Patricia Bullrich volvió a aplicar el protocolo “antipiquetes” ante el mayor desafío que enfrentó Milei en las calles

Tras la postergación de la sesión para tratar la ley ómnibus en Diputados, el presidente Javier Milei debió conformarse hoy con un triunfo simbólico en la pelea por el control de la calle. Es que, en horas cruciales para el programa reformista del oficialismo, que lidia con obstáculos en el Congreso y en la Justicia, el Gobierno aplicó otra vez el protocolo antipiquetes y logró evitar desbordes en la movilización de la CGT en rechazo al DNU y el megaproyecto para desregular la economía.

A sabiendas de que la nueva doctrina de la Casa Rosada enfrentaba una prueba de fuego, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisó desde temprano el estricto operativo que desplegaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en los accesos a la Capital y las estaciones de trenes, donde se hicieron controles para lograr un efecto disuasivo y desalentar la concurrencia de manifestantes a la protesta, el mayor desafío que enfrentó Milei en las calles desde que arrancó su gestión.

Pese al gran despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad, la administración nacional y el gobierno de la Ciudad no pudieron impedir que haya cortes de calles, sobre todo, en las inmediaciones del Congreso. Por caso, la circulación estuvo interrumpida en la Avenida de Mayo o en la 9 de Julio debido a la masiva afluencia de manifestantes.

Si bien el Gobierno intentó montar una puesta en escena para ratificar que no tolerará los piquetes o manifestaciones violentas, la protesta de la CGT se desarrolló sin que se registraran incidentes. Los sindicalistas hicieron una demostración de fuerza y enviaron una señal de disconformidad con el rumbo de la gestión de los libertarios, pero decidieron no escalar el conflicto social en plena primavera de la gestión de Milei. Tanto las autoridades nacionales como porteñas destacaron que la movilización fue “pacífica”.

Bullrich se mantuvo hiperactiva durante toda la jornada. Antes de recluirse en la sede de la Policía Federal, donde se montó el centro de comando, para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad, la ministra recorrió el barrio porteño de Flores, donde visitó a comerciantes, y la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. Mientras miles de manifestantes se trasladaban por la Avenida de Mayo para llegar a la plaza de los dos Congreso, frente al parlamento nacional, epicentro de la protesta de la CGT contra el DNU y la ley ómnibus, Bullrich buscó marcar un contraste entre la manifestación de los sindicalistas y los ciudadanos que optaron por no adherir a la huelga.

Se mantuvo en contacto con Milei, con quien intercambió chats para evaluar el desarrollo del operativo de seguridad. Alrededor de las 17, Bullrich tenía previsto reunirse con el jefe del Estado en la residencia de Olivos para presentarle un informe. Milei repite por estas horas que enfrenta un paro “político”, ya que no considera que el DNU o la ley ómnibus afecten a los trabajadores. Sabe que los gremialistas gozan de poca legitimidad social y, por eso, pretende subrayar el contraste entre los “argentinos de bien” y los que defienden “privilegios”.

En la cúpula de la cartera de Bullrich desplegaron fuertes controles en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires y las autopistas o estaciones ferroviarias para lograr un efecto disuasivo y evitar que las columnas de militantes corten el tránsito en la avenida 9 de Julio para llegar al Congreso. “No van a pasar; el país está trabajando, no parando”, repitió Bullrich esta mañana en plena recorrida por Buenos Aires. Según la CGT, la protesta fue “masiva”: calculan que hubo más de 600 mil concurrentes en el acto central.

Minutos después de que concluyera el acto, Bullrich dejó trascender que considera que se “alcanzaron los logros en materia de orden y seguridad para todos”. En su cartera estiman que participaron unas 40 mil personas en la movilización.

El nuevo protocolo antipiquetes solo puede ser aplicado en los territorios que están bajo jurisdicción federal, por lo que el operativo estuvo a cargo de Waldo Wolff, su par porteño, y Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la Ciudad. Las fuerzas federales solo pueden entrar en acción si la Policía de la Ciudad se ve desbordada y hay un requerimiento formal de las autoridades porteñas a la Nación. Pero la movilización de la CGT, el peronismo y la izquierda transcurrió sin desbordes.

