchas otras que surgieron después. Celebró además el juicio a los más altos jerarcas militares con una valentía, un coraje y un respeto por la institucionalidad que no había ocurrido en otras partes del mundo. Y aunque después llegaron leyes como la de Obediencia Debida y Punto Final, y peor aún, los indultos en los gobiernos radical y peronista, Argentina pudo continuar un proceso de juzgamiento que es admirado en todos lados. Eso le permitió avanzar en otros temas, y hoy lamentablemente se confunde el concepto de derechos humanos y las graves transgresiones a esos derechos con cuestiones ideológicas, con una percepción básicamente omnipotente.

–¿Cómo sería esa percepción?

–Es como decir “si yo represento a los derechos humanos, puedo juzgar quien los viola y quien no”. En ese sentido, no solo aplica una doble vara sino que está siendo muy inconsistente con una tradición nacional, y con las reglas para juzgar la vigencia de los derechos humanos. Guste o no guste, hay hechos muy graves que siguen ocurriendo en Venezuela, y que, en la justificación argentina se mencionan como “desafíos”. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: desafíos es una cosa, las violaciones que siguen cometiéndose son exactamente eso, graves delitos contra la integridad de las personas.

–¿Podría citar algunos?

–En el último informe ponemos el foco tanto en los aparatos de inteligencia civil y militar, como también en la situación del arco minero del Orinoco, con la extensión allí del crimen organizado y la libre actuación del ELN desde Colombia.

–En Venezuela justifican la prohibición de entrada de la misión al afirmar que ya trabajan allí la CPI y el Alto Comisionado, la denominada comisión Bachelet. ¿Qué plus le agrega esta misión a la investigación de lo que pasa allí?

–En el Consejo están representados todos los países, es el órgano que toma decisiones sobre investigar o no a los países. El órgano técnico es el Alto Comisionado, que rinde cuentas ante ese Consejo, y tiene oficinas donde los países le permiten entrar. Venezuela, en este caso, da autorizaciones sólo por un año, y la vigente está por vencer, aún no se ha renovado. La nuestra es, por el contrario, una misión internacional independiente, ad honorem, tenemos que rendir cuentas ante el Consejo dos veces por mes, ponemos la firma. Venezuela no ha autorizado ninguno de los mecanismos especiales de control de Naciones Unidas, que son muchísimos, el único que ha entrado es el de medidas coercitivas unilaterales, con eso se indica mucho. La misión emitió 21 cartas al gobierno de Venezuela, pero no sólo pidiendo entrar, sino además pidiendo acceso a expedientes. En ninguno de los veintiún casos recibimos respuesta.

–Venezuela tiene hoy una mejor relación con el mundo, un nuevo escenario vinculado con la guerra en Ucrania. De hecho, Maduro se reunió hace días con Macron, y con Argentina se normalizó el vínculo diplomático. ¿Eso complica la investigación?

–Como clima de contexto, claro que influye. En este clima es fácil que más gente sonría y diga que Caracas está muy lindo (se ríe). Es un dato de la realidad, pero mientras Venezuela no produzca cambios sustantivos en términos de independencia de Poder Judicial; de cumplimiento de procedimientos (se altera permanentemente las fechas de detención de las personas, por caso); mientras se aplique sistemáticamente la tortura, nada cambia de modo sustancial. Petróleo y oro son dos bienes que le permiten a Venezuela que los líderes del mundo les sonrían, pero algunos sonríen y siguen votando en favor de que se investigue y apoyando por ejemplo la tarea de la CPI.

–Una cosa no quita la otra, entonces…

–Claro.

–¿Cual sería el objetivo primordial de la misión para el año próximo?

–Estamos definiendo en estos días los focos de nuestra futura acción. El primer informe fue en 2020, y allí se hizo un análisis de los aparatos de seguridad con los que opera el gobierno bolivariano. En 2021 nos centramos en el funcionamiento cómplice del aparato judicial que permite que todo esto suceda y produzca un grave daño a las víctimas, que no han sido resarcidas. Este año decidimos profundizar en los aparatos de inteligencia porque son los que mayor número de víctimas producen, al silenciar a la oposición, el objetivo central de la represión que lleva adelante el gobierno de Venezuela. Queremos continuar monitoreando los casos más graves y prestando atención también a un hecho que puede agudizarse: la restricción de la libertad en el espacio público, muchas veces dejado de lado por problemas más graves. En cuanto a las restricciones a la prensa, en Venezuela hoy hay indicaciones precisas (a los medios) de temas que no deben ser abordados, y que hacen al libre juego en el espacio cívico.

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