Wolff visitó esta mañana el centro de comando, donde Vicente Ventura Barreiro, número dos de Bullrich, supervisa el despliegue de efectivos en los accesos y los edificios públicos o vías de la Capital que están bajo jurisdicción federal. Luego, Wolff se trasladó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad en Chacarita.

La articulación para controlar la marcha de la CGT volvió a provocar desencuentros entre la Ciudad y la Nación. Es que Wolff y Kravetz tienen otra metodología para impedir piquetes y apuestan al diálogo con las organizaciones sindicales y de izquierda para “ordenar” la movilización. Argumentan que garantizaron la circulación en Hipólito Yrigoyen o Rivadavia y, por el volumen de la convocatoria, que decidieron cortar de forma momentánea todos los carriles de Avenida de Mayo para concentrar el ingreso de militantes por esa vía e impedir bloqueos en la 9 de Julio o el Metrobus. “El balance es positivo”, dicen en la Ciudad. Dada la masiva concurrencia, justifican, hubo arterias que estuvieron cortadas. En el gobierno porteño lo atribuyen a cuestiones “estratégicas”: dicen que buscaron orientar e impedir complicaciones en otros puntos de la Capital.

Fuera de micrófono, colaboradores de Bullrich despotrican contra la Ciudad: los acusan de tener una actitud concesiva o “tibia” frente a los manifestantes. “Se borraron. No se ve la policía porteña en la calle; está toda la ciudad liberada, menos en Avenida de Mayo donde iban a estar ellos. Siempre tienen una excusa”, se quejaron esta mañana. En el gobierno de Jorge Macri dan una versión contrapuesta. Repiten que el accionar entre la Nación y la Ciudad estuvo coordinado y sostienen que asignaron 1440 efectivos al operativo. En la cúspide de la Ciudad celebran que la jornada transcurre sin incidentes o desbordes. En la intimidad hay funcionarios porteños que no ocultan su malestar con Bullrich: consideran que su actitud “intransigente” y “provocativa” es contraproducente e irrita a los manifestantes.

De hecho, Bullrich dispuso un bloqueo con gendarmes y efectivos de la Federal en el Puente Pueyrredón que provocó un airado rechazo de Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, quien reclamó que la Justicia que le “ordenen a las fuerzas de seguridad que garanticen los derechos de libertad de reunión, manifestación, protesta y libre asociación” a unos tres mil manifestantes de la UOCRA que pretendían ingresar a la Ciudad. “Quisieron pasar caminando y no los dejamos. Que vayan en tren o en colectivo”, aseguran cerca de Bullrich.

Pese a los reclamos de dirigentes políticos, sociales y sindicales, que la acusan de violentar el derecho constitucional de protesta y promover un accionar de las fuerzas al borde de la ilegalidad, la ministra de Seguridad ordenó extremar los controles en las zonas de jurisdicción federal, ya sea accesos, autopistas o edificios públicos, como el Congreso y la Plaza de Mayo. Es que, en un clima social tenso por el paquete de ajuste que anunció el Gobierno para reducir el gasto público frente a la crisis inflacionaria, Bullrich lidia con el desafío de exhibir resultados de la nueva doctrina frente a las protestas.

En el inicio de la jornada, como había ocurrido en las protestas de la izquierda y movimientos sociales de fines de diciembre, efectivos de la Gendarmería demoraron y revisaron colectivos en la Panamericana. En esos controles buscaron detectar si los vehículos están habilitados para trasladar pasajeros.

En la cartera de Seguridad afirman que recibieron más de 50 mil denuncias anónimas en la línea telefónica 134, donde los trabajadores pueden avisar si son obligados a participar de las marchas. “Vamos a judicializar las denuncias”, dicen allegados a Bullrich.

El nuevo protocolo antipiquetes prevé, entre otras medidas, las fuerzas federales podrán actuar para despejar un bloqueo a la circulación sin esperar una orden judicial y que se aplicarán fuertes sanciones a los manifestantes que impidan la circulación. Se establece, además, que las fuerzas emplearán armas no letales para despejar “la concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que incidiesen en la libre circulación de vehículos o estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro”. A su vez, a los involucrados en los piquetes -ya sean individuos, organizaciones sociales o gremios con personería- se les demandarán los costos de los operativos de seguridad por los cortes.

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